Cuarenta y cuatro son las víctimas directas; quedan ínfimas esperanzas de encontrarlas con vida. Hablamos de personas del común, que ejercían una actividad infrecuente: tripulaban el submarino ARA San Juan. Las voces, las fotos caseras, las imágenes de Facebook ayudan a reconstruir algo usual. A cada ser humano suele rodearlo un conjunto de afectos o vínculos: parejas, hijos, padres, familiares cercanos, amistades, compañeros de trabajo muy queridos… 

Cada quién medirá cuánto padece y, por cierto, los lazos más cercanos suelen ser más fuertes y poseen reconocimiento legal. En cualquier tragedia masiva la cifra de víctimas se multiplica. Los deudos lo son, los amigos que perdieron fragmentos de su existencia también.

La solidaridad de los célebres 33 mineros chilenos comprueba una semejanza tal vez no subrayada: se está buscando a gentes de trabajo, que estaban cumpliendo su labor. Una actividad vocacional, que suele transmitirse familiarmente según comentan las semblanzas de quienes los conocen mucho. 

Trabajadores del estado, esa estirpe denostada cotidianamente por quienes los homologan en block a la recepcionista de mesa de entradas encarnada por Antonio Gasalla. La caricatura se difundió durante décadas, el costumbrismo es una de las claves de su éxito. Esos personajes existen, tanto como los docentes, los profesionales de la salud, los trabajadores sociales, los científicos, los bomberos, tantos otros colectivos necesarios y laboriosos, compuestos por gentes dignas. Los ajustes Excel, solo basados en planillas de gastos, comandados por consultoras que todo ignoran acerca de qué funciones cumple cada empleado o empleada… y acerca de cómo lo hacen.

El Estado los emplea, debe garantizarles condiciones adecuadas para desempeñarse, las de seguridad entre las primordiales. En momentos de incertidumbre y sufrimiento (los actuales) procurarles contención psicológica, asesoramiento. Mantenerlos informados, a la par del conjunto de la ciudadanía o con antelación y en condiciones que los preserven. Si se produjeron daños graves o pérdidas irreparables, hacerse cargo de sus responsabilidades administrativas, políticas… eventualmente las penales o económicas.

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Los derechos de las víctimas: Las víctimas son titulares de derechos, potenciados por su condición de tales. Exigir respeto y data, interpelar a las autoridades. Como consecuencia de otras tragedias, empezando por el terrorismo del estado, están investidas de una autoridad enraizada en la historia que nadie desea llegar a tener. Pueden clamar, elevar la voz, transgredir las reglas de estilo del diálogo democrático cotidiano. El dolor las legitima, no para gobernar, legislar o representar a otros, sí para reclamar justicia. 

Sus primeros reproches aluden al modo en que se los trató, a cómo se informó la tragedia. Las características del hecho tornan prematuro discutir sobre responsabilidades de fondo, distribución de culpas (si las hubiera). La precaución recae sobre medios, periodistas, dirigentes políticos, peritos de toda laya que pululan por doquier… Culpabilizar, criminalizar, mezclar hipótesis no corroboradas con enlazamiento de responsabilidades virtuales, construcciones aviesas de asociaciones ilícitas entre funcionarios constituyen pésimas costumbres de la política cotidiana. En el trance actual, amén de infundadas y especulativas, pueden ser irrespetuosas, mezquinas, ruines.

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Comunicar en la crisis: Existen estudios, protocolos, textos rigurosos acerca de la comunicación pública durante las crisis. El primer requisito es no mentir ni manipular: los familiares le reprochan al Gobierno haberlo hecho, ocultando información o demorándola durante días que pesan como años. Todavía no hay certezas al respecto, serían más sencillas de obtener que el paradero del submarino. Subrayamos el potencial, considerando los antecedentes del oficialismo.

El Estado carga con las tareas, el Gobierno (que no es lo mismo) las ejercita. El vocero de la Armada, Enrique Balbi, es capacitado y se desempeñó conforme reglas clásicas. Los informes a hora precisa, anticipada, un modo didáctico y amable a la vez, paciencia para atender a las preguntas que a veces son demasiado parecidas a gritos. Con minucia podría señalársele una leve tendencia a recaer en jerga técnica, inaccesible a profanos (un largo 99,99 por ciento de los ciudadanos lo somos) o el modo castrense para designar las horas del día (“las 08.00”) pero el hombre se apañó para transmitir en un contexto que se hacía desesperante minuto a minuto. La emoción lo pudo al momento de los primeros anuncios terribles, sería sádico recriminarle algo.

