Un rumbo que fomente el crecimiento, la institucionalidad y recupere la confianza

La inflación se presenta como uno de los fenómenos económicos más complejos y recurrentes en la historia argentina, caracterizándose por su persistencia y su capacidad para distorsionar tanto el poder adquisitivo de los ciudadanos como el funcionamiento normal de los mercados.

El presente artículo tiene como objetivo analizar la evolución de la inflación en Argentina durante los primeros nueve meses de los mandatos de dos presidentes cuyas políticas económicas representan enfoques radicalmente diferentes: Cristina Fernández de Kirchner, quien asumió su segundo mandato en diciembre de 2011, y Javier Milei, electo en diciembre de 2023.

Los primeros nueve meses de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner estuvieron marcados por una combinación de políticas heterodoxas, que incluían controles de precios, intervención estatal en sectores estratégicos y una expansión fiscal financiada parcialmente por la emisión monetaria. Estas políticas, diseñadas para impulsar el consumo interno y reducir las tensiones inflacionarias en el corto plazo, recibieron críticas por su potencial para generar desequilibrios macroeconómicos a largo plazo, especialmente en lo que respecta a sus efectos sobre las expectativas inflacionarias y el tipo de cambio.

Por otro lado, Javier Milei ha adoptado un enfoque neoliberal y monetarista, con brotes de heterodoxia, desde el inicio de su mandato, priorizando una estricta reducción del gasto público, una política monetaria restrictiva y la apertura de la economía mediante la eliminación parcial de controles cambiarios, aunque es más propenso a levantar barreras arancelarias.

Estas medidas, orientadas a estabilizar los precios y fomentar la inversión extranjera, han generado en el gobierno expectativas de rápida desinflación; sin embargo, también han suscitado dudas en los mercados sobre sus efectos inmediatos en una economía con alta inercia inflacionaria, exacerbada por descomunales aumentos de tarifas y una devaluación inicial del 118%, que disparó la inflación de diciembre a un 25% mensual.

Corto y largo plazo

En 2012, el modelo de crecimiento a tasas chinas se encontraba agotado. Según el Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENDA), Axel Kicillof y la propia Cristina Fernández de Kirchner, el “milagro económico argentino”, caracterizado por nueve años de crecimiento anual del 7%, enfrentaba restricciones que dificultaban la generación de un crecimiento sostenido en el futuro.

Para el gobierno, el impulso fiscal mediante el aumento de salarios, jubilaciones, obras públicas y subsidios fue clave para estimular la demanda interna. Esta expansión de la demanda contribuyó a incrementar la oferta agregada. No obstante, existía un margen limitado para aplicar una política fiscal más expansiva con el fin de propiciar un crecimiento robusto en adelante.

La capacidad expansiva de la política fiscal estaba restringida por la alta dependencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para financiar al sector público, la elevada y creciente tasa de expansión del dinero primario, que alcanzaba el 40% interanual, así como la demanda de dinero y el riesgo de una aceleración inflacionaria. Durante los años anteriores, el gobierno había podido emitir deuda a altas tasas para financiar una política fiscal más expansiva sin que ello generara un aumento significativo en la inflación, dado que parte de la mayor expansión monetaria había sido absorbida por un aumento en la demanda de dinero. Sin embargo, resultaba complicado que la cantidad real de dinero continuara creciendo a las mismas tasas.

Hasta ese momento, la expansión del dinero primario (pasivos monetarios) significaba, debido a un multiplicador del crédito bancario en declive, menores aumentos en los agregados monetarios amplios y, por ende, menores presiones inflacionarias.

