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Patricia Bullrich quiere demostrar que está dispuesta a jugar en los bordes de la legalidad. Después de unos días con un perfil sosegado, la ministra de Seguridad promovió la creación de una unidad especial para impulsar el uso de los agentes encubiertos a lo largo y ancho del país. Según la ley, estos agentes solamente podrían ser empleados por pedido de un juez para investigaciones de delitos complejos. Sin embargo, expertos advierten que la disposición de Bullrich podría habilitar la infiltración en organizaciones sociales –que vienen siendo un blanco del gobierno desde diciembre del año pasado. La resolución tampoco contempla controles democráticos para evitar que las fuerzas terminen haciendo espionaje por razones políticas.
Bullrich firmó el jueves la resolución 1253, que ordena la conformación de la unidad especial de agentes encubiertos dentro del Ministerio de Seguridad. La cartera valora mucho el uso de esta modalidad de intervención policial ya que, dice, permitió incorporar elementos de prueba de valor “irrefutable” en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, no estima en cuántas causas se usó ni cómo.
La resolución para crear la unidad especial fue firmada el mismo día que se conoció que la Casación Federal confirmó la condena de Américo Balbuena, el integrante del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal que estuvo infiltrado en la agencia de noticias Rodolfo Walsh para monitorear a organizaciones sociales. A contramano de lo que dispuso el juez Daniel Rafecas en su sentencia del año pasado, el Congreso nunca se adentró a tratar de compatibilizar el carácter secreto del Cuerpo de Informaciones con las instituciones de la democracia.
Recuerdos del Macrismo
La resolución, en realidad, es una reglamentación de la ley 27.319, que se aprobó durante el gobierno de Mauricio Macri –cuando Bullrich también ocupaba la cartera de Seguridad. La normativa está centrada en la investigación, prevención y lucha de los delitos complejos.
En esa ley, se define al agente encubierto como “todo aquel funcionario de las fuerzas de seguridad autorizado, altamente calificado, que presta su consentimiento y ocultando su identidad, se infiltra o introduce en las organizaciones criminales o asociaciones delictivas, con el fin de identificar o detener los autores, participantes o encubridores, de impedir la consumación de un delito, o para reunir información y elementos de prueba necesarios para la investigación, con autorización judicial”.
La misma norma da cuenta de que el uso de los agentes encubiertos es problemático, ya que dice que se los puede convocar a declarar en un juicio sólo cuando es “absolutamente imprescindible” y que sus declaraciones –a contramano de lo que sugiere la nueva resolución de Bullrich– no pueden ser prueba dirimente. La ley también señala que lo que diga el agente encubierto también debe ser valorado con “especial cautela” por el tribunal y que ningún efectivo policial puede ser obligado a pasar a ser una especie de agente secreto.
La nueva unidad de agentes encubiertos
La resolución de Bullrich busca regular e impulsar esta práctica. La unidad de agentes encubiertos tiene varias atribuciones: identificar en todas las fuerzas de seguridad federales (Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal) agentes con alta calificación y aptitudes, conformar una base única de agentes encubiertos capacitados y designados ante el Poder Judicial, desarrollar y supervisar el curso de la especialidad, promover la utilización de la figura del agente encubierto en las investigaciones sobre delitos complejos y brindar asistencia profesional y personal.
En lo que respecta a la asistencia profesional, la unidad especial tiene que ayudar a los agentes en la infiltración. Para esto, lo tiene que asesorar en la generación de antecedentes, hojas de vida, historiales en redes sociales y todo lo que hace a la creación de una identidad ficticia para que un efectivo pueda pretender ser una persona que no es.
La unidad especial dependerá de la abogada Graciela Valeria Kowalewsky, que está en el Ministerio de Seguridad desde gestiones anteriores. Kowalewsky se ocupó de tareas vinculadas a la ley 27319, como el área de técnicas especiales de investigación y el registro de informantes. Según sus redes sociales, es docente en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad de Buenos Aires. Esa institución estuvo en el foco de atención el año pasado cuando se supo que tenía en su plantel a la jueza María Eugenia Capuchetti, la magistrada a cargo de investigar el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner.
En la huella de Villarruel, Laje y Márquez
Kowalewsky también tiene formación en el exterior. Hizo cursos sobre terrorismo en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William Perry. Según consigna en su libro El arca de Milei la periodista Valeria di Croce, esa institución supo albergar en sus aulas a algunos personajes gravitantes del ecosistema de La Libertad Avanza (LLA): la vicepresidenta Victoria Villarruel; el biógrafo de Milei, Nicolás Márquez y el politólogo Agustín Laje –uno de los ideólogos de la “batalla cultural” libertaria.
La unidad especial, a su vez, depende de la dirección nacional de normativa y relaciones con los poderes judiciales y los ministerios públicos, que está a cargo de Fernando Soto –un funcionario muy cercano a Bullrich y que fue el abogado del policía Luis Chocobar, que mató por la espalda a un pibe que asaltó a un turista en La Boca. Dos semanas atrás, Soto fue quien denunció a los gremios aeronáuticos.
El cuerpo especial de agentes encubiertos no va a depender directamente de la ministra sino de su jefe de gabinete, Carlos Manfroni –que también funge como uno de los enlaces de Bullrich con el Poder Judicial. De hecho, ambos integran la comisión encargada de la reforma del Código Penal.
La resolución no explica cómo la unidad especial se relacionará con el Poder Judicial y los Ministerios Públicos. Tampoco dice cómo se le suministrará la información que conseguirá el agente encubierto. Son muchos los baches que pueden favorecer arbitrariedades en una materia muy delicada.
Infiltrados sin control
“La resolución no dice quién va a controlar la producción de información falsa para garantizar la calidad de encubierto del agente. Si bien se reglamenta o instrumenta la ley 27319, lo que falta es el control –las auditorías internas o externas– para verificar que esto sea dentro de la ley y no termine violando derechos constitucionales”, advierte el abogado Claudio Pandolfi, profesor de Legislación en Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).
Una de las cuestiones que también llaman la atención es que la resolución afirma que la unidad no va a generar erogaciones –a tono con la narrativa de ajuste y motosierra que tanto le gusta escuchar al Presidente. La lógica indica que, si el ministerio va a salir a fomentar el uso de agentes encubiertos tanto físicos como digitales, armar una cobertura siempre es oneroso. A esto debe sumársele que hay mucha controversia con el uso de lo que podrían considerarse agentes provocadores. Uno de los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, tiene dicho en su Manual de Derecho Penal que los agentes policiales tienen la obligación de perseguir delitos, no de suscitarlos. El uso de estas figuras, según el camarista, va en desmedro ético del Estado.
