Ante la falta de información oficial sobre el paradero de las personas detenidas en El Salvador y las múltiples denuncias por violaciones a derechos humanos dentro de las cárceles, un grupo de organizaciones sociales lanzó la campaña “Prueba de vida”, con la que buscan que la Dirección General de Centros Penales (DGCP) permita que se hagan pruebas forenses a los detenidos o se reanuden las visitas familiares en las cárceles para constatar el estado de salud de los presos o saber si aún están vivos.

Desde el 27 de marzo de 2022, el gobierno de Nayib Bukele, con el aval del Congreso, implementó un régimen de excepción como una estrategia para combatir la delincuencia después de un fin de semana con 87 asesinatos atribuidos a las pandillas.

Bajo el marco del régimen de excepción se detuvieron a más de 83 mil personas, según las estadísticas oficiales, convirtiendo a El Salvador en uno de los países con mayor población carcelaria en el mundo. Hasta la fecha, el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) registra la muerte de 315 personas en las cárceles y cientos de testimonios de torturas ocurridas dentro de las prisiones salvadoreñas.

Sin ningún tipo de información 

Por una reforma constitucional en el marco del régimen, las personas detenidas no pueden comunicarse con sus familiares ni con sus defensores. Así que el MOVIR junto a otras organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario (SJH), que ya pidieron a las autoridades penitenciarias y al Congreso la derogación de la legislación penitenciaria actual sin que hayan recibido respuesta, ahora recopilan la documentación personal de los detenidos para solicitar colectivamente su liberación ante la Casa Presidencial salvadoreña.

De acuerdo con Samuel Ramírez, coordinador del MOVIR, la campaña “Pulso de vida” fue lanzada hace un año y medio, pero las organizaciones tuvieron que detenerla porque la DGCP les dijo que para entonces las actividades masivas podrían ser foco de contagio del COVID-19. Sin embargo, hace más de un mes retomaron la campaña porque las detenciones continúan en El Salvador y las familias siguen sin saber el paradero de los detenidos.

“Desde que inició el régimen no han visto a las personas presas, no saben si están vivas, muertas, ni en qué cárcel están detenidas. Todo es incierto. Lo que buscamos es que se permitan las visitas familiares para que las personas conozcan de primera mano la verdad”, explica Ramírez, quien no descarta que las y los abogados públicos de la PGR se enfrenten a la restricción de la información pública cuando deban solicitar los antecedentes penales de las personas detenidas por las que los familiares alegan su inocencia.

Detenciones arbitrarias ante la CIDH

El Salvador fue denunciado internacionalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violaciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción. Las organizaciones sociales, entre ellas SJH, MOVIR y Cristosal, hablan de 30 mil detenciones arbitrarias, de la fabricación de delitos por parte de policías y militares para realizar las detenciones, de torturas y tratos crueles en las cárceles.

Hace dos semanas, en su visita a su par en Costa Rica, Bukele admitió que el gobierno detuvo a inocentes y que ya liberó a ocho mil personas. Y, en consecuencia con su narrativa oficial, acusó a las organizaciones de “izquierda” y de inventar las cifras de los detenidos. “No hay ninguna policía del mundo que sea perfecta”, se excusó el presidente salvadoreño.

Desde 2021, con la mayoría en el Congreso, Bukele controla los tres Órganos del Estado. En la primera sesión plenaria, las y los diputados oficialistas y sus aliados destituyeron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General, para imponer a funcionarios afines al gobierno. Esto fue lo que le permitió a Bukele la reelección en febrero pasado, aún cuando la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección inmediata de los mandatarios.

La crisis humanitaria que el Gobierno oculta

En medio de esta cooptación estatal, las organizaciones sociales también denunciaron que toda la información está centralizada en la Presidencia, la cual dejó de entregar la información pública solicitada por ciudadanos y tampoco atiende las solicitudes de la prensa, al contrario, la prensa independiente y la sociedad civil se volvieron blancos de ataque del gobierno de Bukele.

“Parece que hay una situación que no quieren que se conozca a nivel mundial: que es el hacinamiento, la crisis humanitaria que hay en las cárceles. Nosotros solo abogamos por los inocentes, no estamos abogando por delincuentes, aunque también tienen derechos, pero ahí nosotros no nos metemos”, señala Ramírez.

El MOVIR acompaña alrededor de 4 mil casos de personas detenidas en el régimen. De acuerdo con Ramírez, hay algunas personas detenidas que ya cuentan con cartas de libertad que aún no se hacen efectivas. Otras pidieron salir en libertad por padecer enfermedades graves sin que su solicitud sea tramitada y otras salen de la cárcel con la salud deteriorada, al punto de morir a los días de haber obtenido la libertad.