El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que la ampliación de la denuncia del procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, contra el juez de Garantías Francisco Oyarzú u Oyarzún, se basa en la "reiterada conducta" de "dar la libertad anticipadamente a imputados, basándose en una interpretación irrazonable de las normas procesales", que "utiliza para rechazar sistemáticamente los pedidos de prisión preventiva que le efectúan las Fiscalías Penales".
El procurador aportó ayer nuevos hechos a la denuncia y pedido de destitución que presentó inicialmente el 17 de octubre ante el Jurado de Enjuiciamiento. El procurador sostiene que este magistrado incurrió en acciones contrarias a las exigencias legales y constitucionales de su cargo, por lo que su conducta “lesiona el servicio de justicia y deslegitima su permanencia”.
En esta nueva presentación García Castiella reprochó que en la "peculiar" lectura que hace el juez Oyarzú de las normas procesales, la fiscalía debe presentar sus escritos hasta las 13 horas del día en que se vence el plazo para solicitar la prisión preventiva, y no aplica para la fiscalía la prórroga especial de las dos horas del día siguiente hábil, que el Código Procesal Penal establece en su artículo 217.
El Ministerio Público indicó que el procurador general identificó al menos once casos en los que Oyarzú actuó de esa manera. En cada uno de esos casos el Tribunal de Impugnación revisó las resoluciones del magistrado y le reprochó su interpretación, explicándole cómo debía computar los plazos. El procurador dijo que "esa inconducta la viene teniendo el juez en cuestión desde el año 2017" y, a pesar de que el Tribunal de Impugnación le reiteró varias veces que debía modificar su criterio porque era arbitrario y contrario a la ley, "Oyarzú continuó insistiendo en liberar detenidos sin prestar atención a los mandatos del tribunal superior ni explicar porqué razones no acataba esa jurisprudencia".
En la ampliación de denuncia García Castiella afirmó que se pudo constatar que las liberaciones anticipadas se ordenaron en causas por homicidios agravados, abusos sexuales, robos calificados, tráfico de estupefacientes y delitos en contexto de violencia de género, entre otros.
Pedido de proceso disciplinario
El procurador detalló que hace poco la Sala III del Tribunal de Impugnación anuló una resolución de Oyarzú y ordenó su apartamiento del caso por la “manifiesta desatención” de las decisiones de ese Tribunal y por los perjuicios que su postura provoca "en términos de seguridad jurídica y economía procesal". Además, este Tribunal mandó copias de las actuaciones a la Superintendencia de la Corte de Justicia de Salta para que se le inicie un proceso disciplinario.
García Castiella resaltó en su denuncia, que lo más grave es "el reiterado entorpecimiento del correcto devenir procesal por parte de este Juez, aferrándose a una interpretación jurídica que le fue tantas veces criticada" y que aseguró que su insistencia "sólo generó retrasos e incalculables perjuicios en el éxito de las investigaciones, además del riesgo que en cada caso implicó liberar anticipadamente a un acusado de cometer un delito, cuando su privación de libertad se justificaba por el peligro de que pueda atentar contra la víctima o testigos del hecho, o que pueda fugarse y evadir el accionar de la justicia".
El procurador resaltó la lesión que produjo el juez Oyarzú al sistema de justicia, dado que "con su obstinada posición, no hizo más que demorar y entorpecer el curso del proceso, poner en riesgo sus fines y generar un excesivo e innecesario aumento de la carga de trabajo, no sólo del Ministerio Público Fiscal que en cada caso se vio obligado a recurrir sus arbitrariedades o a tener que plantear nuevas medidas cautelares, sino también del Tribunal de Impugnación que tuvo que resolver las mismas controversias en reiteradas oportunidades".
