Un grupo de ex funcionarios de Maurio Macri se presentó a la justicia para pedir que se ejecute la pena en la causa de las rutas de Santa Cruz, o sea que Cristina Fernández de Kirchner sea detenida pero, más que eso, que se le impida ser candidata en las elecciones del año próximo. Con el viejo truco de constituir una organización no gubernamental, Será Justicia, la cara visible del macrismo, María Eugenia Talarico -ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera durante el gobierno de Macri- se presentó como amicus curiae ante el Tribunal Oral (TOF 2) que condenó a CFK. Su pedido es que se inhabilite a Cristina, que se ejecuten todos sus bienes y, en última instancia, que vaya presa. En realidad, la figura de amicus curiae (amigo del tribunal) no permite pedir nada, sólo dar una opinión, y en Comodoro Py piensan que, más que un planteo judicial, se trata de juegos artificiales políticos, inspirados por el propio Macri. La especulación es que el ex presidente juega a proscribir a Cristina, para lo cual impulsa la ley de Ficha Limpia, pero se ve que no descarta otros caminos: que la justicia la proscriba. La especulación es que Macri quiere impedir una polarización electoral entre Javier Milei y CFK.

Los próximos pasos

 Talarico y Será Justicia piden que se ejecute la pena impuesta por el Tribunal Oral Federal número 2, que fue confirmada por la Sala IV de la Cámara de Casación. En los dos casos, ni el TOF ni la Casación consideraron que existía el peligro de fuga o de que CFK altere pruebas, dado que siempre estuvo a derecho. Por lo tanto, le dieron el derecho a transitar, sin ejecución de pena, el recurso ante la Corte Suprema. Es más, la Cámara de Casación estiró el período en el que se debe presentar ese recurso hasta febrero próximo, por lo que parece evidente que el máximo tribunal no resolverá la situación durante 2025 y Cristina podrá ser candidata.

El próximo paso es que el TOF 2 -Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso- decida si acepta o no a Será Justicia como amicus curiae, o sea no la opinión de lo que hay que hacer, si no la posibilidad misma de que pueda emitir una opinión. Habitualmente se requiere que quien se presenta tenga algún interés afectado: no puede ser cualquiera. Si aceptan a Será Justicia, el texto se incorpora a la causa, como una opinión más. Un amicus curiae no puede pedir nada, no es un querellante o un fiscal.

Sería bastante asombroso que aceptaran a Será Justicia ahora, teniendo en cuenta que la causa ya lleva casi nueve años desde su inicio, transcurrió todo el juicio oral e incluso el recurso ante la Casación. Pero cosas más extrañas han ocurrido en Comodoro Py. Por ejemplo, otra ONG macrista, Bases Republicanas, integrada por ex funcionarios de Macri, fue aceptada en la causa denominada Ruta del Dinero, no como amicus sino como parte. A lo largo de diez años, Bases Republicanas no intervino en la causa, pero la Cámara Federal M (por macrista), la aceptó como parte para que apelara el sobreseimiento de Cristina.

Proscribir, la prioridad

En el escrito de Será Justicia se prioriza la proscripción. Al plantear el objeto del texto, se pone en primer lugar, “se decrete como medida cautelar, la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos”. En segundo lugar, se pide que se forme un incidente de decomiso de bienes y “al mismo tiempo, destacamos la posibilidad de que dispongan la prisión preventiva de Cristina Fernández de Kirchner si se reúnen los presupuestos esbozados en el caso de la detención de Sergio Uribarri”. También mencionan, como equivalente, la prisión preventiva de Amado Boudou.

“Es fácil advertir para los juzgadores el peligro de demora -dice el escrito-. Pueden figurarse que permitir que la condenada participe de un proceso eleccionario que podría culminar en la obtención de fueros parlamentarios frustraría la posibilidad de cumplimiento de la pena”.

En verdad sucede lo contrario. La Corte Suprema ha dicho, en el caso de Carlos Menem, que no se puede prohibir a nadie ser candidato hasta que el fallo esté firme. Menem estaba condenado, igual que Cristina, en doble instancia -tribunal oral y Casación- en el caso del contrabando de armas a Croacia y Ecuador y la Corte lo habilitó para ser candidato. De hecho, obtuvo la banca de senador por La Rioja. Con ese antecedente, todo indica que CFK puede ser candidata hasta que el máximo tribunal la condene -si es que así sucede- algo que puede tardar varios años.

Es la política

Como se vio durante todo el gobierno de Macri, la justicia fue un instrumento de la persecución política. Y, para acompañar, se utilizaron todos lo mecanismos que estaban bajo la órbita del Ejecutivo: la AFIP, la Agencia Federal de Inteligencia, la Oficina Anticorrupción y, por supuesto, la Unidad de Información Financiera en la que revistaba Talarico. Este lunes, el macrismo siguió con lo que venía haciendo: utilizar la justicia para la política.

En un camino alternativo, el PRO impulsa en el Congreso una ley de Ficha Limpia, que en verdad también apunta directo a proscribir a Cristina. La norma esteblece que no puede ser candidato o candidata quien esté condenado en doble instancia. Esta ley violaría el fallo de la Corte que ya dictaminó que no se puede proscribir a quien no tiene sentencia firme. Por lo tanto, si resultara aprobada, lo más probable es que cualquier candidato con doble condena se inscriba igual y termine habilitado por la Cámara Nacional Electoral, en base al precedente de Menem.

El macrismo insiste en la búsqueda de jueces que avancen contra Cristina. La hipótesis es que Macri necesita sacar a la ex presidenta de la cancha para que las elecciones no sean una polarización entre los libertarios y el kirchnerismo. Las encuestas exhiben que el PRO está gravemente averiado y si Cristina está en las listas de 2025, del otro lado del mostrador, a Macri le costará encontrar un lugar: ese espacio, hoy por hoy, está copado por La Libertad Avanza. A menos que el plan económico profundice toda vía más el desastre que está produciendo.