Inmediatamente después de conocida la sentencia en sus términos generales, varios medios de comunicación y organizaciones nacionales e internacionales celebraron este hecho como un momento de justicia. Sin embargo pocos días después Bertha Zúniga Cáceres, hija de Berta y coordinadora general actual del COPINH, nos dijo: “En el día de ayer, logramos finalmente acceder a la sentencia escrita, donde vemos que lo que se había anunciado en las noticias no se corresponde con lo que dice esta sentencia, ya que en un primer momento nosotros estábamos celebrando este logro. Quiero comentarles que aunque se ratifican las sentencias de Casación en el caso de mi mami, ha habido un cambio de categoría a varios de los asesinos, y una reducción de la pena”.

Consultada sobre cuáles son los cambios, nos dice: “En el caso de David Castillo se cambia la categoría de autor a inductor. Lo que significaría la categoría de inductor, básicamente sería como si fuese un autor intelectual del caso”.

De acuerdo a la profunda investigación realizada por COPINH, junto a un equipo de asesores independientes, David Castillo actuó como mediador entre los autores intelectuales del crimen y los sicarios, y participó de la planificación y del pago del crimen. Es decir, su rol excede el de instigador o inductor del crimen, ya que fue parte de su preparación directa.

En un comunicado realizado por la familia de Berta pocos días después de su asesinato se decía: “No se puede distorsionar la verdad acerca del crimen que terminó con su vida. Sabemos con certera claridad que los motivos de su vil asesinato fueron su resistencia en contra de la explotación de los bienes comunes de la naturaleza, y en defensa del pueblo Lenca. Su asesinato es un intento de acabar con la lucha del pueblo Lenca, en contra de toda forma de explotación y despojo. Las circunstancias de su muerte se dan en medio de la lucha contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque. Responsabilizamos a la empresa DESA, y a los organismos financieros internacionales que respaldan el proyecto: Banco Holandés, FMO, Finn Fund, BCIE, Ficohsa, las empresas comprometidas CASTOR, y el grupo empresarial ATALA, de la persecución, la criminalización, la estigmatización, las constantes amenazas de muerte en contra de su persona y de la nuestra, y del COPINH. Responsabilizamos al Estado hondureño de haber obstaculizado en gran medida la protección de nuestra Berta, y haber propiciado la persecución, criminalización, y asesinato; al haber optado por proteger los intereses de la empresa por encima de las decisiones y mandatos de las comunidades”.

COPINH también sostuvo con firmeza: “Reafirmamos la posición antipatriarcal, antimperialista, anticapitalista, antirracista, que marcó la vida de nuestra compañera. No queremos que esta muerte sea un número más en las estadísticas. Fue un feminicidio por causas políticas, por la defensa del territorio”.

Berta y Bertita. Madre e hija. Bertita ahora es la Coordinadora General de COPINH.

Un femicidio político, en el contexto del golpe de estado

Desde el golpe de Estado en Honduras, el 28 de junio de 2009, la dictadura de Roberto Micheletti a través del Congreso Nacional, aprobó decenas de concesiones de bienes comunes para que industrias extractivistas los explotaran indiscriminadamente. La empresa DESA fue constituida ese mismo año, y fue beneficiada con una concesión para explotar el río Gualcarque. Berta Cáceres documentó decenas de irregularidades administrativas y legales respecto al proyecto “Agua Zarca”, la represa que DESA pretendía construir sobre el río Gualcarque.

Camilo Bermúdez, integrante del equipo de litigio de COPINH, puntualiza: “Estas sentencias confirman que existe una estructura criminal que fue la que se configuró para atacar y asesinar a la compañera Berta Cáceres, y que utilizó a la empresa DESA como fachada para sus actuaciones. Confirman que de esta estructura criminal hace falta la cabeza, que es la familia Atala, los dueños, los beneficiarios de todas estas inversiones, y por supuesto los más afectados por la labor de Berta Cáceres en contra de este proyecto hidroeléctrico junto al COPINH, y la Comunidad Indígena Lenca de Río Blanco”.

Bertha Zúniga Cáceres llama la atención sobre el cambio en la sentencia: “Esta sentencia se da entre fuertes interferencias del sistema de justicia por parte de la representación de la familia Atala. Eso significa que puede ponerse fin a la persecución de la autoría intelectual del crimen. Obviamente nosotros vamos a seguir luchando en contra de eso. El cambio de categoría hace que por ejemplo se le reduzca la pena a David Castillo de 22 años y medio a 20 años. También se le cambia la categoría a Mariano Díaz Chávez, mayor de las Fuerzas Armadas, de autor por omisión a cómplice, reduciendo la condena de 30 años a 20 años y 10 meses”.

