El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció estar vivo, después de que la Policía Federal desveló que, a fines de 2022, un grupo de militares llegó a planificar su asesinato.

"Primero, agradecer porque estoy vivo" después de "ese intento de envenenarme", dijo el mandatario en un acto con empresarios y en la que fue su primera reacción pública a ese frustrado magnicidio, que según las autoridades también le apuntaba al vicepresidente, Geraldo Alckmin, y al juez Alexandre de Moraes, miembro de la Corte Suprema.

Lula enfatizó que su deseo, desde que decidió postular a la Presidencia en 2022, "era devolverle a Brasil la normalidad y la civilidad democrática", después del conflictivo período en que el país se sumergió durante el mandato de su antecesor y líder de la extrema derecha, Jair Bolsonaro.

"Yo no quiero envenenar a nadie ni perseguir a nadie. Quiero medir por números y datos quién hizo más escuelas, carreteras y obras en este país, pues eso es lo que vale de un Gobierno", dijo Lula, quien apuntó que eso se logra de "forma civilizada".

El plan para asesinar a Lula

Según las autoridades, el plan para el magnicidio fue tramado por cuatro militares y un agente de la Policía Federal a fines de 2022, después de que Lula derrotó en las urnas a Bolsonaro, quien debía entregar el poder el 1 de enero de 2023, pero no reconoció su derrota y viajó Estados Unidos dos días antes.

La intención, de acuerdo a las investigaciones, era asesinar a Lula y Alckmin, integrantes de la fórmula ganadora de las elecciones de octubre de 2022 y crear un "comité de crisis" integrado por militares, que mantendrían en el poder a Bolsonaro.

Los planes barajaban el envenenamiento entre las posibilidades e incluían al magistrado De Moraes, a quien la extrema derecha acusaba de haber manipulado el proceso desde su posición de presidente del Tribunal Superior Electoral.

La existencia de ese plan se agrega a diversas denuncias, que son investigadas por los tribunales, sobre otras maniobras para intentar impedir la investidura de Lula, en algunas de las cuales está directamente salpicado el propio Bolsonaro.

También se vincula a las investigaciones sobre el asalto a los tres poderes del Estado ocurrido en Brasilia el 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando millares de activistas de ultraderecha intentaron llevar a las Fuerzas Armadas a derrocar al Gobierno del líder progresista.