El día en que comenzó el velatorio de Santiago Maldonado, el joven hallado muerto en el río Chubut 78 días después de haber desaparecido tras una represión de Gendarmería a los mapuches en Chubut, un integrante de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu murió cerca de Bariloche. Fue baleado ayer por fuerzas de seguridad federales, dependientes del ministerio que conduce Patricia Bullrich, que lo perseguían en una zona de donde habían sido desalojados el jueves pasado. Ese día, varios miembros de esa comunidad huyeron del desalojo y la represión desatada en un predio lindero al Lago Mascardi. La víctima es Rafael Nahuel, de 27 años, quien falleció antes de llegar al Hospital Ramón Carrillo, de esa ciudad, adonde fueron trasladados también dos integrantes de esa comunidad, una mujer llamada Johana Colhuan y un hombre, ambos heridos con balas de plomo.

La muerte de Nahuel provocó la reacción de centenares de personas que se congregaron frente a las oficinas de Parques Nacionales, bajo cuya órbita se encuentra el predio que la comunidad reivindica como ancestral. Durante la protesta hubo algunos incidentes. También hubo manifestaciones en la catedral local, donde la policía montó un fuerte operativo. 

Otro punto de concentración fue el hospital. Allí se congregaron al menos 200 personas para aguardar alguna información sobre las víctimas, que hasta el cierre de esta edición no les fue dada.

Antes, durante y después del operativo en que murió Rafael Nahuel, en la periferia de la ciudad los retenes de las fuerzas de seguridad se intensificaron. Varios agentes cortaron la ruta 40 (llamada Juan Marcos Herman, en homenaje al único desaparecido en Bariloche durante la última dictadura) y dejaron incomunicados los accesos desde Bariloche hasta la zona del Parque Nahuel Huapi donde el jueves ocurrió la represión. Todo esto fue concretado a solo dos días de que, a través del decreto 950/2017, el Poder Ejecutivo promulgara la ley 26.160 que suspende por cuatro años los desalojos en tierras habitadas por comunidades originarias, hasta que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas concluya el relevamiento de territorios de esas comunidades.

Hace tres días, la Gendarmería, el grupo GEOF de la Policía Federal y el grupo Albatros de la Prefectura habían dado indicios de que la violencia aumentaría. Ese jueves, durante el desalojo detuvieron y precintaron a mujeres y niños que habían ocupado ese predio. Entonces, en el operativo estuvo presente el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad, Gonzalo Cané. Se trata del mismo funcionario que el gobierno nacional envió a intervenir en la investigación de la desaparición de Santiago Maldonado.

En medio de la represión, que incluyó disparos de balas de goma, una decena de los mapuches, en su mayoría hombres, huyó hacia el monte cercano para no ser atrapados. Desde entonces no se supo nada de ellos hasta que ayer a la tarde cuatro de ellos bajaron al lugar que habían tomado y volvió la arremetida de las fuerzas de seguridad federales. Desde la comunidad mapuche señalaron a Gendarmería como responsable del operativo que terminó con un muerto y dos heridos. Desde esa fuerza de seguridad negaron haber participado y dijeron que el procedimiento lo realizó el grupo Albatros. Lo mismo consignaron los medio locales.

Luis Pilquiman, responsable zonal de la Coordinadora del Parlamento Mapuche, ratificó que “cuando desalojaron había solo mujeres y niños, porque el resto subió para el monte. Durante estos días se los anduvo persiguiendo. Y les metieron balas nomás”, lamentó durante un diálogo con PáginaI12.

Si bien no hubo una versión oficial, las fuerzas de seguridad hicieron trascender que cuando los agentes llegaron al Lago Mascardi fueron agredidos con disparos de armas de fuego por parte de los mapuches. Pilquiman descartó esa versión y también aquella otra que el jueves se hizo trascender sobre la participación de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en la ocupación.

El operativo de ese día había tenido una inusitada intensidad. La decena de camionetas de las fuerzas de seguridad apostadas en la zona aledaña al territorio cortaron durante varias horas la ruta 40 y había dejado prácticamente aisladas a las ciudades de Bariloche y El Bolsón. Hasta un helicóptero sobrevoló la zona.

Natalia Anaya, abogada de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) local cuestionó el procedimiento de ayer: “No sabemos quién ordenó ni cómo se desencadenó este operativo represivo, que más que eso es una caza, una caza racista”, dijo a este diario.

El caso está bajo la órbita del juez federal Gustavo Villanueva, quien el jueves pasado dio la orden de desalojo luego de varias intimidaciones. Ese día se intentó poner fin a la toma iniciada el 14 de septiembre pasado, fecha en que la comunidad ingresó a ese predio que está bajo jurisdicción de Parques Nacionales.

El magistrado se hizo presente ayer, tras la muerte de Nahuel, en el lugar de los hechos junto a un secretario del juzgado y miembros del Ministerio Público de Río Negro. Los abogados de APDH y los representantes de la comunidad no pudieron acercarse al lugar debido a los retenes policiales.

Varios de los detenidos el jueves que fueron liberados esa misma noche y otros miembros de Lafken Winkul Mapu salieron a desvincular de la recuperación del territorio con la RAM. “Esa versión es una gran mentira. Los hermanos fueron a ese lugar porque necesitaban volver a un territorio propio para poder desarrollarse”, defendió Pilquiman. Lo que ocurre, añadió, es que “la idea es hacer creer que el pueblo mapuche es el enemigo interno”. Tanto el oficialismo como algunos medios de comunicación “están haciendo todo lo posible para instalar eso para justificar la avanzada contra la comunidad”.

Lo que le cuentan los miembros de todas las comunidades que tienen representantes en el Parlamento de ese pueblo originario es que “después de lo de Santiago Maldonado, el hostigamiento (de las fuerza de seguridad y la Justicia) contra la comunidad mapuche, aumentó; la persecución se hizo más fuerte”.

Lo que hay detrás, sostuvo, son “intereses inmobiliarios”. Varios sectores que están bajo la órbita de Parques Nacionales son explotados como emprendimientos turísticos y comerciales. “Constantemente se le están cediendo tierras a privados”, aseguró el dirigente indígena. En este contexto, para Pilquiman, hechos como el asesinato de Rafael Nahuel y la represión en el Lago Mascardi “son cosas que van a continuar, porque la lucha de nosotros por el territorio va a continuar”.