Llegó con custodia, ingresó al edificio de los tribunales de Comodoro Py por una zona poco habitual. Salió del ascensor y ráudo se dirigió hasta el despacho del juez Julián Ercolini. Allí, El expresidente Alberto Fernández participó de la primera declaración indagatoria que lo tiene como uno de los acusados en la causa por la contratación de seguros para organismos públicos durante su gestión. Fernández negó las acusaciones en su contra y aseguró que su intención fue evitar la "cartelización" del sector y solo respondió preguntas de su defensa.
Al presentarse por primera vez desde que dejó el gobierno, el ex presidente hizo una exposición en la que justificó su decisión de firmar un decreto que dispuso que todas las pólizas debían pasar por Nación Seguros, empresa estatal que a su vez recurrió a brokers. Según trascendió, el exmandatario respondió preguntas de su abogada Mariana Barbitta y solo accedió a explicar al fiscal del caso, Carlos Rívolo, un episodio de intercambios de mensajes de WhatsApp con su exsecretaria María Cantero vinculado a la contratación de seguros para Cancillería en el cual escribió la frase "Yo me ocupo".
Cantero es la esposa del broker Héctor Martínez Sosa y ambos están citados a declaración indagatoria para este jueves
El expresidente arribó al cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py 2002 a las 9.30 y, de inmediato, ingresó a la secretaría 21 del juzgado federal 11, que lleva el caso, donde Ercolini es el juez subrogante a raíz del fallecimiento del magistrado Claudio Bonadio.
Minutos antes habían ingresado Ercolini y el fiscal Rívolo, en medio de un fuerte operativo de seguridad que incluyó despliegue de la Policía Federal en el hall central del piso y en el pasillo donde está la secretaría, con el fin de evitar el contacto del expresidente con la prensa.
Luego de saludarse, el juez ordenó que se de lectura a la imputación. Fernández, visiblemente nervioso, aseguro que todo "es una barrabasada". El juez entonces insistió con la lectura y el expresidente respondió seco: "ya la leímos”.
La audiencia duró unas tres horas. Al finalizar la abogada de Fernández dijo a los periodistas que su cliente "no favoreció a nadie" con ese decreto, cuestionó la validez de la indagatoria y anticipó que apelará el rechazo del juez Ercolini al planteo de nulidad y suspensión hecho de manera previa. Fernández está imputado por presunta defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.
A los acusados se les imputa "haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en 'Nación Seguros SA'".
Para ello, "una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora 'Nación Seguros'", detalla la imputación.
También "en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta. La maniobra habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión".
"Según los casos, de modo impuesto o acordado, directa o indirectamente o por actos simulados, habrían mostrado interés para un propio beneficio o de terceros, en la designación irregular o informal de productores, organizadores y másters e, incluso, de coaseguradoras privadas, con la consecuente incorporación en las pólizas y liquidación de dividendos en favor de dichos particulares por parte de 'Nación Seguros'", agregó.
Toda esta operación "habría dado lugar a que gran parte de aquellas contrataciones, fuera necesario o no, contasen con la intervención de personas físicas o jurídicas que actuaron como intermediarios bajo las figuras de productores, organizadores y másters, destacando que muchos de ellos no habrían cumplido función alguna como contraprestación por las elevadas comisiones que les eran liquidadas".
Fernández está imputado además en la causa por violencia de género que le inició la ex primera dama Fabiola Yañez y será indagado por esa causa el 11 de diciembre próximo, también por Ercolini.
El pago de alimentos
Este no es el único tema judicial que preocupa al expresidente. La Cámara Nacional en lo Civil confirmó que Alberto Fernández tendrá que seguir con el pago, sin plazos, del 30 por ciento de su jubilación de privilegio en concepto de "alimentos provisorios" a favor del hijo que tiene con la exprimera dama Fabiola Yañez.
El tribunal de apelaciones rechazó una apelación de Fernández, quien considera excesivo aportar el 30 por ciento de un total de 17 millones de pesos, y tampoco prosperó un planteo para poner plazos a la medida. La sala entendió que "no parece previsible que pueda consagrarse" una "situación de abuso que justificaría la fijación del plazo solicitado", advirtió.