Sin embargo, dado el interés del Gobierno por estimular el crédito privado, mediante la reforma de la Carta Orgánica para ofrecer créditos subsidiados y la reducción de los encajes, era probable que el multiplicador dejara de caer. Esto limitaba aún más la capacidad del BCRA para financiar al sector público mediante emisión monetaria. En consecuencia, si el gobierno de Cristina Kirchner continuaba aplicando una política fiscal ultra expansiva, corría el riesgo de que la tasa de inflación se acelerara. Por lo tanto, para evitar una aceleración inflacionaria significativa, la política fiscal no podía ser utilizada como motor para intentar alcanzar nuevamente tasas de crecimiento de “tipo chino”.

El aumento del salario real, en un contexto de crecimiento del empleo, implicó una expansión de la masa salarial. Este incremento de la masa salarial real, junto con una política fiscal expansiva, contribuyó a estimular la demanda agregada y la actividad económica. En el modelo propuesto, el aumento del salario real es consecuencia directa de políticas gubernamentales como el salario mínimo, los convenios colectivos, la Asignación Universal por Hijo y la política oficial de asistencia social. Además, el aumento del salario real se derivó de una política económica expansiva que generó un alto crecimiento y elevadas rentabilidades empresariales, que fueron compartidas con los trabajadores a través de convenios colectivos.

Sin embargo, existían serias dudas sobre si, en el futuro, el salario real y el empleo privado podrían seguir creciendo al mismo ritmo que en el pasado. Entre otras razones, el enfoque adoptado por el gobierno, alejado de políticas económicas más pragmáticas como las de Brasil, Uruguay y Colombia, desalentaba tanto la inversión interna como la externa, obstaculizando una mejora en la productividad laboral y el salario real.

No obstante, la multiplicidad de intervenciones estatales en la economía comenzaba a mostrar un rendimiento decreciente en términos de crecimiento, rentabilidad empresarial y mejoras en el salario real. Estas intervenciones habían comenzado a generar ciertas distorsiones de precios que afectaban el esquema de incentivos y desalentaban la inversión y la producción en sectores clave.

Los límites se volvían cada vez más evidentes: la alta dependencia del BCRA para financiar al sector público, junto con una expansión monetaria que rondaba el 38%, aumentaban los riesgos de inflación. Si el BCRA continuaba emitiendo a un ritmo del alrededor de 38% o más, la demanda real de dinero podría no seguir creciendo como hasta entonces, lo que acarrearía una aceleración inflacionaria.

Recordemos que la misma tasa de expansión monetaria, aplicada para financiar las necesidades fiscales, puede dar lugar a tasas de inflación diferentes según el comportamiento de la demanda real de dinero. Hasta ese momento, la emisión a altas tasas no había generado un incremento significativo en la inflación, ya que la mayor emisión había sido absorbida por el aumento en la demanda de dinero (M2 crecía por encima del PBI nominal y absorbía el excedente de pesos ofertado por el BCRA).

El multiplicador del crédito bancario, si el gobierno optaba por seguir estimulando el crédito, podría dejar de declinar, lo que significaría que una misma tasa de expansión del dinero primario podría resultar en un aumento significativo de los agregados monetarios amplios y, en consecuencia, mayor tasa de inflación.

Durante años, el gobierno había impedido aumentos de precios en productos clave que podrían haber deteriorado el salario real, utilizando para ello acuerdos de precios y otros instrumentos. Al mismo tiempo, aseguraba rentabilidad empresarial a determinados sectores, reduciendo el costo de los insumos mediante distintas compensaciones y retenciones, lo que permitía mantener un precio interno de un insumo inferior al precio internacional.

Así, el gobierno pudo mantener altas las utilidades de ciertos sectores, como la actividad molinera, que contaba con un precio interno del trigo inferior al internacional. También se beneficiaron los productores de pollo, que, gracias a las retenciones, compraron maíz a precios inferiores a los internacionales, así como la industria local, que pagó tarifas de electricidad más bajas que en el resto de la región, gracias a subsidios a la energía, entre otros ejemplos.

