En medio de las resistencias que enfrenta el gobierno de Axel Kicillof de parte de la oposición del PRO y La Libertad Avanza para aprobarle la ley impositiva 2025, este miércoles, el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, se presentará en la Legislatura para explicar los alcances del proyecto enviado y recibir las consultas de los legisladores.
"Para casi el 90 por ciento de los contribuyentes, el incremento en la patente será del 13,8 por ciento, muy por debajo de la inflación proyectada", anticipó Girard en declaraciones periodísticas formuladas en las últimas horas, antes de presentarse en la Legislatura. La estimación inflacionaria del gobierno nacional para 2025, según lo señalado en el proyecto de Presupuesto Nacional, es del 18,3 por ciento. El Relevamiento de Expectativa de Mercados, la encuesta entre consultores privados que realiza el Banco Central, arroja una inflación pronosticada del 35 por ciento para el año entrante.
El proyecto de Ley Impositiva mantiene los topes de aumento del 28 por ciento anual para el Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural. Además, conserva sin modificaciones las alícuotas de Ingresos Brutos para sostener el alivio fiscal sobre los sectores productivos, eliminando el cobro obligatorio de anticipos a grandes empresas y la cuota adicional en los impuestos patrimoniales.
Se mantiene el Régimen Simplificado que beneficia a un millón de contribuyentes, mientras que tributos como Sellos y Transmisión Gratuita de Bienes conservarán sus alícuotas sin ajustes adicionales.
Al referirse al que consideró uno de los principales aspectos de las normas tributarias para 2025, el titular de ARBA destacó que "los bonaerenses que están al día con sus impuestos podrán acceder a una reducción adicional del 15 por ciento en su pago final; es decir, no solo evitarán un aumento desmedido, sino que además pagarán menos que este año".
En territorio bonaerense, ARBA administra cerca de 1,9 millones de automotores que tienen menos de 10 años de antigüedad. Los vehículos anteriores a 2014, se transfieren a los municipios, quienes se encargan de administrar el tributo.
"Mientras el gobierno nacional considera 'héroes' a los evasores, desde la provincia preferimos reconocer a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones impositivas", señaló Girard. "Hoy más que nunca necesitamos fortalecer la justicia tributaria, especialmente ante políticas nacionales que privilegian a sectores concentrados y profundizan el ajuste sobre la clase media, trabajadores y pymes", agregó.
El funcionario remarcó que "esta medida es parte de nuestra estrategia para avanzar hacia una recaudación progresiva, donde quienes cumplen reciban un reconocimiento concreto, y los recursos recuperados se traduzcan en servicios y obras que beneficien a todos los bonaerenses".
Trabas de la oposición
En un comunicado, la mesa bonaerense del PRO expresó que la iniciativa del gobernador “aumenta la carga fiscal sobre los bonaerenses que trabajan e invierten” y “perpetúa la discrecionalidad en el manejo de fondos públicos, comprometiendo el futuro de la provincia”.
El punto clave del conflicto es el artículo 163 de la Ley Fiscal, observado también por la Mesa de Enlace bonaerense, mediante el cual -explican- el oficialismo puede aumentar impuestos sin control legislativo y perpetuar alícuotas que castigan al campo, la producción y los servicios.
En cambio, el proyecto enviado por el Ejecutivo bonaerense a la Legislatura de la provincia incrementa el impuesto sobre los ingresos brutos que grava las operaciones portuarias en las costas bonaerenses. Las autoridades de la Cámara de Puertos Privados Comerciales fueron convocados por el bloque legislativo de La Libertad Avanza para que expresaran su rechazo al proyecto.
La delegación empresaria, encabezada por Luis Zubizarreta, fue acompañada por los principales bloques opositores, encabezados por los diputados Fernando Compagnoni (LLA) y Matías Ranzini (PRO). El hecho marcó dos gestos políticos a la vez: no solo el acercamiento entre los dos bloques opositores, sino su alineamiento con los intereses de los grandes exportadores cerealeros, que son quienes comandan la mencionada cámara.
El impuesto sobre los ingresos brutos aplicados a la actividad portuaria de la provincia existe desde 2020 y para el ejercicio 2025, la administración que conduce Axel Kicillof propone aumentar sus montos base en un 120 por ciento. De esta manera, por cada tonelada o fracción superior a 500 kilos de mercadería cargada en buques durante el mes, las empresas deberán pagar un adicional de $1.135, lo cual no parece ser una cifra que suponga el quebranto de ninguna de las empresas que desarrolla las actividades principales en los puertos bonaerenses.