Existe un problema insalvable en ese tipo de comunicación; los manuales lo subrayan, la experiencia de quienes atravesaron contingencias similares también. No hay modo de transmitir “bien” lo trágico, lo fatal, lo irreversible. La magnitud de los hechos supera las técnicas que no dan sosiego a los sentimientos de la sociedad y los de las víctimas.

La otra faceta de la comunicación alude al posicionamiento del Gobierno, comenzando por el presidente Mauricio Macri y continuando, a enorme distancia, por el ministro de Defensa, Oscar Aguad. La intención oficial fue, primero, concentrar toda la atención en la Armada y, cuando ese objetivo se tornó imposible, preservar a Macri y a Aguad. 

El descabezamiento de los mandos de la Marina lanzado como “versión” desde la Casa Rosada es una primera movida. Forma parte de las incumbencias del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Macri ejerce las facultades constitucionales.

Cubrir a Aguad, da la impresión, será más arduo. Se le impuso silencio absoluto, recaudo sensato considerando su talante hosco y la flaqueza de su oratoria. La contracara es, casi siempre, que el silencio es mal tolerado por la opinión pública y las víctimas. Ni una palabra, ni un gesto. Poca transmisión a la que Macri no cubrió con pocos minutos de discurso sin empatía ni calidez.

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Cuestiones de Estado: La tragedia reescribe argumentos sobre el rol del estado. Resucitan metáforas apolilladas que usaba Mariano Grondona hace 50 años o hace 30: el estado adiposo versus otro fibroso, “atlético” para la pobre prosa de un columnista-estrella de Clarín.

La política de Defensa y la función de las Fuerzas Armadas (FFAA) forman parte del debate revivido. Un editorial de “La Nación” y una columna del periodista Jorge Lanata (ambos de ayer) concuerdan, más allá de notorias diferencias de estilo, en exigir la recuperación de las FFAA, dotarlas de un presupuesto generoso, repudiando a todo lo hecho en ese frente desde 1983. No son las únicas voces que se elevan: ven en la tragedia una oportunidad. Paradójicamente para valerse de ella aventuran conclusiones, contrariando el pedido de Macri. El estrago, infieren, derivó de obsolescencia del material, mal mantenimiento o ineptitud del personal embarcado. Sin esos antecedentes, su discurso quedaría sin disparador.

Las críticas sobre la carencia de recursos presupuestarios, la falta de equipamiento o de adiestramiento del personal son admisibles solo a condición de encuadrarlas en un contexto mayor. 

Se debe valorizar un avance formidable de la recuperación democrática: una política transversal de aquellas que se apodan “de Estado”. Se trata de apartar a las Fuerzas Armadas (FFAA) de toda forma de intervención en la seguridad interna. Sirvió solo en parte para restringir la violencia institucional (que persiste, dolorosamente) pero fue fundamental para terminar con las FFAA como factor de poder del sistema político. Un jugador poderoso, no (o anti) democrático, corporativo, protagónico (digamos por definición) en todos los golpes de estado. Aislar esa variable contribuyó la gobernabilidad durante 34 años imperfecta, desde ya, pero única en nuestra historia. 

Tamaño logro no admite retrocesos ni revisiones, así vengan envueltos en un lenguaje modernizador.

José Manuel Ugarte, abogado especialista en Defensa, sustenta bien la postura modernizadora en una columna publicada en “Clarín”. Es aconsejable por su claridad y porque no parece esconder la amenaza autoritaria propia de “La Nación”. Ugarte formula una advertencia ligada a lo que venimos planteando: el Gobierno macrista realiza una enorme inversión en equipamiento. Pero es material “redundante y útil mayoritariamente para tareas de naturaleza policial”. La renovación de las FFAA encubre bajo el poncho el afán de volcarlas a la represión interior, con modalidades diferentes a las del siglo pasado, peligrosas todomodo.

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Las mulas y los lavadores: Aguad actuó como amanuense del Multimedios Clarín en la cartera de Comunicaciones. Su objetivo central en Defensa es implementar una política general del oficialismo, el formato Cambiemos para “volver al mundo”. Es la subordinación a la política exterior de Estados Unidos, a las líneas maestras de algunas de sus agencias (la DEA, a la cabeza). Comprar la agenda del Comando Sur: guerra santa al narcotráfico y al terrorismo… tal y como los encuadran y simplifican la Casa Blanca y el Departamento de Estado.