Sin embargo, todas estas intervenciones generaron distorsiones de precios que afectaron el esquema de incentivos para invertir y producir. Tomemos como ejemplo el caso de la carne vacuna; para que la carne llegara a precios bajos a la mesa de los argentinos, el gobierno impuso precios máximos, pero a la larga terminó desmembrando la oferta. Se perdieron alrededor de 10 millones de cabezas de ganado, y la carne resultó más cara, no más barata. Lo mismo sucedió en otros sectores; a pesar de que el trigo alcanzó precios internacionales récord, la superficie sembrada fue la más baja desde el inicio del milenio.

Final del juego

A su vez, se estima que consumimos miles de millones de dólares en reservas de gas y petróleo y pasamos a ser importadores netos de energía y, resultó que, para conseguir los fondos que la nueva YPF necesitaba invertir, el gobierno había comenzado a aumentar los precios internos de los combustibles, que durante años había mantenido estables; además, se encaminaba a alterar aún más el mercado eléctrico.

Nadie pensaba invertir en energía en un país donde ya no era posible obtener retornos satisfactorios de su inversión. En suma, las consecuencias negativas de estas medidas eran tales que se tornaba muy difícil que los molineros, productores avícolas, feed lots y exportadores de biodiésel pudieran recrear en el futuro las rentabilidades que habían tenido en el pasado. Era mucho más probable que, en el futuro, los efectos adversos de las intervenciones que desincentivaban la producción y la inversión superaran ampliamente sus beneficios.

La creciente insatisfacción entre los sectores productivos se traducía en un clima de incertidumbre económica que inhibía el crecimiento sostenido. A medida que las restricciones presupuestarias y las distorsiones del mercado se agravaban, se hacía evidente que la estrategia del gobierno de depender de la intervención estatal y de mantener controles de precios había llegado a un punto de inflexión. En este contexto, la falta de un marco regulatorio claro y predecible se convirtió en un obstáculo significativo para la inversión.

En conclusión, la estrategia del gobierno para articular políticas relacionadas y sostenibles, junto con la intervención constante en los mercados, no solo perjudicó a los sectores productivos, sino que también amenazó “el proyecto económico” del país en su conjunto. En este sentido, la apuesta por un modelo de intervención estatal inflexible se revelaba como un obstáculo para la recuperación económica y el bienestar de la población, que terminaría acarreando el advenimiento de Mauricio Macri y Cambiemos.

Motosierra

La primera parte del gobierno de Javier Milei estuvo marcada por la necesidad de atender ciertos desequilibrios generados por las gestiones de Fernández y Massa. Tras devaluar el peso en un 118%, Milei y Caputo pusieron en marcha un programa para enfrentar la emergencia económica, centrado en una sólida ancla fiscal sin financiamiento monetario para el Tesoro.

Este enfoque dio lugar a unos cuantos resultados macroeconómicos y financieros reclamados por los ecolobbystas neocuantitativistas y los especuladores financieros: se logró un superávit fiscal, una mejora en las reservas, la licuación de los excedentes monetarios y un fortalecimiento del balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA), como así también, se estableció el “carry trade eterno” con ganancias siderales en dólares. Además, la tasa de inflación desde mayo logró un escaso 4,2%, con un 2,7% en septiembre. Desde el punto de vista social, el esfuerzo realizado por la sociedad, no coincide con los logros inflacionarios obtenidos.

Al igual que Fernández-Guzmán-Massa, el dúo Milei-Caputo logró evitar un eventual Plan Bonex, al salvar a los bancos y licuar a los ahorristas y cuentacorrentistas, así como sorteó hasta ahora un default de la deuda pública que Mauricio Macri había dejado como legado en 2019 (aunque éste había reperfilado o incumplido los pagos de la deuda en agosto de ese año).

A diferencia de Macri, Milei logró mantener altos niveles de apoyo social habiendo implementado el mayor ajuste económico de la historia argentina. El gobierno consiguió que la Cámara de Diputados aprobara la Ley de Bases y el paquete fiscal que había sido rechazado por el Senado. Este fue el punto de partida para que la administración comenzara a impulsar un conjunto de medidas y reformas desreguladoras clave, que cerrarían con el DNU ómnibus de comienzos de mandato.

