El gobierno de Neuquén quedó envuelto en un escándalo político e institucional, que podría llevar a su vicegobernadora Gloria Ruiz a enfrentar un juicio político o la suspensión en su cargo. Ruiz es investigada por supuesto fraude en perjuicio de la administración pública por el desvío de fondos de la Legislatura a cuentas de Pablo Ruiz, hermano de la vicegobernadora, según una denuncia presentada ante el Poder Judicial por el Banco Provincia de Neuquén (BPN). Para su defensa, la vicegobernadora nombró al abogado "nivel dios" Francisco Oneto, ex candidato a vicegobernador bonaerense por La Libertad Avanza. 

Por otra parte, se investigan contratos irregulares en la Legislatura denunciados por el medio local diario Río Negro. "Estoy desilusionado, muy dolido", se despegó del escándalo el gobernador Rolando Figueroa y anunció que el fiscal de Estado se presentó como querellante en la causa iniciada por el BPN. 

La denuncia más resonante fue la presentada por el BPN y radicada ante el Poder Judicial provincial el 20 de noviembre pasado, a partir de un trabajo de la Gerencia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y, en particular, el área de monitoreo de las “Personas Expuestas Políticamente” (PEP) sobre Pablo Ruiz, hermano de la vicegobernadora, y titular de la Casa de las Leyes, un organismo cultural dependiente de la Legislatura provincial. 

El banco provincial sostiene en la denuncia que el hermano de la vicegobernadora recibió "acreditaciones significativas diferentes a sus haberes de parte de la Legislatura por un monto de 29.854.350 pesos", mientras que llevaba hechas extracciones por 20.600.000 millones de pesos. La entidad bancaria precisó que Ruiz "utilizaba la mayoría de los fondos de su cuenta para constituir plazos fijos, incrementando notoriamente su volumen". Ruiz, según la denuncia del BPN, cuenta con 51 millones de pesos en plazos fijos. 

Tras analizar la denuncia, el Ministerio Público fiscal provincial ordenó el viernes el allanamiento de la Legislatura, la Casa de las Leyes y de viviendas privadas en la localidad de Plottier, a pocos kilómetros de la capital provincial. Lo que motivó los allanamientos fue el dato entregado por el BPN de que las transferencias dejaron de realizarse en agosto, cuando el banco dio aviso tanto a Ruiz como a la Legislatura por los movimientos bancarios registrados. 

Tras los allanamientos, y luego de pasar en silencio el fin de semana, la vicegobernadora Ruiz anunció el despido de su hermano en su rol de titular de la Casa de Leyes y aseguró que ella se mantendría en su cargo. "Acudiré a la Justicia para requerir el debido proceso y el derecho de defensa de mi rol institucional", advirtió la vicegobernadora en un comunicado difundido a través de sus redes sociales y aseguró: "Si pretenden seguir avanzando con acciones sin apego a la ley, quedarán marcados en la historia democrática de Neuquén como quienes removieron a una vicegobernadora elegida por el pueblo".

El último mensaje de la vicegobernadora estaba dirigido a los legisladores que presentaron un proyecto para desplazar a Ruiz como titular del Poder Legislativo. Los caminos posibles para la Legislatura provincial son la apertura de un juicio político o una vía más rápida llevando a votación la destitución por "inhabilidad moral", para la que necesitan 24 votos sobre un total de 35.

La vicegobernadora anunció esperaba poder conseguir un amparo judicial que frenara la iniciativa de los diputados y diputadas neuquinas que buscaban llevar a votación en el recinto la suspensión este mismo miércoles. Para su defensa, Ruiz nombró a Oneto, el abogado reconocido por sus cruzadas en contra de los derechos de las mujeres y por ser el candidato a vicegobernador bonaerense de Carolina Píparo en las elecciones de 2023. 

Este martes fue el turno de romper el silencio para el gobernador Figueroa, quien en conferencia de prensa habló de "tolerancia cero" y apuntó: "No llegamos hasta acá para hacerle el aguante a nadie".  El gobernador también anunció que el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, se constituyó como querellante en la causa y como primer medida solicitó la inmovilización de los plazos fijos constituidos por Pablo Ruiz, como también la inmovilización de toda suma de dinero que provenga de la Legislatura provincial, que no hayan sido transferidos en concepto de haberes.

Por su parte, Federico Diorio, abogado defensor del hermano de la vicegobernadora, argumentó que los 51 millones de pesos en plazos fijos que tenía Ruiz pueden justificarse. "Pablo ha sido empleado de comercio desde 2005, tiene una licencia de taxi, es monotributista, asume trabajos en el municipio de Plottier desde 2018, ha estado trabajando y ha juntado su dinero en plazo fijo. Vive con sus padres en la casa donde se crió, sigue durmiendo en el mismo cuarto de siempre, no tiene hijos", le dijo el letrado a Río Negro Radio. 

Otro escándalo y la declaración de guerra

Además del escándalo desatado por la denuncia del BPN sobre las transferencia que recibía su hermano, la vicegobernadora también enfrenta una investigación por contratos irregulares en la Legislatura, que habían sido publicados por el medio Río Negro. Según detalló el propio medio, con sede en Neuquén, la vicegobernadora empleó en el Poder Legislativo a su esposo, sus hermanos, sus primos y otros parientes lejanos.  

En su descargo en redes sociales, la vicegobernadora y ex intendente de Plottier se encargó de embarrar la cancha del gobernador Figueroa al dejar trascender una charla personal que habrían mantenido tras el escándalo. "La consulta relevante del gobernador de la provincia fue si yo tenía aspiraciones políticas, ya que él debía planificar el accionar a futuro", reveló y agregó: "Me dijo que él estaba decidido a ser gobernador durante 8 años, y que me lo quería informar".

Y aseguró que, desde entonces, se montó una campaña en su contra: "A partir de esa reunión comenzaron diferentes medios periodísticos a perseguirme políticamente hasta llegar a esta instancia, donde se me presiona para que renuncie". "Que quede claro: no voy a renunciar", sentenció.