Junto a los detalles de la requisa conjunta entre personal policial y del Servicio Penitenciario (SP) en el estadio de Newell’s, el Gobierno provincial anunció el martes algo que pasó casi desapercibido: que a partir del dictado de una nueva “directiva” también podrá utilizar a los “guardiacárceles” para tareas operativas policiales, entre ellas “identificación en calles, el artículo 10 bis”, precisó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, en relación al polémico artículo de la Ley Orgánica de la Policía de Santa Fe que faculta a su personal a demorar por “averiguación de antecedentes”, luego de un reforma introducida en la norma por la Legislatura en marzo pasado.

La directiva 12/2024, a la que accedió Rosario/12, fue firmada por Cococcioni el lunes 25 de noviembre. El “asunto” dice “Afectación de elementos penitenciarios a la operación policial” y el documento administrativo instruye a la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, a “impartir las órdenes y directivas que fueran necesarias a fin de sumar recursos y elementos dependientes del servicio penitenciario de Santa Fe a la operación policial provincial”.

La normativa indica que eso se lleve adelante “aprovechando particularmente los esfuerzos, capacidades y recursos penitenciarios en materia de traslados, custodias, requisa de personas y de instalaciones, técnicas especiales, reducción y control físico de personas, y toda otra en la que pudiera complementarse al personal policial”. Es decir, a aquello para lo que está preparado e instruido el personal.

Sin embargo, durante la conferencia de prensa, el ministro Cococcioni amplió los alcances establecidos en la directiva firmad por él, al asegurar que “pueden ver en algún momento algún personal penitenciario haciendo tareas de calle, alguna custodia, en compañía de personal policial, hasta pueden participar de tareas como identificación en calles, el artículo 10 bis, colaborar en allanamientos, todo lo que son operaciones policiales”.

El funcionario explicó que “esto es una directiva que va a regir en delante de manera indeterminada, en múltiples aspectos” de la planificación de las políticas de seguridad.

Cococcioni explicó que “se ha dispuesto afectar de manera selectiva y coordinada recursos y personal del Servicio Penitenciario a tareas que hasta ahora solo venía haciendo la policía, o esporádicamente en conjunto, como el traslado de presos de alto perfil”.

¿Nuevas funciones?

Las tareas que cumple el Servicio Penitenciario provincial están establecidas y reguladas en la Ley Orgánica de esa institución, registrada bajo el número 14.234, modificada el 18 de diciembre último por la Legislatura a instancias del gobernador, Maximiliano Pullaro, que solicitó una batería de medidas parlamentarias en relación a la seguridad pública. Entre ellas, también, la declaración de emergencia en esa materia.

El artículo 3º de la ley establece cuáles son las funciones del Servicio Penitenciario y el inciso “G” dice: “Las que siendo afines a su objetivo asigne el Poder Ejecutivo”.

Ese inciso es el que invoca la directiva firmada por el Ministerio de Justicia y Seguridad para asignar como tarea a los penitenciarios las que son propias de la policía. Entre ellas, según enumeró Cococcioni, pedir DNI para realizar identificaciones callejeras.

En cuanto al modo de instrumentación de la medida, la directiva establece que “el despliegue de elementos penitenciarios, ya sea autónomo o conjunto con los elementos policiales, deberá formalizarse mediante las respectivas órdenes de operaciones, que en caso de así corresponder deberán suscribirse en forma conjunta por la autoridad que cada secretaría designe a tal efecto”. Es decir, aquellos que sean designados por Masneri y el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira.

Para todo servicio

En la rueda de prensa, el ministro anunció la directiva y se preguntó en forma retórica “qué es lo que nos permite eso”. Para responderse que el accionar conjunto de policías y penitenciarios “no está limitado a espectáculos deportivos o eventos masivos”.

“De manera aleatoria, muchas veces sin aviso previo, pero cuando la situación lo requiera, en adelante la provincia de Santa Fe va a poder contar con recursos conjuntos de policías y penitenciarios, privilegiando aquellas funciones en las que el personal penitenciario tenga un adiestramiento especial, una experticia especial”, detalló.

Consideró que, de ese modo, “además de la sumatoria numérica” de personal de ambas fuerzas, conseguirá aportar “un valor agregado a la producción de condiciones de seguridad”.