Durante cinco horas tres fiscales federales rosarinos imputaron al juez federal Marcelo Bailaque por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato en tres causas. Una es por el manejo de fondos de la cooperativa portuaria que lideró durante décadas Herme Juárez, otro expediente es por las demoras en una causa contra el jefe narco Esteban Lindor Alvarado, cuyo contador era compartido por el propio magistrado, y un tercer hecho fue un legajo contra un empresario que fue denunciado de manera anónima y terminó perjudicado, con la probable connivencia con personal de la ex Afip y Aduana. La audiencia fue presidida por el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz, que al final de la jornada fue recusado por uno de los abogados del extitular de AFIP Carlos Vaudagna, otro de los imputados. Plantearon esa medida con el argumento de que Rodrígues Da Cruz había participado en el juicio por lavado contra Alvarado y su expareja Rosa Capuano. Hoy se decidirá qué sucede con la recusación y se reanudará la audiencia.
Uno de los fiscales fue Federico Reynares Solari quien reseñó que Bailaque en ejercicio de sus funciones, autorizó la liberación de fondos de la Cooperativa intervenida que se encontraban judicialmente inmovilizados, los cuales fueron girados a una entidad financiera perteneciente a su amigo Fernando Wphei, situación que desconoció en un principio y que, luego de la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal, reconoció como cierta.
A partir de la recusación planteada por los querellantes que era los estibadores, se regularizó una situación a todas luces antijurídica y se le recordó al Juez su parcialidad en el caso en función de su amistad con el titular de la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales que, tras el desbloqueo judicial, pasó a administrar el cuantioso caudal de dinero liberado. Sin embargo y a pesar de todo, el magistrado soslayó sus vínculos con el empresario favorecido por sus disposiciones funcionales, lo cual solo reconoció un año y medio más tarde, cuando la operación financiera había concluido por orden de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Como consecuencia de ello, las entidades del reconocido amigo del Juez dispusieron de los fondos al menos desde diciembre del año 2020 hasta Octubre del año 2021 y por un importe que rondaría- de acuerdo a lo sostenido por la querella- los $1.000.000.000 ,para esa fecha aproximadamente 6 millones de dólares.
Si bien Bailaque fue el Juez del caso durante todo el período detallado en que se incorporó una modalidad de administración financiera riesgosa -y novedosa en el caso-, nunca se excusó como Magistrado ni admitió la recusación articulada al efecto por la Querella, pese a haber tomado conocimiento con precisión que su amigo Fernando Wphei era favorecido por sus decisiones judiciales sobre la intervención judicial de la Cooperativa. “En la investigación pudimos comprobar que Bailaque viajó a Chile en abril de este año con Whpei. Claramente es amigo hasta el día de hoy" expresó el fiscal Reynares en la audiencia.
A su turno también expusieron los fiscales Juan Argibay Molina (Procelac) y Matías Scilabra (Procunar). El trio fiscal pidió las llamadas que hizo Bailaque en el período 2014-2018 y el levantamiento del secreto fiscal del magistrado para verificar si en ese tiempo algunas de sus declaraciones juradas presentadas ante el Consejo de la Magistratura tienen la firma del contador Gabriel Mizzau, por la posible conexión entre el juez y las demoras en la instrucción de la causa contra Alvarado de 2013.
Cabe recordar que Mizzau, fue imputado junto con el contador Eduardo Semino por haber prestado “asesoramiento” al llevar adelante los balances del tejido societario que usó el narco Alvarado desde 2014 en adelante. Los fiscales afirmaron que Mizzau, por ejemplo, siguió manteniendo comunicaciones hasta septiembre de este año con Rosa Natalí Capuano, ex esposa de Alvarado, condenada por lavado, justamente por la actividad de las firmas a las que se le llevaron los números.
El tercer expediente es investigado por el fiscal de Procelac Juan Argibay Molina, quien sospecha que Carlos Vaudagna, ex director de AFIP, actuó en una red de funcionarios públicos, donde estaba Bailaque, para intervenir en situaciones de favorecimientos a fuertes contribuyentes que se encontraban en problemas penales. Y también en sintonía con funcionarios de Aduana.
Las sospechas apuntan a una causa abierta contra el financista Claudio Iglesias con el objetivo de perjudicarlo en su carrera dentro de la compañía de seguros San Cristóbal. “Hay intercambios entre Vaudagna y Bailaque el día de los allanamientos", planteó el fiscal Argibay Molina.
