El fiscal general federal rosarino Fernando Arrigo fue tajante al ser consultado sobre la continuidad del magistrado Marcelo Bailaque quien, jueves y viernes fue sentado en el banquillo de los acusados, por tres causas distintas. "Si bien ese tipo de decisiones las toma el Consejo de la Magistratura, yo creo que Bailaque no puede seguir siendo juez", aseguró. Para Arrigo, pareciera que el juzgado federal número 4 podía comprarse. "La hipótesis tiene que ver con que su titular (Bailaque) tenía precio". Y apuntó rápidamente que parte este esclarecimiento tuvo con ver con el cambio de sistema acusatorio. "El nuevo sistema procesal nos permitirá tener certeza en un corto tiempo". El funcionario federal apuntó también al entramado delictivo que permitió que creciera en los últimos años la violencia en la ciudad. "En mi fuero íntimo, la lentitud de la Justicia Federal se relaciona con el aumento de la violencia en Rosario". "Yo no descartaría, y creo que va a ser así, que empiecen a aparecer denunciantes. Es mucho el tiempo en el que sucedió esto". Y reflexionó finalmente que esto "es la punta del iceberg, apenas una punta".
En diversas entrevistas radiales el fiscal Fernando Arrigo dijo respecto de Bailaque que empezaron a aparecer ciertos moduss operandi que se relacionan con otros. "Era llamativo que había ciertas líneas de conductas similares en las causas, creo que es la punta de un iceberg", aseguró. Y en esa linea Recordó el fiscal la declaración que hizo en la Justicia provincial el mecánico Carlos Argüelles, quien fue amigo de Alvarado y terminó imputado como miembro de la asociación ilícita manejada por este ladrón de autos devenido narco. Este testigo hizo una declaración anticipada ante los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery antes que lo mataran, donde dijo que había "un Alvarado pobre y uno rico".
"El pobre fue cuando se dedicaba al robo de autos y el rico cuando se dedicaba al narcotráfico, lo que coincide con la muerte de su madre. Su empresa original era el contrabando de cigarrillos y luego se dedicó al narcotráfico y desde ahí puede contabilizar, 2012 aproximadamente, que contaba 40 muertos", señaló. "Se volvió muy violento y llegó a unas 120 muertes y dijo que de eso tenía pruebas. La mecánica de Alvarado era hacer pelear bandas contra bandas para que caigan presos o se maten entre ellos e ir ocupando zonas, sumado con el manejo de dinero al ir avanzando" en su operatoria, contó el fiscal en relación con esa declaración.
En cuanto a Bailaque, Arrigo refirió que las tres maniobras que se plantearon en la acusación fueron diferentes, pero tenían ciertas similitudes. Entendió el funcionario judicial que sería “la punta de un iceberg” y agregó que de la apertura de los teléfonos del juez acusado se obtendrá más información. No descartó que empiecen a aparecer denunciantes: "Es mucho el tiempo en el que ocurrió esto".
A la pregunta de que si el juzgado federal tenía precio, el fiscal dijo que la hipótesis tiene que ver con que "su titular tenía precio". En esa línea de razonamiento aseguró que "Bailaque no debe seguir siendo juez y si se confirman las hipótesis que sea condenado".
Pero en rigor, hay que decir que Bailaque en todo esos años en los que creció la violencia narco en Rosario, no estuvo solo: aparece rodeado de operadores financieros hombres que ocupan cargos institucionales y hasta miembros superiores de la justicia federa rosarina, que votaron en consonancia con sus fallos. Recién hace un par de años la camarista de Casación Angela Ledesma , dio vuelta su fallo de otorgarle seis millones de dólares de la Cooperativa de Herme Juárez, a su amigo Fernando Wphei, que tenia una mutual, sin el control de las instituciones financieras.
Una de esa " amistades " era la del ex Director Regional de la Afip en Santa Fe y Rosaario Carlos Vaudagna. El funcionario reconoció haber llevado 250 mil dólares de Santa Fe a Reconquista para firmar el 4 de setiembre de 2020 en una escribanía de la ciudad del norte un contrato de depósito junto a Gastón Scarel, hijo de Omar, entonces síndico de Vicentin, la cerealera investigada por lavar millones de dólares.
Vaudagna consignó el depósito de los 250 mil dólares en la escribanía de Reconquista, esquivando todo los controles y resortes estatales para evitar ser descubierto en una maniobra de lavado de dinero, que es lo que se sospecha en su accionar. Un detalle que describe la brutal impunidad: el contrato de depósito entre Scarel (hijo) y Vaudagna se suscribe con “VS Servicios Inmobiliarios S.A”, representante de Remax en Reconquista que no tiene facultades de corretaje inmobiliario. Esta causa que se tramita en la justicia federal de Reconquista está en discusión en la Corte Nacional por un planteo de competencia con el MPA rosarino.
Pero como bien cita en su portal Zona crítica on line Héctor Galiano, hay un escándalo que está quedando en el segundo plano y alcanza a algunos fiscales de la Unidad de Delitos Económico del MPA en Rosario: Miguel Moreno, Sebastián Narvaja y Mariano Ríos. En el caso de Moreno, porque secuestró el teléfono de Vaudagna en 2020 cuando descubrió la escritura trucha del terreno y su maniobra ilegal. Sin embargo, fue Narvaja el que dos años después imputó a Vaudagna por la falsa escritura. Otro mojón inquietante: en el acta de la audiencia no figura el rol de Vaudagna como jerárquico de la Afip, tampoco en la escritura reprochada. Al final, el remedio fue el peor: todos los actores involucrados siguieron bajo proceso pero el hombre fuerte de Afip terminó con una probation, pagando un millón de pesos, otorgada por Marino Rios, que debió dejar su cargo hace algunos meses, luego que su automóvil quedara en manos del policía narco Juan Raffo, prófugo de la justicia.
Un proceso, de mínima, amañado que quedó afuera del radar de la hoy Fiscal General Cecilia Vranicich, entonces Auditora del sistema penal de enjuiciamiento. Ni ella, ni ningún referente de la política ha considerado necesario pedir explicaciones sobre por qué un teléfono de Vaudagna que ardía con información sensible recién fue remitido a la justicia federal dos años más tarde.