El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos, dijo que en los próximos días se espera el dictamen final de las autoridades de Ambiente de la Nación a favor del proyecto de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), de la provincia, tras lo cual será finalmente enviado a las cámaras legislativas para su tratamiento. Se calcula que queda menos de un mes para terminar el período legislativo. 

El proyecto, realizado por un equipo técnico, ya fue presentado públicamente a fines de 2022. Desde ese momento, asociaciones ambientalistas se manifestaron en contra de la creación de una nueva categoría de bosques que se identifica con el color marrón. Estas organizaciones recordaron que los colores establecidos por la Ley nacional son solo tres: rojo (bosques que deben conservarse), amarillo (en el que se puede producir bajo parámetros que prohíban el desmonte) y verde (que puede desmontarse).

Los técnicos, en tanto, explicaron que el marrón es un color dispuesto para permitir, en una superficie en donde conviven el amarillo y el verde, estudiar la posibilidad de delimitar en uno u otro color una superficie a desmontar. Sin embargo, aclararon que si una parte amarilla es convertida en verde, el resto de la superficie de una región definida (entre otros factores), por cuenca hidrográfica, se convierte en amarilla y no puede ser sometida a los desmontes.

Para los ambientalistas, esto implica una suerte de recategorización, modelo que fue cuestionado en 2011, cuando por decreto se dispuso que tierras que estaban en áreas rojas o amarillas fueran transformadas al verde.

Mientras, tras una reunión que mantuvo con la subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana María Vidal de Lamas, y el director nacional de Bosques, Octavio Pérez Pardo, el ministro De los Ríos afirmó que el proyecto de OTBN fue convalidado por las autoridades nacionales, dado que se incluyeron las recomendaciones emitidas por la Autoridad Nacional.

Aclaró que el proyecto “emplea el concepto de Áreas de Producción y Conservación (APC), en el cual las superficies a transformar se calculan de acuerdo al criterio técnico y legal ‘Umbral de Cuencas Hidrográficas’, de acuerdo al modelo de tierras compartidas”. El gobierno provincial añadió que investigaciones recientes dan cuenta de que este modelo “protege de forma más eficiente la diversidad biológica y cultural de los agroecosistemas”.

La cuestión del consenso

Desde el gobierno provincial se afirmó que el proyecto del nuevo OTBN “tiene un enorme consenso, fruto de la participación de científicos de diversas instituciones y representantes de más de 120 organizaciones sociales”. Se recordó que se trabajó de manera coordinada con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Universidad Nacional de Salta (UNSa), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Administración de Parques Nacionales (APN).

Sin embargo, las entidades ambientalistas criticaron el proceso y afirmaron que hubo comunidades campesinas que se quedaron sin participar de las reuniones para poner en común los criterios para el desarrollo. A ello sumaron que más de 720 mil hectáreas quedarán a merced de ser desmontadas.

Frente a las manifestaciones y críticas, el 23 de octubre pasado la Comisión de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores se dirigió al ministro De los Ríos para trasladarle su “preocupación para con la actualización del OTBN”.

En una nota elevada al funcionario los senadores destacaron que la Comisión no contaba con el proyecto de actualización. “Sin embargo, recibimos numerosas notas y presentaciones de referentes en la materia, con una auténtica y válida aflicción, ya que al día de hoy solo se conocen los trascendidos mediáticos”.

“Pudimos constatar que los actores a los que necesariamente se les debe consultar y dar participación, conforme establecen las normas de aplicación, aun no fueron involucrados”, sostuvieron.

Sumaron la necesidad de dar “efectivo cumplimiento a lo establecido en relación a comunidades indígenas y campesinas, dotando a las mismas de seguridad jurídica a los fines de su supervivencia y el mantenimiento de su cultura, más aún ante la posibilidad de que las áreas que habitan o son de su influencia vean modificadas las categorías de conservación”.

Ante ello solicitaron abrir el debate a los diferentes actores sociales para democratizar el acceso a la información.

“Se buscó apoyo en un gobierno nacional que es un negador serial de derechos humanos y ambientales”, dijo la titular de Fundación Cebil, Verónica Ardanaz, al manifestar su preocupación por la próxima llegada del proyecto de OTBN y aprobación en la Legislatura.

Por su parte, el investigador del CONICET y referente del proyecto del OTBN, Lucas Seghezzo, sostuvo que el trabajo para realizar el nuevo proyecto llevó años y cuenta con fundamentos científicos además de la participación de todos los grupos sociales. Afirmó que el nuevo proyecto reduce la deforestación esperada, aumenta zonas en rojo, protege las cuencas hidrográficas, y favorece a los pequeños y medianos productores.

Mientras, los grandes productores salteños ya fueron a la Legislatura a solicitar que el OTBN sea aprobado afirmando que mientras tanto, surgen obstáculos a la continuidad de la producción.