Río de Janeiro, la vidriera global de Brasil, se desangra por la crisis económica, el aumento de la violencia y también por una degradación de su clase política, reflejada en la detención por corrupción de los últimos tres ex gobernadores, apenas un año después de haber albergado los Juegos Olímpicos. Para completar el cuadro de este carnaval decadente, el ex presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos Río 2016, Carlos Nuzman, fue detenido acusado de haber pagado votos de países africanos en 2009 para la elección de la ciudad como sede olímpica con dinero desviado de contratos del gobierno estadual.
Este combo, al que se le agrega el récord de policías asesinados y de violencia criminal en las favelas y en los barrios tradicionales, está teñido del color verde oliva de las tropas del Ejército que ocupan la ciudad para colaborar con la seguridad pública, que generó conflictos legales porque la justicia común no tiene competencia para juzgar posibles abusos de los militares. La policía, los maestros y otros empleados públicos del estado sufren atrasos en el pago. El gobierno estadual el año pasado se declaró en bancarrota por una serie de factores, como la baja de la recaudación petrolera, en medio de la Operación Lava Jato, que detuvo grandes proyectos de la industria de hidrocarburos y refinerías sospechados de corrupción.
“Muchos gobernantes se relajaron esperando el milagro fiscal del ingreso por regalías del petróleo. Esto se convirtió en una desventaja, empujada por malas gestiones porque la estructura estatal de Río es muy pesada. El petróleo, el turismo y algo de industria mantienen al estado”, dijo el economista Fernando Pinho, de la Universidad Mackenzie.
La Operación Lava Jato se posó sobre el estado de Río de Janeiro de la mano del juez Marcelo Bretas, llamado “el Sérgio Moro carioca” por implementar la prisión preventiva y organizar operativos espectaculares contra políticos y empresarios. El primer caído fue el diputado Eduardo Cunha, mano derecha de Temer en el Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) que motorizó como presidente de la cámara baja el juicio político que destituyó a Dilma Rousseff.
El PMDB, que tiene en Río uno de sus principales bastiones de poder, quedó arrasado, pero aún mantiene las riendas mediante el gobernador Luiz Fernando Pezao, acusado de recibir sobornos. Su jefe, el ex gobernador Sergio Cabral (2006-2014) está detenido condenado a 45 años de prisión por cobrar sobornos millonarios de empresas contratistas que hasta le compraban joyas a su esposa, Adriana Anselmo, en una sentencia polémica dictada por el mediático juez Bretas.
En los últimos diez días fueron detenidos los ex gobernadores Anthony Garotinho (candidato presidencial en 2002) y su esposa Rosinha Matheus por comprar votos en la elección municipal de 2016 en el municipio y polo petrolero de Campos dos Goytacazes, bastión de la dupla del Partido de la República. El día anterior, el martes, tres diputados del PMDB de Temer, caciques de la política tradicional de Río, fueron eje e un papelón institucional: un tribunal de segunda instancia envió a prisión a Jorge Picciani –presidente de la Asamblea Legislativa de Río y padre del ministro de Deportes, Leandro Picciani–, y de sus antecesores Edson Albertassi y Paulo Melo.
Fueron liberados por la Asamblea Legislativa, pero se entregaron nuevamente porque el tribunal consideró que la libertad de estos políticos “atenta contra la paz social de la comunidad”, ya que durante tres décadas instalaron una red de sobornos, dice la acusación, alimentada por la llamada “mafia del transporte”. Picciani se entregó en la sede de la policía federal a bordo de un Porsche. “Río se transformó en una tierra sin ley”, dijo la fiscal general, Raquel Dodge, designada por Temer, al mediar entre la disputa entre poderes, tal cual se da a nivel nacional.
Los contratos fraudulentos con el Estado de Río alcanzaron también a empresas constructoras y proveedores e incluso rozaron al conductor televisivo Luciano Huck, sondeado como candidato presidencial, un aliado del senador Aecio Neves. El socio de Huck en la red de gimnasios más grande de Brasil, Claudio Accioly, fue llevado a declarar por la fuerza para que explique por qué el gobierno de Cabral lo benefició con la baja de impuestos.
Para el columnista Bernardo Mello Franco, del diario Folha de Sao Paulo, “muchos cariocas festejan las detenciones de políticos como el inicio de la salvación, pero estas simbolizan una tragedia. Hace poco más de un año que Río se enorgullecía por ser sede olímpica. Hoy la policía sufre la violencia fuera de control y el cierre de restaurantes populares y bibliotecas”. Declarado en bancarrota a mediados de 2016, dos meses antes de los Juegos, parte de los empleados públicos no cobraron el aguinaldo de ese año. El estado aceptó un pacto fiscal de auxilio del gobierno de Temer que lo obliga a privatizar empresas públicas, como ocurrió con la de saneamiento urbano CEDAE, donde hubo manifestaciones y represión, y el ministro de Economía, Henrique Meirelles, recomendó privatizar la Universidad Estadual de Río de Janeiro (UERJ).
El aumento de la violencia del delito, los tiroteos entre los grupos narcos de las favelas, el asesinato récord de policías y la intervención de las Fuerzas Armadas en las ciudades se suman a la crisis de identidad del segundo estado más rico del país, que fue capital del Imperio y de la República hasta 1960 y que ahora baila al ritmo de la canción compuesta por Baden Powell, “Samba Triste”. Según una encuesta de Datafolha, 7 de 10 habitantes de la ciudad de Río de Janeiro dejarían de vivir en la ciudad maravillosa por causa de la violencia. En el último año, incluso, la degradación económica se vio reflejada con la aparición en situación de calle de ex gerentes y universitarios que perdieron todo, arrastrados al ritmo de este samba triste.
