La irrupción de un grupo de retirados en el espacio de memoria que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) se coló en la audiencia en la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizó la situación de las políticas de memoria, verdad y justicia en el país. En Washington, un funcionario del Ministerio de Defensa –que conduce Luis Petri– calificó lo sucedido como “conductas que se enmarcan en la libertad de reunión y de expresión”. Sin embargo, no todos comparten esa caracterización. El juez federal Ariel Lijo, a cargo de la megacausa ESMA, les ordenó al Ministerio de Defensa y a la Secretaría de Derechos Humanos que eviten actos que contraríen los principios sobre políticas públicas de memoria.