El Subcomité para la Prevención contra la Tortura de Naciones Unidas, recibió la última semana un nuevo informe realizado por la Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho que dirige Enrique Font. En el mismo se advierte que Santa Fe demora en la implementación de un mecanismo que detecte los malos tratos y un sistema que los sancione."En Santa Fe hay una negación de la tortura: ni en el gobierno provincial ni en el municipal hay estructuras encargadas de detectarla"."Si Santa Fe-agrega- tuviese voluntad política de implementar este tipo de mecanismos, podríamos evitar casos atroces, como el que detectamos el último año en el IRAR, donde los propios pibes nos contaron que eran esposados con sus manos en la espalda, boca abajo, y se les colocaban libros encima. Así los guardias caminaban sobre sus cuerpos y los golpeaban sin dejar marcas visibles, que solo podrían ser detectadas con estudios más complejos que una simple revisión médica", reveló Font a Rosario/12. "O el caso de María de los Angeles Paris, muerta dentro de la comisaría 10º, o el de Franco Casco", agregó como ejemplos.  

"Estos delitos de violaciones a derechos humanos, sobre todo torturas y malos tratos, ocurren en lugares poco visibles y conocidos sobre víctimas que ya están vulnerables, que son los sectores criminalizados que además o bien pueden estar encerrados o bien podrían volver a caer presos en cualquier momento", lo que dificulta en si mismo su denuncia y detección, si es que no hay una mecanismo preciso con entrevistas y revisiones de médicos independientes y capacitados" dice Font.

En rigor Chaco, Río Negro, Mendoza, Salta, Corrientes y Misiones ya implementaron este mecanismo. En Santa Fe en cinco oportunidades se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de creación de Mecanismo Provincial. En tres oportunidades los proyectos fueron sancionados en Diputados pero perdieron estado parlamentario al no ser siquiera tratados en la Cámara de Senadores. Sin embargo todos estos proyectos no se ajustan a los principios establecidos por el OPACT (Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes), en lo referido al principio de independencia funcional y financiera, recursos económicos y humanos adecuados, infraestructura, dedicación y remuneración de sus integrantes, facultades, entre otros. Organizaciones de la sociedad civil, las Universidades Nacionales de Rosario y del Litoral y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal solicitaron sin éxito, en diversas oportunidades, a la diputada oficialista autora de dichos proyectos, Alicia Gutiérrez, su modificación. Sin embargo, este mismo mes, Diputados volvió a sancionar un proyecto similar que no se ajusta plenamente al OPCAT y sin la convocatoria previa a sociedad civil.

El proyecto integra el Mecanismo provincial con mayoría de miembros del Poder Ejecutivo y de la Defensoría del Pueblo, ocupada hoy por el ex ministro de Seguridad Raúl Lamberto.

"La tortura es un delito que comete el que debería controlarlo, que es el Estado, pero para controlarlo y sancionarlo hay que detectarlo".

De paso Font cargó muy duro contra una dependencia oficial. "Es vergonzoso que la Secretaría de Derechos Humanos provincial registre solo unos pocos casos de torturas y malos tratos, cuando en la realidad se cuentan por cientos. Es muy doloroso ver que forme parte del aparato de negación de la tortura".

En este sentido la embajadora de la Unión Europea en la Argentina, Aude Maio‑Coliche, lanzó la última semana el proyecto "Lucha contra la tortura y los malos tratos en la Argentina, que promoviendo políticas de prevención, rendición de cuentas y rehabilitación de víctimas" junto a organizaciones de la sociedad civil, entre las que va a participar el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Facultad de Derecho, representada por Enrique Font. "En las últimas décadas se incrementaron las muertes de personas detenidas en las cárceles y persisten la tortura y los maltratos. Esto ocurre en simultáneo con el aumento de la población carcelaria, la sobrepoblación y el hacinamiento. La situación puede proyectarse a hospitales psiquiátricos y comisarías en los que se sostienen estos hechos de violencia institucional" remarcó el crimonólogo. El proyecto de 30 meses de duración es la profundización de uno anterior "Violencia institucional: hacia la implementación de políticas de prevención en la Argentina", en el que también trabajó esta Cátedra.