La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación avanzó ayer en las cuatro causas por mal desempeño de sus funciones contra el juez federal rosarino Marcelo Bailaque, por el favorecimiento a acusados de narcotráfico en causas que estaban a su cargo, así como por el manejo de fondos de una cooperativa de Puerto San Martín, que fueron a parar a una mutual perteneciente a sus amigos, los hermanos Wphei, que no está habilitada ni controlada como un banco. También sumó una denuncia hecha por la justicia cordobesa por "planchar" durante nueve años una causa por evasión cuyo paso del tiempo favoreció a la denunciada "Nuevo Antepuerto SA". El cuarto expediente es en el que ayer hubo novedades: los pesquisas federales están convencidos que el ex titular de la AFIP Carlos Vaudagna, manejaba una mutual, y que justamente fue uno de los nueve domicilios allanados el último jueves en el marco de la investigación.
Tal como publica La Politica On Line con la firma de Hernán Lascano, "los allanamientos se hicieron el jueves pasado en la localidad de Humberto Primo donde reside su madre, en Rafaela donde vive un hermano suyo, en la comuna de Sarmiento en la que tiene domicilio un testaferro y socio presunto. También en Hipatia, otro pueblo pequeño, donde figuran dos empresas de él a nombre de terceras personas. Hubo requisas además en la comuna de Irigoyen, y en tres lugares de la ciudad de Santa Fe. Una fue en la Mutual Prestaciones Para la Salud, Farmacia y Vivienda, ubicada en Monseñor Zazpe al 2900, entidad cooperativa cuyo control se le atribuye a Vaudagna en base a lo extraído de su teléfono. Otro lugar allanado es una empresa aseguradora. Finalmente, su propio domicilio".
En tanto en el Consejo de la Magistratura, dos de las cuatro denuncias serán acumuladas en un solo expediente y cada uno tendrá su propio consejero instructor. Pero la Comisión también aprobó que cualquier integrante del Consejo pueda aportar a la investigación que puede terminar con la suspensión en el cargo y el envío a juicio político de Bailaque, titular del juzgado federal 4 de primera instancia de Rosario, una ciudad marcada por el narcotráfico y la violencia en la última década.
Cabe recordar que la ultima semana tres fiscales federales lo imputaron penalmente por presuntas maniobras dilatorias en favor del capo narco Esteban Alvarado y su exesposa Rosa Natalí Capuano. Con ellos, el magistrado habría tenido una conexión a través del contador Gabriel Mizzau, por presuntas irregularidades en el manejo de una cooperativa de trabajadores portuarios que estaba intervenida para favorecer a un financista amigo. Y, además, haber realizado una serie de medidas cuanto menos desprolijas en un legajo en el que resultó afectado un empresario que fue denunciado de manera anónima por lavado y evasión. En esa causa, la justicia allanó el despacho de Bailaque y le secuestró su celular -además de computadoras y discos rígidos- sobre el que se ordenaron medidas de prueba.
En la Comisión de Acusación del Consejo tramitan cuatro denuncias contra el juez federal que hoy dos quedaron acumuladas. La primera fue presentada en 2022 por fiscales provinciales porque el magistrado se habría negado a hacer medidas de prueba claves en investigaciones por narcotráfico que terminaron frustrando los expedientes. Puntualmente, no haber investigado a Alvarado.
Las otras tres denuncias son de este año. Una de la diputada provincial por el socialismo, Lionella Cattalini, que señaló que, mientras el contador Mizzau llevaba la contabilidad de las empresas ligadas a Alvarado, también era el contador personal de Bailaque. Y que el juez contrató en 2017 como empleado de su juzgado a Sebastián Mizzau, hijo del contador, hasta abril pasado, cuando pasó a desempeñarse en un tribunal oral federal.
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario también presentó un expediente por el allanamiento al despacho de Bailaque. Y la cuarta causa es por otro expediente penal que inició el fiscal federal de Córdoba, Maximiliano Hairabedián, en el que denunció que Bailaque dejó prescribir una causa por presunta evasión de imputados de la empresa “Nuevo Antepuerto S.A.”. Concretamente, sostuvo que Bailaque tuvo, durante al menos ocho años y siete meses, la causa sin ningún movimiento. Pero en 2022 se declaró incompetente y la envió a Córdoba, donde ya estaba prescripta y así se declaró y se cerró la investigación.
Pero el fiscal de Córdoba planteó en el Consejo de la Magistratura que el caso "le generaba sospechas, ya que se trata de una denuncia que sindicaba a la jueza federal de Rosario, Silvia Aramberry, porque su esposo era despachante de aduana y participaba en la sociedad Nuevo Antepuerto SA, utilizada para operar cereales evadiendo impuestos. Sobre esta denuncia, la Comisión puso en conocimiento a Bailaque para que haga un descargo" según publicó el sitio Infobae.
