En diciembre, las tarifas de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverán a subir, un 3 por ciento, y acumularán un alza del 317 por ciento en el año, mientras el Gobierno nacional analiza privatizar el servicio. Continuan los beneficios de la Tarifa Social, los subsidios para los zonales bajos y el plan de regularización de deudas.
Los precios se multiplicaron por 4,17 veces en el año y significan un gran desafío para los consorcios de edificios, ya que se estima que junto con los sueldos y contribuciones por encargados, representan el mayor costo.
El aumento del 3 por ciento mensual del servicio está calculado según la fórmula polinómica establecida en el Anexo I de la Resolución 9/2024 de la Secretaría de Obras Públicas, que combina la evolución de los salarios y la inflación pasada.
Métodos de medición similares habían sido definidos para indexar las tarifas de luz y gas, pero el mayor peso de estos últimos servicios públicos sobre la inflación obligó a la gestión libertaria a dar marcha atrás y otorgar subas discrecionales. De haberse aplicado la fórmula los servicios hubiesen sido impagables.
El impacto del aumento en las facturas, sin contar los impuestos, para el servicio de agua y cloaca en el 44 por ciento de la población que compone el segmento "bajo" pasó de 17.705 pesos en octubre a 18.417 en noviembre y a 18.985 en diciembre. Los 996.718 usuarios del segmento "medio", integrado por el 37 por ciento del total de los consumos, abonaron 22.034 pesos el mes pasado, y les corresponderá 22.920 en el actual y 23.627 en diciembre.
En el caso de los 534.517 hogares de segmento zonal "alto" pagaron en octubre un promedio de 24.262 pesos, y pasarán a 25.238 en noviembre y 26.017 en diciembre. Mientras que en los sectores de más bajos recursos, 582.044 hogares sin cloacas, pasa de 6.749 pesos en octubre a 7.021 noviembre y a 7.238 en diciembre.
Para evitar una repercusión mayor en los ingresos familiares, AySA anunció también que continuarán los beneficios de la Tarifa Social y los subsidios del 15 por ciento para los zonales bajos. Además, lanzó un Plan de Regularización de Deudas, que ofrece facilidades de pago, descuentos y cuotas, con el objetivo de equilibrar el ajuste del costo de los servicios con mecanismos de pago más flexibles para los saldos pendientes.
Hacia la privatización
El Poder Ejecutivo incluyó a AySA entre las empresas públicas que pretende privatizar durante 2025. Para que el Estado argentino pueda desprenderse de una parte, el directorio de la empresa prestadora del servicio de agua aprobó un plan de incorporación de capital privado. Entre las proyecciones consideran llamar a licitación o incluso colocarla en la Bolsa para que el mercado decida cuánto vale.
Con los aumentos de tarifas y el parate de la obra pública, la compañía estima alcanzar un superávit de 96.000 millones de pesos para el cierre del balance 2024. Hasta septiembre, informaron oficialmente que la empresa que presta el servicio de agua logró un resultado positivo en sus operaciones financieras por 31.000 millones de pesos, sin ningún tipo de inversión en infraestructura ni en prestaciones. En los primeros 9 meses del año anterior, el déficit operativo había sido de 278.000 millones pesos.
La pregunta se reitera una y otra vez. El Estado debe garantizar el acceso a toda la problación de un derecho universal como el agua o buscar la ganancia resignando el bienestar de la comunidad.
Más aumentos para cerrar el año
El 1° de diciembre llegarán los ajustes en los precios de los alquileres según los tres tipos de contratos de locación vigentes una vez derogada la Ley de Alquileres, al inicio de la gestión Milei. Los firmados bajo el Índice de Contratos de Locación (ICL) regidos por la normativa anterior tendrán una segunda y última actualización interanual del 208,67 por ciento, según los datos relevados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El ajuste por ICL varía diariamente y el incremento dependerá del día del mes en el que fue firmado el contrato.
Por su parte, los que se cerraron con el cambio de dicha ley bajo el coeficiente Casa Propia sufrirán una suba de 66,9 por ciento, con aumentos semestrales.
En el caso de los pactados por libertad contractual en 2024 luego de la derogación de la ley de alquileres, rige la ley del mercado. La mayoría de los acuerdos establecieron subas trimestrales en base a la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), del Indec: deberán pagar 10,69 por ciento más el alquiler del inmueble.
