Una joven de la comunidad wichí Kilómetro 86 (en la jurisdicción de la ciudad de Tartagal) fue condenada ayer a cinco años de prisión por el delito de sustracción de menores. La mujer, que fue mamá durante su adolescencia y tiene tres hijos menores de edad, cumplirá su sanción en el domicilio.

Así lo decidieron las juezas y el juez que integran la Sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal, Sandra Sánchez, Azucena Vásquez y Anastasio Vásquez Sgardelis, tras el pedido que hicieron los fiscales penales Rafael Medina y Pablo Cabot por los hechos acontecidos el 14 de julio de 2023.

Ese día a primera hora de la mañana, fue sustraída una beba que estaba con su padre y su madre en una habitación del área de Maternidad del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. Eso sucedió cuando la parturienta era ayudada por su marido a higienizarse, dado que se iban de alta a las 8 de ese mismo día.

La nena fue encontrada en la madrugada del día siguiente a la intemperie en la esquina de una casa abandonada lindante con un baldío, en la mism ciudad. Fue hallada por un vecino que se acercó al escuchar ladridos de perros. Como toda la población de la ciudad, estaba en alerta ante el robo de la beba y dio aviso inmediato a las autoridades.

La investigación siguió las grabaciones de las cámaras de seguridad cuyas imágenes se utilizaron para asegurar que Andrea Pérez, la mujer ahora condenada, era quien llevaba a la beba.

El jueves 20 de julio Pérez fue detenida y desde ese día estuvo en prisión preventiva, y luego con domiciliaria.

El padre y la madre de la beba fueron representados como querellantes por el abogado Rambert Ríos, quien dijo a Salta/12 que con sus clientes evaluaron que no había pruebas concluyentes para pedir la condena de Pérez. Por el contrario, sostuvo que el padre y la madre de la beba “quieren saber quien la robó”.

Las imágenes de la cámara “son poco claras”, dijo al indicar que no se puede identificar a la mujer que porta a la niña. Añadió que esta única prueba era sostenida por un solo perito, sin que haya testimonios que identifiquen a Pérez con la bebé.

Según indicaron otros presentes en el juicio oral, hubo una testiga que identificó a la mujer por el recorrido que indicaban las cámaras. Pero nunca la vio con la beba, sino que sostuvo: “llevaba algo bajo la campera”, sin poder precisar qué era. 

Ríos dejó entrever que faltaron líneas investigativas. Conocedores de las comunidades indígenas de la zona advirtieron que, en caso de haber sustraído a la beba, no hubiera podido hacerlo una mujer sola.

“Pedí que continúe la investigación además de la absolución por el beneficio de la duda”, dijo Ríos. El mismo pedido de absolución hizo la defensa oficial de Pérez, Aldo Hernández. Mientras que los fiscales junto al asesor de Menores, José Cortez, pidieron la condena de los cinco años.

Las dudas

En cuanto a la investigación, entre los aspectos que no quedaron claros es lo que aconteció durante las casi 24 horas que la beba estuvo desaparecida antes de ser encontrada en el baldío. Según lo indicó el Ministerio Público Fiscal, el recorrido de la mujer con la nena la muestra en el mismo barrio en donde la criatura fue encontrada en la madrugada del día siguiente a su secuestro.

Mientras, aunque la fiscalía afirmó que tanto la ahora condenada como el padre y la madre de la beba eran del Pueblo Wichí, Ríos aclaró que Pérez vive en el Kilómetro 86 de Tartagal, mientras que la familia de la niña vivía en General Mosconi. Tras los hechos, la pareja se mudó a General Ballivián (ambos son municipios del departamento San Martín). En este caso, según contaron familiares, la mudanza se debió a la presión y hasta hostigamiento que habrían sufrido dado que hubo versiones que los señalaron como cómplices del secuestro.

Ríos sostuvo que esperará los fundamentos de la sentencia, que estarán listos el 4 de diciembre próximo, para definir si apelarán. 

“No era ella porque estaba en la casa con nosotros”, insistió anteel canal de noticias VideoTar Roxana Morante, madre de Pérez, mientras se llevaba adelante la última audiencia de juicio. Morante afirmó que actualmente vive una complicación porque está sola a cargo de sus nietos. Con su hija sin poder salir, debe hacerse cargo de que los chicos vayan a la escuela, darles de comer, conseguir la ropa y comprar la comida.

“No voy a bajar los brazos hasta que liberen a mi hija”, sostuvo al adelantar (antes de conocerse la sentencia) que si era necesario iba a encadenarse en las puertas de la Ciudad Judicial de Tartagal. Incluso recordó que, como integrante de una comunidad originaria, ella acompañó las manifestaciones que convocaron el padre y la madre de la beba para pedir por su aparición.