Según la investigación realizada por COPINH, Mariano Díaz Chávez planificó y coordinó las acciones para llevar a cabo el crimen de Berta. Comandó junto a Douglas Bustillo al grupo sicarial contratado por los directivos de la empresa DESA.

Agrega Bertha Zúniga Cáceres: “También se le cambia la categoría a Douglas Bustillo, de autor a inductor, y se le reduce la condena de 30 años a 25 años. En el caso de Sergio Rodríguez, aunque la decisión final pasa a la sala del Pleno de los Magistrados, porque no hubo consenso, lo que están planteando es modificar la calidad de coautor a cómplice de asesinato simple, lo que reduciría la condena de 30 años a 13 años y 4 meses por asesinato simple. En nuestra opinión, la Corte Suprema de Justicia se arrodilla ante las presiones empresariales y políticas, y obviamente esto tiene que ver con tratar de obstaculizar la persecución de los autores intelectuales del crimen a mi mami”.

Camilo Bermudez comenta los cambios en la sentencia: “A David Castillo lo habían condenado por dos agravantes, uno por abuso de confianza, porque él tenía comunicaciones con Berta Cáceres y hacía parecer que tuviesen una amistad, cuando en realidad lo que estaba haciendo era acciones de persecución. El otro agravante era por haber cometido el delito bajo prejuicios ideológicos y de raza, debido a su contradicción con la lucha política del COPINH y de Berta Cáceres. Estos dos agravantes la sala de lo penal las elimina, y reduce la condena a 20 años, que es lo mínimo en casos de asesinato. La segunda modificación es que a Mariano Díaz le cambiaron la calidad de la participación. Él había sido condenado como autor por omisión, por su rol dentro de las Fuerzas Armadas como mayor del Ejército en proceso de ascenso. Ahora la sala le cambia la condición a cómplice. Esto le quita responsabilidad y también tiene un efecto práctico de reducirle la condena: había sido condenado a 30 años de prisión y la nueva condena sería de 20 años y 10 meses. Eso es muy importante, por querer desligar la responsabilidad de este funcionario público del Estado de Honduras, miembro del ejército de Honduras, para decir que no era autor sino cómplice. La tercera modificación es que a Sergio Rodríguez, empleado de la familia Atala, gerente ambiental de DESA, también le modifican la condición de coautor a cómplice, lo que implica una reducción de la condena de 30 a 13 años de prisión”.

Además de los ya mencionados, en la sentencia se reduce la condena a los sicarios, autores directos del crimen de Berta Cáceres y del intento de asesinato de Gustavo Castro, que estaba con ella, de 50 años y 4 meses, a 30 años de prisión. Ellos son Henry Javier Hernández Rodríguez (militar), Elvin Heliberto Rapalo Orellana, Edilson Atilio Duarte y Óscar Aroldo Torres Velásquez.

La lucha contra la impunidad, continuará

El COPINH ha hecho un esfuerzo ejemplar durante estos 8 años desde el crimen de Berta, para que no haya impunidad, sabiendo que es un caso fundamental que va a impactar en distintos territorios. Dice Bertita: “Si creemos que éste es el caso más emblemático de Honduras, y uno de los más emblemáticos de la región, y no hay justicia, difícilmente va a haber para otras personas. Esto nos lleva a pedir que varias organizaciones podamos pronunciarnos, denunciando a una corte que se ha autodenominado la Corte Suprema de Justicia del Cambio. ¿Cómo es posible que bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández les hayan condenado, y que en este gobierno estén dándole beneficios a estos criminales?”.

La pregunta sigue latiendo. “¿Cómo es posible?”. Volvemos a constatar que algunos gobiernos, algunos políticos, algunos jueces que se nombran como progresistas, tienen una enorme complicidad con el poder real, al que en definitiva se subordinan. En este caso se trata de la empresa criminal DESA, que quiso matar al río Gualcarque, para instalar el proyecto Agua Zarca, y que para eso hostigó al pueblo Lenca organizado en el COPINH que lo defendía, y terminó matando a su dirigente, la compañera Berta.

Pero el río Gualcarque no fue represado. La lucha del pueblo Lenca de Río Blanco lo impidió. Y la resistencia de COPINH, junto a numerosas organizaciones que lo acompañan nacional e internacionalmente, está clamando para impedir que triunfe la impunidad.

Lograr Justicia para Berta es fundamental en el camino del cuidado de los ríos, de la naturaleza, de las comunidades, de los pueblos, más allá incluso de las fronteras de nuestro continente. Lograr justicia para Berta es asegurar que las aguas del Gualcarque sigan corriendo libres, y en ellas reconocer el espiritu de las niñas, que según la cosmovisión Lenca habita los ríos, y entre ellas el espíritu de Berta, la defensora de la red de la vida, en Honduras y en todos los rincones donde desde la tierra, las aguas, los bosques, las comunidades, se reclame libertad.