El gobierno anunció la eliminación de los pasivos remunerados (pases), que pasarían a ser Letras de Regulación Monetaria del Tesoro Nacional con el objetivo de “estatizar la deuda” y cerrar (en realidad reemplazar) la “fuente endógena de emisión de pesos” destinada al pago de intereses de los pasivos remunerados del BCRA.

La tasa de política monetaria se convirtió en un instrumento que el BCRA podía utilizar para mitigar la volatilidad cambiaria o continuar reduciendo la tasa de inflación. Sin embargo, no se apresuró la salida del cepo cambiario, manteniendo un deslizamiento del tipo de cambio del 2% mensual y sin eliminar el “dólar blend”, que consiste en la liquidación del 20% de las exportaciones a través del Contado con Liquidación (CCL).

Análisis comparativo

El fenómeno de la inflación en economías emergentes ha sido objeto de intensos debates dentro de la literatura económica, con múltiples enfoques que intentan explicar su origen y ofrecer soluciones efectivas para su control. Un punto de referencia clave en la discusión es el trabajo de Dornbusch y Edwards (1991), quienes analizaron las políticas de estabilización aplicadas en América Latina.

Estos autores demostraron cómo las políticas heterodoxas, caracterizadas por controles de precios, intervención estatal y expansiones fiscales, pueden ser eficaces para contener la inflación en el corto plazo, pero a menudo generan distorsiones a largo plazo, como déficits fiscales crónicos y una dependencia excesiva de la emisión monetaria. Por otro lado, los enfoques neoliberales y monetaristas, centrados en la reducción del gasto público y el control de la base monetaria, tienden a ser más efectivos en la estabilización de precios en el largo plazo, aunque con costos sociales y recesivos significativos en el corto plazo.

Otros estudios de Krugman (2012) y Stiglitz (2015), han subrayado los riesgos asociados con la implementación de políticas de ajuste estructural extremo en economías con altas tasas de pobreza y desigualdad. Krugman argumenta que, en contextos de crisis económica, las políticas de austeridad pueden profundizar la recesión y generar efectos inflacionarios secundarios derivados de la caída en la demanda agregada y la presión sobre el tipo de cambio. Stiglitz, por su parte, hace hincapié en la necesidad de una intervención estatal activa para mitigar los impactos sociales de las políticas deflacionarias y garantizar una distribución más equitativa de los costos de los ajustes económicos.

En el caso argentino, los estudios sobre las políticas implementadas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner han sido objeto de un extenso análisis en la literatura económica. Autores como Basualdo (2010) han señalado que las políticas heterodoxas aplicadas durante estos gobiernos, aunque criticadas por sus efectos a largo plazo, lograron una contención parcial de la inflación en un contexto de alta conflictividad social y financiera. Basualdo sostiene que el uso de controles de precios y subsidios permitió sostener el consumo interno y evitar una mayor caída en el poder adquisitivo, pero a costa de generar desequilibrios fiscales y un aumento de la deuda pública.

De manera similar, Alejandro Olmos (2019) ha argumentado que la política de endeudamiento implementada durante los gobiernos kirchneristas fue un factor clave en el manejo de la inflación. Olmos critica cómo la deuda externa y la emisión monetaria para financiar el gasto público crearon presiones inflacionarias estructurales, pero también destaca que las políticas expansivas permitieron sortear los efectos inmediatos de la crisis financiera global de 2008 y mantener niveles de empleo relativamente estables.

