Perú: El hermano de Boluarte se fugó tras la orden de prisión preventiva

Desde Lima

Un nuevo escándalo de corrupción golpea al cuestionado gobierno de la presidenta Dina Boluarte. El hermano de la jefa de Estado, Nicanor Boluarte, es desde el martes un prófugo de la justicia. Un juez ordenó su prisión preventiva por tres años, el máximo posible para esta medida, en el marco de una investigación fiscal por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. 

La Fiscalía sindica a Nicanor Duarte de encabezar una organización ilegal –“los waykis (hermanos en quechua) en la sombra”- dedicada a nombrar funcionarios públicos a cambio de pagos y utilizar a esos funcionarios y recursos estatales para recolectar firmas para inscribir un partido político. Aunque no tiene un puesto en el aparato público, el hermano de la presidenta es señalado como un personaje con mucha influencia en el gobierno.

Hasta el cierre de esta nota, Dina Boluarte no se había pronunciado sobre la orden de prisión preventiva y fuga de su hermano. En ocasiones anteriores lo ha defendido públicamente de las acusaciones por corrupción en su contra. El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, señaló que la policía cumplirá la orden judicial de buscar y capturar al hermano de la presidenta, algo sobre lo cual existen serias dudas. El ministro Santiváñez está seriamente cuestionado por operar desde su cargo, con el poder que tiene sobre la policía, para obstruir las investigaciones por corrupción a la presidenta y a su hermano.

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, calificó la decisión judicial de ordenar la prisión preventiva del hermano de la presidenta de “politizada”, pero sin apoyar esa afirmación con argumentos. Justificó la decisión de Nicanor Boluarte de escapar de la justicia: “lo están perjudicando en su libertad, que es un derecho fundamental, él tomará la decisión adecuada, es una decisión personal”. El congresista de izquierda Roberto Sánchez, ministro en el gobierno de Pedro Castillo, en el que compartió en el gabinete ministerial con la actual presidenta Dina Boluarte, señaló que “es lamentable cómo se evade a la justicia, es clarísimo que Nicanor Boluarte tiene protección del gobierno”.

Último contacto: el domingo

El hermano de la presidenta había estado asistiendo a las audiencias judiciales de prisión preventiva asegurando que estaba a disposición de las autoridades, que no se fugaría, pero desapareció después que el inicio de la lectura de la resolución judicial, que comenzó el domingo y se prolongó hasta el martes, ya daba pistas de una decisión favorable a la prisión preventiva. La última vez que se le vio fue el domingo cuando se conectó virtualmente a la audiencia judicial desde un automóvil.

Para ordenar la prisión preventiva, el juez Richard Concepción Carhuancho consideró que la Fiscalía había presentado evidencias que podrían llevar a una condena por los cargos imputados, que se habían dado acciones para obstruir las investigaciones y que existía un peligro de fuga. Peligro que se concretó. Junto con Nicanor Boluarte también se ordenó la prisión preventiva de otras tres personas, quienes también están prófugas. El juez indicó que si los procesados están en libertad se pondría “en serio riesgo” el proceso. Los cuatro acusados apelaron la decisión judicial.

En mayo pasado, el hermano de la presidenta y otros procesados en este caso fueron detenidos preliminarmente por quince días, tiempo en el cual la Fiscalía pensaba presentar un pedido de prisión preventiva por tres años y quería evitar una fuga mientras ese pedido se resolvía, pero los procesados fueron liberados por un tribunal superior y el pedido fiscal de prisión preventiva se pospuso. Recién se resolvió el martes, pero con los procesados en libertad, lo que posibilitó la fuga que la Fiscalía temía. La apelación a la prisión preventiva de Nicanor Boluarte y los otros procesados será vista por el mismo tribunal que antes falló a su favor.

Enredándose en malabares verbales para intentar justificar legalmente una acción abiertamente ilegal, el abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, señaló que la fuga de su cliente era “un derecho a defender su libertad”. En su confusa argumentación, indicó que existe “el derecho a sustraerse, a no someterse” a una decisión judicial si el afectado la considera “arbitraria”, “injusta”, “con tinte político”. En un absurdo juego de palabras, el abogado rechazó que su defendido estuviera prófugo, dijo que estaba “no habido”. En su intento de tumbarse la prisión preventiva, la defensa de Nicanor Boluarte cuestiona la imparcialidad del juez. La fuga del hermano de la presidenta confirma el argumento de peligro procesal -por obstrucción al proceso o fuga- que sostiene la resolución de prisión preventiva, pero su defensa confía que el tribunal que ya lo favoreció vuelva a dictaminar a su favor en la apelación.

Los Rolex

Este nuevo escándalo de corrupción cae sobre un gobierno muy descreditado, debilitado. Un reciente sondeo de la encuestadora Datum le da a Boluarte una aprobación de apenas tres por ciento, un mínimo histórico sin precedentes. La situación del gobierno se agrava porque las acusaciones de corrupción contra el círculo íntimo de Boluarte no se limitan a su hermano prófugo, también alcanzan a la presidenta. La Fiscalía la ha acusado por enriquecimiento ilícito por el escándalo de sus lujosos relojes Rolex y costosas joyas y por un desbalance patrimonial. También la ha acusado por obstruir las investigaciones a ella y a su hermano -el gobierno desactivó el equipo policial que apoyaba a la Fiscalía en esas investigaciones-, y por la muerte de 49 personas durante las protestas en contra de su gobierno.

A diferencia de su hermano, la presidenta no puede ser procesada judicialmente por la inmunidad de su cargo. La coalición parlamentaria de derecha y extrema derecha con la que gobierna –el Congreso también tiene un rechazo ciudadano que supera el 90 por ciento- ha bloqueado el avance de esos procesos por corrupción y violaciones a los derechos humanos.