El fiscal de Estado de Jujuy, Miguel Angel Rivas, fue imputado por lesiones graves, agravadas por el vínculo y convivencia; amenazas y violencia de género, familiar y doméstica, hechos denunciados desde 2006 por su ex pareja, Fabiana Checa. Después de años de silencio, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) promovió la investigación penal preparatoria.
El viernes último hubo una jornada judicial extensa, con dos audiencias: una en el Ministerio Público de la Acusación, y otra en el Juzgado de Control, donde se resolvió que la causa penal con el funcionario público seguirá su trámite.
La imputación se llevó a cabo a días de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en una provincia en emergencia pública en materia de violencia de género, declarada inicialmente en 2021, mediante la Ley N° 6.186, denominada Ley Iara, y prorrogada este año.
Hace 18 años que la denunciante viene pidiendo justicia. Realizó varias denuncias desde 2006 a 2019 en distintas sedes policiales, obtuvo 11 medidas perimetrales que el fiscal de Estado no cumplió. A comienzos de noviembre de este año, Checa ratificó la denuncia por violencia de género. Luego de audiencias, pruebas y testimonios, su abogado, Julián Martín Palmieri, solicitó la imputación y la detención del Fiscal de Estado.
El ahora ex gobernador Gerardo Morales puso en funciones al Miguel Rivas al frente de la Fiscalía de Estado en agosto de 2022, cuando ya venía denunciado reiteradamente; antes se desempeñaba como secretario Legal y Técnico de la Secretaría General de la Gobernación, desde 2019.
“En todos estos años se han perdido papeles, las denuncias, tengo perimetrales que nunca se cumplieron. (Hubo) Todo tipo de violencia económica, psicológica, física. Con mi denuncia hecha, se le dio el cargo de asesor legal y técnico de la Gobernación. El día que me enteré que iba a ser fiscal, no podía creer porque era un tema sabido a voces, fue a veces apañado”, expresó la víctima el día que ratificó la denuncia contra el funcionario público.
Fue la fiscal especializada en violencia de Género, Romina Núñez, quien lo imputó el miércoles último tras valorar las pruebas aportadas, entre ellos certificados médicos, y lo llamó a declarar al acusado.
En la jornada del viernes, Rivas se presentó a declarar acompañado por sus abogados defensores, Fernando Amador y Enrique Rivas. La estrategia de la defensa consistió en solicitar la nulidad de la imputación y plantear la prescripción de la acusación por una lesión atendiendo al tiempo transcurrido desde el momento del hecho.
En una audiencia semi presencial, Rivas estuvo durante cuatro horas ante la fiscal Núñez, en tanto que la denunciante estuvo junto a su abogado, conectada a través del sistema judicial.
Tras la declaración, se fijó una audiencia virtual para las 18 horas del mismo viernes para resolver el pedido de nulidad de la imputación. El juez de Control en lo Penal y Delitos en contra la Administración Pública, Rodolfo Fernández, rechazó la nulidad, de manera que la causa sigue el camino para que se eleve a juicio.
Al abandonar la fiscalía junto a sus abogados Rivas sostuvo: “he comparecido como corresponde, se trata de un hecho remoto del año 2006, y lamentablemente no puedo hacer comentario porque está involucrada la madre de mis hijitos”. “Aclaré todo lo que tenía que aclarar, yo creo que ya está, ahora hay que esperar que las autoridades judiciales, que ya van a dictar su sentencia”, dijo sobre las acusaciones.
En tanto su abogado defensor y hermano, Enrique Rivas, no quiso brindar declaración y solo dijo que “se trata de un hecho privado”.
Por su lado, el abogado de la denunciante celebró la realización de la audiencia: “estoy contento por mi defendida, porque es una situación grave y las consecuencias en la salud de ella han sido gravísimas, casi queda inválida”.
"El imputado minimizó la causa", dijo Palmieri sobre la declaración del fiscal de Estado en la audiencia. Por las expresiones del funcionario en la audienica, el abogado se preguntó si el fiscal Estado realizó la capacitación de la Ley Micaela, norma que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para las personas que trabajan en el Estado. “Ante este hecho grave espero que el gobernador Carlos Sadir tome cartas en el asunto. Estamos hablando de un funcionario público”, remarcó el letrado.
Así también Palmieri destacó “la valentía de la fiscal Núñez con una tarea impecable". Asimismo, aseguró que el juez Rodolfo Fernández "actuó a derecho. No hay forma de prescribir el hecho”, insistió.
Por otro lado, el abogado dijo que “es probable que ingresen más denuncias" y adelantó que pedirá "medidas cautelares restrictivas, la detención" y que "no se aparte de la provincia porque hay peligro procesal de fuga”.
