Referentes de organismos de derechos humanos de Corrientes y sobrevivientes y familiares de víctimas que la última dictadura provocó en el norte del país presentaron una acción de amparo en contra de la venta del Regimiento de Infantería número 9 “Coronel Pagola”, un excentro clandestino de detención de la última dictadura y actual Espacio de Memoria, habilitada por decreto presidencial en octubre pasado. “La enajenación del predio implica el borramiento de las huellas de lo allí ocurrido”, plantea el requerimiento judicial.

Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, que son querellantes en causas judiciales que investigan y juzgan a represores por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cometidos en esa provincia, presentaron hace diez días una acción de amparo ante el juez federal Juan Carlos Vallejos, a cargo del Juzgado Federal número 1, en contra del decreto 950/2024 con el que el Presidente Javier Milei puso en venta el predio del RIM 9, entre otros tantos, otrora campo de concentración dictatorial, actual Sitio y Espacio de Memoria.

“El predio del ex Regimiento de Infantería N° 9 constituye un Sitio de Memoria de Terrorismo de Estado, señalizado e incluido en la nómina de la Red Federal de Sitios de Memoria. La preservación de dichos sitios no tiene únicamente por finalidad preservar la prueba en las investigaciones judiciales, sino también la preservación de la memoria de lo acontecido durante el terrorismo de Estado”, introduce el documento judicial que no solo solicita a la Justicia que acciona en contra del decreto presidencial sino también que proteja el predio donde represores de la última dictadura secuestraron y torturaron personas para que no se modifique. En ese sentido, consideran que “la enajenación del predio implica el borramiento de las huellas de lo allí ocurrido y por ende una afectación de la obligación de preservar la memoria”.

A fines de octubre pasado, se conoció a través del Boletín oficial el objetivo del decreto presidencial 950/2024 mediante el que Milei habilitó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a disponer, enajenar y transferir unos 300 bienes inmuebles del Estado. Por lo menos tres de esos predios fueron, en tiempos de la última dictadura, escenarios en donde se concretó el plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio: La Perla chica, en Córdoba; y los bonaerenses Puerta 8, en Campo de Mayo, y “La Huerta”, en Tandil inbtegran la lista. También el RIM9.

“El decreto resucita decretos con los que (el expresidente Mauricio) Macri ya quiso hacer esto con el predio del Regimiento”, apuntó Marisa Sanabria, integrante de la comisión impulsora de la acción de amparo. En efecto, el decreto de Milei impulsa los procedimientos de venta de inmuebles del Estado nacional ordenados en los decretos 952/16, 1064/16, 1173/16, 225/17, 928/17, 355/18, 1088/18, 345/19 y 518/19 y las decisiones administrativas 249/18, 24/19, 317/19 y 610/19, todas impulsadas durante el Gobierno de Cambiemos. Vallejos, el juez federal que deberá definir este pedido, es el mismo que habilitó una medida similar para defender el espacio de memoria frente a los embates macristas.

Para la Comisión, el accionar de Milei implica “una violación flagrante y manifiestamente arbitraria” del derecho a la verdad y el derecho a la memoria, consagrados en tratados internacionales con rango constitucional y en el artículo 2° de la Ley Nacional N° 26.691 de Preservación, Señalización y Difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado. Además, el documento incluye una medida cautelar de no innovar para que “no se modifiquen los efectos” de la resolución, mediante la cual se asignó una fracción del predio donde funcionó el RIM9 para la creación de un Espacio para la Memoria, la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.

A principios de mes, y a pedido de la Subsecretaría de Derechos Humanos de bonaerense y de querellas vinculadas a sobrevivientes y familiares de víctimas de la última dictadura que sufrieron violaciones a los derechos humanos en Campo de Mayo, la jueza Federal de San Martín, Alicia Vence, protegió con una medida de no innovar el predio de Puerta 8, a la venta mediante el decreto de Milei. El mismo procedimiento ejerció el juez federal de Córdoba Alejandro Sánchez Freytes en relación con La Perla chica.