El intendente del municipio de Vaqueros, Daniel Moreno, será juzgado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora municipal. El juez de Garantías Pablo Zerdán notificó la decisión a la denunciante.

Zerdán rechazó los pedidos de la defensa del intendente, ejercida por los abogados Darío Palmier y Gonzalo Quinteros Navarro, quienes se opusieron a la requisitoria fiscal de elevación a juicio y solicitaron el sobreseimiento.

El juez ordenó que se libre oficio a la mesa distribuidora penal con el fin de que se realice el sorteo para designar la sala de Tribunal de Juicio que juzgará este caso.  

La fiscala María Luján Sodero Calvet, de la Unidad Contra los Delitos de Integridad Sexual, requirió que Moreno sea juzgado por el delito de abuso sexual simple.

La denunciante, identificada solo con la inicial M., fue secretaria en la municipalidad de Vaqueros. Relató haber vivido situaciones de abuso sexual en 2019 de parte del intendente Daniel Moreno y de uno de sus colaboradores, Daniel Romero. Las dos causas se tramitan por separado. 

M. contó a Salta/12 que las situaciones de abuso fueron cometidas en noviembre de 2019, la semana siguiente de la victoria de Moreno en las elecciones. La denunciante refirió que el mandatario fue a su oficina y en ese lugar abusó de ella. Ella tenía hijos que mantener, por lo cual se vio obligada a seguir yendo a trabajar y no pudo denunciar lo vivido en ese momento. "Es mi jefe el que me abusa (...), la misma mano que me daba de comer es la que después me manoseó".

La denunciante dijo que luego sufrió el abuso de Romero. A esto le siguieron una secuencia de situaciones revictimizantes hasta que la dejaron sin trabajo.

M. primero denunció a Moreno y a Romero por maltrato y acoso en la oficina de Violencia Familiar y de Género del Poder Judicial que funciona en el Polo de las Mujeres. Dijo que no pudo denunciar los abusos en ese momento porque le costaba hablar del tema, sentía vergüenza y no podía contárselo a sus hijos.

La jueza de Violencia Familiar y de Género, Noemí Valdez, estableció que se trataba de un caso de violencia de género en lo laboral y en lo personal e intimó a Romero a alejarse de la denunciante, también exhortó a Moreno a que se cumplan las leyes de protección a la víctima en el ámbito laboral de la municipalidad. Después pidió al Observatorio de Violencia Contra la Mujer que se haga cargo de los cursos de la Ley Micaela para todo el plantel municipal.

M. recalcó que todo ese tiempo estuvo yendo al trabajo sin ninguna protección y tuvo que enfrentar la persecución de otras empleadas que la hostigaban y humillaban y en la causa declararon contra ella. Consideró que la jueza Valdez no la protegió ya que cuando pidió otras medidas de protección que fueran efectivas le dijeron en su oficina que no podían hacer más nada.

La mujer pudo realizar la denuncia penal por abuso sexual en septiembre de 2022. M. terminó por hacer públicos los hechos de abuso para intentar protergerse. Hoy la representa la defensora oficial María José Neme Scheij.

M. relató que después de los hechos de abuso sexual de los que fue víctima comenzó un tratamiento psicológico y psiquiátrico. Desde que la dejaron sin trabajo en la municipalidad, no pudo volver a reinsertarse laboralmente y sigue en en esa situación de vulnerabilidad en el marco de la crisis económica actual.