En contraposición, las políticas neoliberales implementadas por Javier Milei a partir de diciembre de 2023 aún no han sido objeto de estudios exhaustivos en la literatura académica debido al reciente desarrollo de su gobierno. No obstante, es posible anticipar ciertos resultados basados en la experiencia histórica de políticas de ajuste estructural en otras economías emergentes, como Chile en los años setenta bajo el régimen de Pinochet o Brasil en los noventa. En estos casos, las políticas de liberalización, eliminación de controles cambiarios y apertura comercial fueron inicialmente exitosas en contener la inflación, pero generaron desequilibrios sociales importantes y aumentaron la desigualdad.

Específicamente para el caso argentino, la literatura ha subrayado las dificultades de implementar políticas de estabilización en un contexto de alta inercia inflacionaria y una fuerte presión sindical. Autores como Frenkel (2003) y Damill (2017) han sugerido que la historia económica de Argentina dificulta la efectividad de cualquier enfoque económico que no considere las particularidades estructurales del país, como su sistema productivo basado en commodities y su recurrente falta de acceso a financiamiento externo en términos favorables.

Recapitulando, el análisis de la literatura sugiere que, mientras las políticas heterodoxas de los gobiernos (2003-2015) lograron mitigar algunos efectos de la inflación en el corto plazo, lo hicieron a expensas de generar desequilibrios fiscales que alimentaron nuevas presiones inflacionarias en el largo plazo. Por otro lado, las políticas neoliberales, como las implementadas por Javier Milei, pueden tener efectos deflacionarios en algún momento (aún no ha ocurrido y no se ve la inmediatez), pero presentan riesgos significativos de aumentar la desigualdad y generar costos sociales a corto plazo, que como ahora mismo, se están haciendo difíciles de sobrellevar.

Debate

En términos absolutos, Cristina Fernández de Kirchner logró una contención más efectiva de la inflación en comparación con Javier Milei. La administración de Milei parece haber exacerbado las presiones inflacionarias, posiblemente debido a una menor intervención estatal y la liberalización abrupta de los mercados, más la descomunal devaluación del peso. Esto sugiere que las políticas de ajuste estructural rápido pueden tener efectos adversos en una economía con historia inflacionaria, como la argentina.

Estos resultados están en línea con la literatura crítica sobre políticas de ajuste neoliberal en América Latina (Stiglitz, 2002; Basualdo, 2010), que argumenta que las reformas rápidas sin redes de contención social pueden agravar las crisis inflacionarias y generar mayor desigualdad.

Los hallazgos sugieren que es necesario considerar el contexto económico y social antes de implementar reformas estructurales rápidas, como las propuestas por Javier Milei, para evitar un impacto negativo devastador en los sectores más vulnerables.

El análisis de los ciclos económicos recientes en Argentina revela la necesidad de un enfoque equilibrado que no solo considere los efectos inmediatos de las políticas monetarias restrictivas sobre la inflación, sino también sus repercusiones a largo plazo sobre el consumo, el empleo y la cohesión social.

La sostenibilidad de cualquier esquema económico requiere una integración cuidadosa entre los objetivos de estabilidad macroeconómica y las necesidades sociales, especialmente en un contexto global donde los actores externos, como el FMI, juegan un rol central en la definición de las políticas nacionales. Solo a través de un diseño de políticas que equilibre estos factores será posible alcanzar la tan anhelada estabilidad económica y gobernabilidad política.

En última instancia, la experiencia argentina demuestra que las políticas económicas, sean de corte expansivo o restrictivo, solo pueden generar resultados sostenibles si están respaldadas por un compromiso firme con la estabilidad macroeconómica, la justicia social y la productividad a largo plazo.

Ni los controles estatales excesivos ni la apertura desmedida han logrado solucionar los problemas estructurales del país. El verdadero desafío para Argentina no radica solo en estabilizar las variables económicas de corto plazo, sino en construir un modelo que fomente el crecimiento inclusivo, que fortalezca la institucionalidad y que recupere la confianza tanto de los actores internos como externos. Sin este enfoque integral, cualquier victoria económica será, en el mejor de los casos, pasajera y, en el peor, un preludio de nuevas crisis.

*Director de Fundación Esperanza. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros.