Por estos días, la Corte Penal Internacional (CPI) se enfrenta a una crisis sin precedentes. El fiscal en jefe, Karim Khan, se encuentra en el centro de la escena debido a la denuncia presentada por una de sus empleadas, quien aseguró que, entre abril de 2023 y abril de 2024, debió soportar "comportamiento sexual coercitivo" y "abuso de autoridad" por parte de su superior. 

Si el caso ya de por sí resulta escandaloso para una entidad que debería ser ejemplar en el respeto a los derechos laborales, las dudas evidenciadas por trabajadoras de la Corte sobre su capacidad para investigar las presuntas faltas de conducta de sus autoridades no hacen sino empeorar la imagen del conocido tribunal radicado en La Haya, en los Países Bajos.

Bajo el sustento del Estatuto de Roma, ratificado en la actualidad por 124 países, la Corte Penal Internacional comenzó a operar el 1° de julio de 2002 con la misión de juzgar a aquellas personas acusadas de cometer o de promover crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.

Aunque es considerado como un tribunal de justicia de carácter independiente y neutral, la CPI es acusada por actuar como un instrumento al servicio de las principales potencias occidentales, a fin de presionar política y legalmente a países del Sur Global o a gobiernos que han expresado sus diferencias frente a las potencias de la OTAN. De hecho, de los 14 procesamientos realizados hasta el momento, ninguno de ellos se centra en los Estados Unidos ni en la Unión Europea.

Las denuncias contra el fiscal no sólo resquebrajan la imagen pública de esta entidad sino que, además, evidencian los intereses ocultos que animan su desempeño en el plano internacional. Karim Khan fue formado como un profesional del derecho y, desde hace 30 años, es uno de los responsables de velar por las necesidades y los requerimientos del Reino Unido a nivel global.

De ascendencia pakistaní y de religión islámica, Khan asistió a prestigiosas entidades educativas como el King’s College de Londres y el Wolfson College, perteneciente a la Universidad de Oxford. Entre 1993 y 1996 fue titular del Servicio de Fiscalía de la Corona, convirtiéndose en fiscal superior de la Corona en 1995, un cargo que le permitió estrechar lazos con el establishment británico y proyectar su figura como jurista con impacto global.

Especializado en derechos humanos y en derecho penal internacional, Khan tuvo entre sus clientes a figuras controvertidas como Seif al Islam Gadafi, hijo del caudillo libio, así como también a Charles Taylor, el expresidente de Liberia acusado de crímenes de guerra. También defendió al entonces vicepresidente de Kenia, William Ruto, acusado de instigar a la violencia luego de las elecciones de 2007 que provocaron más de 1.200 muertes.

En 2020 el Reino Unido promocionó a Khan como nuevo fiscal de la CPI, con el visto bueno de EE.UU. e Israel, pese a que no son signatarios del Estatuto de Roma que dio origen a la Corte. El 12 de febrero de 2021 Khan fue elegido fiscal de la CPI por un período de nueve años, recibiendo los votos de 72 de los 123 Estados miembros. Pero el hecho de que gobiernos "amigos" como el de Kenia apoyaran su candidatura sembraron algunas dudas sobre el proceso de elección.

Una vez en sus funciones, el fiscal comenzó a devolver los favores de sus principales promotores, cancelando aquellas investigaciones judiciales que podían afectar sus intereses y objetivos. Así abandonó las pesquisas sobre los crímenes de guerra cometidos en Afganistán por fuerzas internacionales integradas, principalmente, por los Estados Unidos. 

De igual modo, Khan clausuró las indagaciones sobre la posesión por parte de la CIA de prisiones secretas en Polonia, Rumania y Lituania, donde se interrogaba y torturaba a prisioneros secuestrados bajo sospecha de pertenencia a Al Qaeda. Frente a los crecientes cuestionamientos políticos y periodísticos, afirmó que las investigaciones se eliminaban debido a los limitados medios financieros de la CPI…

A un año de iniciada la guerra en Ucrania, Karim Khan volvió a ser noticia cuando en marzo de 2023 ordenó la detención del presidente ruso, Vladimir Putin, al considerar que era responsable de crímenes de guerra bajo la denuncia por deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia. Como no integra el Estatuto de Roma, el tribunal no puede ejercer su jurisdicción en territorio ruso, aunque impide que el mandatario pueda desplazarse libremente a nivel internacional, lo que motivó su ausencia en la reciente cumbre presidencial del G20 en Río de Janeiro.

En todo caso, y con el pedido de detención del gobernante ruso, aprobado en menos de tres semanas, fue evidente el papel de la Corte en la geopolítica global y a favor de bloque occidental.

Una de las últimas iniciativas del fiscal tuvo lugar el pasado 20 de mayo, cuando inició el trámite del pedido de detención del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y de su exministro de Defensa, Yoav Gallant, junto con el arresto de los líderes de Hamas en Gaza, Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh y Mohammed Deif, posteriormente muertos por las fuerzas de seguridad israelíes.

El pedido de detención contra Netanyahu fue confirmado este jueves por la CPI, que rechazó por unanimidad los intentos de Israel de frenar el caso. La orden alcanzó una enorme repercusión política, con voces a favor, pero también de rechazo, frente a la que podría ser la primera demanda de este tipo hacia a un aliado de Occidente. 

Sin embargo, no son pocos los que acusan al fiscal de haber aprovechado la guerra en Gaza y el legítimo reclamo contra el gobierno de Israel para sus fines personales, administrando los tiempos de este proceso judicial para distraer a la opinión pública sobre la demanda de acoso sexual por la que ahora se encuentra bajo investigación.

Como lo expresara el propio Karim Khan, no habría dudas de que, lejos de cualquier pretensión de objetividad y neutralidad, la CPI busca sólo preservar a un grupo de gobiernos y que, fundamentalmente, "se creó para juzgar a líderes africanos y a dictadores como Putin".