El abogado David Leiva pidió el apartamiento del juez de Garantías Raúl López de la causa en la que están acusados por supuestas interferencias en un trámite judicial el juez Alejandro Parisi, el ex intendente Carlos Alfredo "Conejo" Martínez y el también abogado Roberto Ortega Serrano. 

Leiva defiende a Ortega Serrano y en ese ejercicio recusó al juez López y además pidió que el Ministerio Público Fiscal investigue a este magistrado por los delitos de "prevaricato y violación de los deberes del funcionario público o abuso de autoridad".

Leiva, un reconocido abogado que insta la investigación de los crímenes de la represión estatal ilegal en Salta, presentó un pronto despacho pidiendo al juez López que resuelva un recurso de reposición planteado en su momento en contra de la decisión de este magistrado, del 29 de octubre, de mantener en prisión preventiva efectiva a su defendido. En esta situación también está el juez Parisi. 

En este pronto despacho Leiva cuestionó la política criminal que está aplicando la provincia en el departamento Orán, y la vinculó con el punitivismo que encarna la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. 

"El Derecho Penal del Enemigo considera que hay ciertos individuos a quienes, por su persistente peligrosidad, hay que aplicarles un régimen jurídico de carácter excepcional". En ese marco se impulsan reformas tendientes a un endurecimiento de la legislación penal y en el ámbito procesal se expresa en "una restricción mucho más intensa de sus garantías constitucionales". Este derecho penal del enemigo apunt en el mundo al terrorismo o a los actos perpetrados por narcotraficantes y sus organizaciones y se funda "en el estado de necesidad de proteger a las sociedades", explicó Leiva. 

El abogado sostuvo que en la causa por entopercimiento y en la que se investiga un supuesto cohecho, en la que también están acusados el empleado judicial Maximiliano Correa y Martínez, "se está aplicando esta política criminal". 

Señaló como antecedente de estas acciones judiciales la visita de la ministra Patricia Bullrich en junio último a la frontera de Orán con el Estado Plurinacional de Bolivia, cuando declinó reunirse con el todavía intendente de Aguas Blancas, "Conejo" Martínez, porque estaba siendo investigado en relación al homicidio por sicarios de su hermano, César "Oreja" Martínez. En esa misma ocasión la directora nacional de Vigilancia, Control de Fronteras, Hidrovías y Centro de Monitoreo de la Nación, Virginia Cornejo, consideró públicamente que era necesario que la administración de justicia tomara una determinación sobre las causas contra el intendente.

"Se ha señalado como enemigo publico al ex intendente Martínez por haber tenido una condena por tráfico de estupefaciente en el año 2013, una causa por lavado de activos (federal) en la Provincia de Santiago del Estero y por estar sospechado de ser 'partícipe' o 'instigador' del homicidio de su hermano el 'Oreja' Martínez", sostuvo Leiva.  Añadió que, sin embargo, el ex intendente "nunca fue imputado por este delito ya con más de una año de antigüedad de investigación", aunque el Ministerio Público Fiscal mencionó esa sospecha como fundamento para pedir que fuera detenido y se lo mantuviera en prisión preventiva. 

Se sigue "aplicando el derecho penal de autor, sin importar si se cometió el acto del que está 'sospechado'" el ex intendente, afirmó. En la conversación con este dirio se preguntó: "¿Cómo se va a defender alguien que no está imputado?".

En el pronto despacho aseguró que al juez Parisi, "hoy detenido a pesar de ser juez", a Ortega y a 'Conejo' Martínez, "en esta causa se los ha detenido contrariando" legislación nacional y provincial y el Pacto de San Jose de Costa Rica, "de raigambre constitucional provincial y nacional". 

Parisi y Ortega Serrano fueron detenidos inicialmente el 22 de octubre de 2024 y luego se les concedió el arresto domiciliario, pero el 29 de octubre se los volvió a detener y quedaron alojados en dependencias policiales, ahora en relación a una causa por cohecho.

"Hacía falta un escándalo"

David Leiva aseguró que el juez Raúl López dispuso la detención y la prisión preventiva de su defendido, y de Parisi y Martínez, "contrariando la ley" y que esto se hizo "a los fines de lograr la intervención de la Municipalidad de Aguas Blancas" violando el Pacto de San José de Costa Rica y leyes del país y la provincia. 

"Hacía falta el escándalo público y jurídico, para que la Legislatura salteña, aleccionada por la ministro de Seguridad de La Nación, Patricia Bullrich, en un trámite express, de dos días, quebrara la regla de la democracia interviniendo el municipio de Aguas Blancas con argumentos no comprobados y quebrando el tratamiento igualitario con otros intendentes de los Municipios Salteños, como el de Pichanal", Julio Jalit,  que "se encuentra requerido de juicio por delitos de corrupción y sin fijación de audiencia de debate desde hace ya largo tiempo", aseguró el abogado. 

Lo de que Bullrich aleccionó a la Legislatura salteña es por la nota que envió la ministra a ambas Cámaras cuando trataba la intervención a Aguas Blancas. "Es intolerable que en el sistema federal la ministra (de la Nación) le mande una nota a los diputados de Salta", ratificó Leiva ante Salta/12. "Me parece grave que hayan quebrado una regla de la democracia", insistió. 

En el pronto despacho dijo que "había que darles el tratamiento de enemigo penal a los imputados en esta causa", "creando legislaciones procesales diferentes para los ciudadanos según el delito imputado". 

Exposición pública 

Leiva también cuestionó la exposición pública que se hizo de estas personas acusadas en el momento de la detención. "Se los detuvo, se los esposó, se los rodeó con personal policial con armas largas, se los expuso trasladándolos desde el Juzgado a la fiscalía en estas condiciones", recordó. 

A Martínez incluso se le colocó chaleco antibalas, señaló. "Se los rodeó de policías enmascarados, y a todos se los trasladó en las cajas de las camionetas policiales y se los paseó por la ciudad de Orán para 'escrachar' al enemigo público ya definido, dándoles un tratamiento inhumano y degradante" contrarios a la Constitución Provincial y al Pacto de San José de Costa Rica, sostuvo. 

Agregó que "este trato denigrante" para Ortega y los otros acusados en este causa "siguió con las publicaciones de la pagina oficial del Ministerio Publico Fiscal y el facebook personal del Procurador Dr. Pedro Oscar García Castiella". 

Por todo esto recusó "con causa" al juez López "por cuanto éste le da a mi instituyente el tratamiento de enemigo público al que se le deben suprimir derechos y ha quebrado la presunción de inocencia de que gozan los ciudadanos". Leiva solicitó que se cite a una lista de abogados como testigos para "ser interrogados sobre el trato cruel inhumano y degradante dados a los imputados".

También solicitó: "se dé vista al Ministerio Publico Fiscal a fin de que se investigue si el Dr. Raúl López a cometido delitos de prevaricato y violación de los deberes del funcionario publico o abuso de autoridad".

"El juez de garantías es el que pone la igualdad de armas", señaló ante este diario. Aclaró que no se opone a que el abogado que defiende vaya a juicio, siempre que "con igualdad de trato".