Se comentó por ahí que Aguad es una figura clave para esa política. Se lo sobreestima, piensa este cronista: es una pieza fungible sin dotes restallantes.

El oficialismo viene instalando como un éxito la narrativa de la “lucha contra el narcotráfico”, se comenta que con anuencia de ciertos sectores de la población. Podrá ser pero el impacto de un relato no lo transforma en realidad. Los promocionados operativos en que se decomisan grandes cantidades de droga y la cacería de “mulas” (el ultimísimo eslabón de la cadena del delito) son vistosos e ineficaces. Encarcelar “mulas” agrega un beneficio colateral al macrismo que es estigmatizar a inmigrantes de países hermanos (algunos y algunas lo son) e instaurar deportaciones sin defensa previa violando leyes vigentes cuando no la Constitución.

En simultáneo, el blanqueo de capitales premió a evasores y lavadores: los dineros del narcotráfico precisan como el aire de reglas y franquicias que les permitan legalizarse. El oficialismo le tendió una mano, tan pródiga cuan incalculable, al primer eslabón de la cadena del delito. 

La DEA y el oficialismo argentino podrán argüir como les parezca pero la experiencia comparada alecciona contra el viraje deseado por el macrismo: implicar a las FFAA en la batida contra el narco fue un fracaso en México y Colombia. 

Adoptar la teoría perversa y paranoica del terrorismo como enemigo interno completa el combo. Traducida al criollo, se convierte en coartada para la represión de la protesta social, uno de los escollos a las políticas fundantes de Cambiemos.

El Gobierno se empeña en readecuar las FFAA para esas misiones, como secuela de su alineamiento automático y acrítico. Lo azuza la comparación de Brasil que no solo les saca ventaja en la reforma laboral– esclavista. También consigue más velozmente que las FFAA apunten para adentro: ya las han adiestrado en la represión interna. 

Funcionarios y agencias de seguridad tramitan con torpe violencia o imaginación alucinada la hipótesis de conflicto importada (impuesta) que detonó la represión que fue contexto y, seguramente, causa principal de la muerte de Santiago Maldonado (ver página cuatro).

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Enigmas y repeticiones: Se desconocen las causas del siniestro. La estadística enseña que los “accidentes” (entendidos como sinónimo de hechos fortuitos imprevisibles o inevitables) casi no existen. Prevalece el factor humano: las fallas, las negligencias, el dolo, la impericia entre otros etcéteras. Pero la estadística no explica a priori un hecho, que puede formar parte de las excepciones.

De nuevo: es saludable abstenerse de construir teorías con sus culpables como corolario.

Las circunstancias autorizan a temer que sea difícil esclarecerlo. La búsqueda del submarino es solo un primer paso. La intervención del Poder Judicial y eventuales comisiones investigadoras parlamentarias, el segundo.

Dramas de esta envergadura quedan en manos de magistradxs sin experiencia en la materia, tan específica. También les falta cintura y entrenamiento para hacer frente al asedio mediático y a las presiones políticas que saben ser tremendas. En contextos distintos, el cronista recuerda traspiés del juez de Dolores en el caso Cabezas, de varios que se sucedieron en Catamarca tras el asesinato de María Soledad Morales. Guido Otranto, el primer magistrado que se ocupó de la desaparición de Santiago Maldonado es una referencia cercana.

La jueza federal Marta Yáñez deberá sortear la marca férrea de operadores y funcionarios del gobierno, la crítica exprés de periodistas bien o mal intencionados. Es complicado, desde el vamos. Para colmo, Su Señoría arrancó mal. Abundó en declaraciones periodísticas verborrágicas, innecesarias, plagadas de hechos no probados, “dio títulos” a los medios pero no certezas. Explayarse frente a micrófonos y cámaras es una tentación narcisista y disfuncional: se suele pagar caro.

Volvamos al inicio. A los cuarenta y cuatro tripulantes los acompañan, quieren y ya lamentan centenares de personas del común, víctimas de la tragedia. Para todas ellas, la solidaridad imprescindible, aunque, ay, insuficiente.

Las responsabilidades de averiguar, esclarecer, reparar dentro de posible atañen a otros argentinos, más poderosos. Habrá que ver como cumplen.

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