Vemos con mucha preocupación el ajuste en las políticas de género, algo que ya tenían planificado desde este gobierno previo a la asunción de su gestión. Apenas asumieron fueron por cuestiones más simbólicas de infraestructura institucional, como eliminar el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Avanzaron con todo lo que implica la eliminación de políticas públicas que, a pesar de los límites que nosotras más de una vez hemos marcado, podían al menos acercarse a realizar un acompañamiento en distintos aspectos, por lo tanto, vemos a las mujeres y diversidades sexuales muy desprotegidas, sin acompañamientos económicos y sin una sola aprobación de la Ley Brisa que otorga una reparación económica a hijas e hijos víctimas de femicidios equivalente a una jubilación mínima.
Con la línea 144 de asesoramiento teníamos, al menos, un teléfono para llamar desde cualquier punto de la Argentina de manera gratuita y saber qué hacer, hoy esa línea está absolutamente desmantelada. Nos encontramos con un discurso muy fuerte de este gobierno que va de lo simbólico a medidas concretas y que además tiene una continuidad en el orden internacional: Argentina fue el único país que votó en contra de una resolución de las Naciones Unidas que llamaba a intensificar los esfuerzos para erradicar la violencia contra mujeres y niñas en entornos digitales. Creo que esto también es parte de la necesidad que tiene este gobierno de liderar estos gobiernos del mal en el mundo.
En los datos, desde nuestro observatorio podemos ver lo que implica desalentar a las mujeres a la denuncia. Los discursos y las medidas del gobierno nos dejan en total desprotección y con mucha desconfianza. Solo un 12% fue el porcentaje que registramos este año en los casos de aquellas víctimas que pudieron denunciar a su agresor, lo que representa la cifra más baja registrada en los últimos cinco años. Siempre tuvimos una mirada muy crítica en este punto porque ya veníamos con números muy bajos, en el mejor de los casos llegamos al 25% de situaciones denunciadas por las víctimas previas a los femicidios. La baja a un 12 % tiene que ver con que contamos con menos recursos que les muestren a las mujeres que va a haber un Estado que las acompañe.
Con estas medidas concretas quienes más recursos necesitan del Estado son las mujeres que están bajo la línea de la pobreza e indigencia, quienes tienen a cargo familias numerosas, no solamente hijos e hijas, sino, también familiares adultos mayores o personas con discapacidad que están bajo su cuidado. Claramente las políticas del presidente Javier Milei de ajuste y recorte afectan a las mujeres y las diversidades pero, en particular, a quienes están en condiciones de vulnerabilidad económica.
No solamente les afecta el recorte de políticas públicas, sino, también el congelamiento del Potenciar Trabajo y el no reconocimiento del trabajo comunitario que muchas de ellas llevan adelante en los barrios y la eliminación de los recursos alimentarios en comedores y merenderos de todo el país, de los que antes podían disponer. Hoy al no tenerlos se profundiza aún más esa desigualdad que al fin y al cabo opera impidiendo y obstaculizando la independencia de sus parejas agresoras. Es muy perverso este circuito porque sin políticas públicas que las acompañen no pueden tomar decisiones con autonomía, sino todo lo contrario, el recorte de las pocas políticas que había les impide tomar esas decisiones y favorece una relación que, en muchas ocasiones, es lo que las mantiene dentro de los hogares con sus agresores.
Una situación muy particular se dio en la provincia de Santa Fe donde vivo, uno de los últimos casos de femicidio fue el de Sofía Delgado, una adolescente que estuvo desaparecida durante 15 días. En la audiencia imputativa los agresores mencionaron que habían ido a buscarla, la habían seguido y elegido por las condiciones de vulnerabilidad en que la se encontraba. Una situación muy compleja en el orden de la salud mental, con redes comunitarias endebles, y además, otra declaración que hicieron es que querían disfrutar con el asesinato. Ahí hay un ejemplo de por qué la violencia que nosotras denunciamos es tan específica y particular cuando se trata de mujeres y diversidades. Está bien clarito que no todas las personas reciben este odio, sino que lo recibimos específicamente nosotras porque aún somos consideradas objeto de dominación masculina, de uso y abuso y objeto sexual por parte de los varones.
Todo esto que nosotras venimos planteando desde hace décadas, se fue concretando en el reconocimiento por parte de distintos Estados y se materializó en leyes, incluso en nuestra Constitución. Por lo tanto, la violencia de género existe, tiene estas modalidades específicas porque estamos en condiciones de desigualdad y mientras más se profundizan las desigualdades, tenemos mayor exposición a la violencia, algo que fue reconocido por el Estado hace muchísimos años.
A quienes hoy escuchan los discursos del presidente o de sus voceros desconociendo la existencia de esta modalidad tan específica de violencia les pedimos que puedan visualizar las características que tienen las víctimas, cómo fueron asesinadas, cuánto tiempo vivieron bajo esa violencia, cuánto tiempo fueron sometidas y aisladas de sus vínculos familiares, sin poder tener una vida autónoma para trabajar, sometidas desde lo psicológico, lo económico, y además, apelo a que puedan traer a la realidad esta situación que seguramente conocen.
Las mujeres y LGBTIQ+ se encuentran expuestxs a un mayor riesgo cuando se eliminan las políticas públicas obligatorias por ley y, más aún, cuando se legitiman discursos de odio de género que naturalizan las violencias.
*Directora ejecutiva de la Mesa Federal de Mumalá.
