La condonación de una deuda de 300 millones tras la firma de un acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Urtubey y la EcoDesarrollo (de la familia del parlamentario libertario Alfredo Olmedo) en 2017 fue uno de los motivos de la denuncia que realizaron la ex senadora provincial Gabriela Cerrano y el ex diputado provincial Claudio del Plá, ambos del Partido Obrero. 

La investigación iniciada en 2017 fue archivada solo dos años después por la Unidad fiscal de Delitos Económicos Complejos. Sin embargo, el 23 de octubre último, el fiscal penal interino, Daniel Escalante, decidió desarchivar esta causa. La novedad se conoció el martes último pero hasta ahora se desconocen los nuevos hechos que llevaron al fiscal a reabrir la investigación de presuntas irregularidades en la concesión de las tierras estatales de la empresa Salta Forestal.

La historia de estas tierras fiscales comienza durante el gobierno de Miguel Ragone, quien en 1974 propuso hacer un manejo integral de bosques por parte del Estado salteño.

Ragone fue víctima de desapareción forzada en marzo de1976. Años después el ex gobernador de facto, luego elegido en democracia, Roberto Ulloa declaró a Salta Forestal sujeta a privatización. En 1999 el entonces gobernador, hoy senador nacional, Juan Carlos Romero entregó las tierras a EcoDesarrollo, empresa constituida por Alfredo Olmedo, padre del legislador del Parlasur por La Libertad Avanza, quien tiene el mismo nombre.

Ya desde aquel momento había compromisos contractuales que no se cumplieron. Con la llegada de Urtubey al gobierno, se creó la Unidad de Renegociación de Contratos (UNIREN). Y entonces se dispuso exigir el cumplimiento del pagos de cánones que estaban pendientes.

En el medio “se creó una Comisión Investigadora en la Cámara” legislativa. “Pero al mes fue dada de baja”, contó Del Plá a Salta/12. El dirigente de izquierda sostuvo que ya en aquel momento había motivos suficientes para rescindir la cesión de las tierras, que se había hecho por un tiempo mínimo de 64 años.

La provincia reclamó la deuda a la empresa y la firma respondió denunciando a la provincia por otros incumplimientos. Para Del Plá, esto fue una fachada.

Las denuncias cruzadas terminaron en la firma de un acuerdo transaccional para dar por finalizado los juicios caratulados "Provincia de Salta c/Eco Desarrollo Salta S.A. s/acción de lesividad", Expediente Nº 5075/11 y "Eco Desarrollo Salta S.A. vs. Provincia de Salta s/contencioso administrativo", Expediente Nº 5090/11, “ambos de trámite por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de la ciudad de Salta”, indica el decreto 24 de 2017.

Al denunciar este acuerdo tanto en la administración de Justicia como en las bancas de la Legislatura, el PO argumentó que las condonaciones de deudas solo pueden hacerse por ley y no por decreto de un gobernador.

Del Plá recordó que entonces “en una ley ómnibus, terminaron por ubicar un artículo en el cual avalaban lo actuado por Urubey”, la millonaria condonación de deuda a una empresa también millonaria. 

El reclamo judicial llegó hasta la Corte de Justicia de Salta, tribunal que rechazó la acción presentada por Del Plá y Cerrano bajo el tecnicismo de que no representaban a toda la Legislatura Provincial.

Al día de hoy todas las actuaciones sobre Salta Forestal desde su privatización continúan cuestionadas mientras los puesteros y puesteras que viven en el lugar por generaciones siguen esperando la regularización de sus tierras. 

En cuanto a la investigación reabierta, Del Plá aseguró que intentarán actualizar la información sobre la situación de la concesión de tierras, hoy en manos de Cresud, de Sergio Elsztain, y Anta del Plata, del Grupo Ruiz, mientras esperan novedades de la causa reabierta por el fiscal Escalante.