“Se va a poner a disposición el predio del ente estatal de Cerrillos, en Salta”, fue el aviso que hizo el miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni, al anunciar despidos y ventas de bienes estatales afectados al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

Enmarcó su anuncio con comentarios disvaliosos sobre temas como “cuestiones de género”, la situación de Pueblos Originarios como el Mapuche, y la “agricultura familiar”, integrada por el campesinado argentino.

El vocero deslizó que en una reunión del Consejo Directivo Nacional del INTA se iba a discutir la baja de 227 ingresos del año pasado, además de la puesta a disposición el predio de Cerrillos. La reunión finalmente se concretó pero no se llegó a un acuerdo porque ante el planteo de los representantes del gobierno para que se apruebe todo en un paquete, los consejeros decidieron dejar sin quórum el encuentro. 

Ya en agosto el gobernador Gustavo Sáenz y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) firmaron un convenio por el que el organismo nacional le cede a la provincia 41 hectáreas que, según afirmó el mandatario salteño, serán destinadas a la construcción de viviendas.

Este no es el primer avance del gobernador sobre bienes del Estado Nacional. Ya en 2016, en su calidad de intendente de la Ciudad de Salta y con la ayuda del ahora senador nacional Juan Carlos Romero, insistió (hasta que lo consiguió) con la entrega del terreno de la Dirección Nacional de Vectores, más conocida como la ex Palúdica. Aunque la insistencia fue la entrega del terreno,Después se anunció que en ese lugar se iba a abrir un Museo de la Música, pero la puesta en valor del edificio no avanza. “Acá está frenado todo”, dijeron trabajadores de la Dirección de Vectores que, como otros organismos, sigue funcionando en ese edificio.

Un repudio del campo

La cesión de las tierras había sido repudiada en agosto a través de un comunicado de la Sociedad Rural de Salta, Prograno y Federsal, organizaciones que sostuvieron que si bien eran conscientes de la falta de viviendas en la provincia, “la solución de incorporación de tierras para desarrollo de nuevas urbanizaciones no debe darse en las tierras pertenecientes al INTA, destinadas a la investigación y desarrollo tecnológico agropecuario”.

“Rechazamos la cesión de las 41 hectáreas de la EEA INTA Cerrillos por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estados al gobierno de la provincia de Salta, para ser destinadas a la construcción de viviendas sociales por parte del IPV”, habían enfatizado.

“Estas ventas y despidos quisieron hacerse sin que se discuta en el Consejo (Directivo Nacional)”, dijeron a Salta/12 fuentes del organismo. Afirmaron que hace una semana recién se realizó una presentación informal a integrantes del Consejo, presentación que se filtró. 

Recordaron que la cesión de las tierras “es un pedido del gobernador de Salta a la ABBE que, por la aprobación de la Ley Bases, tiene posibilidad de vender o enajenar tierras o edificios del Estado nacional”. Actualmente las 41 hectáreas están siendo sembradas, dado que el INTA de Salta siempre manifestó su desacuerdo con el avance del gobernador.

En cuanto a la situación laboral de sus integrantes, detallaron que en 2023 ingresaron 14 trabajadores en las dependencias de Salta y Jujuy. Aclararon que como en todos los casos de ingresos al INTA, estos fueron por concursos. Y esos concursos implican “un proceso más largo” hasta llegar a las designaciones.

“La preocupación es que se tomen las decisiones sin que intervengan los órganos de gobernanza”, advirtieron sobre las primeras intenciones que, a su entender, tuvo el gobierno nacional. Y es que solo el Consejo Directivo, que está representado por diez referentes de entidades públicas y privadas, puede tomar las decisiones sobre el INTA. En ese Consejo solo el presidente y vicepresidente son designados por el Poder Ejecutivo Nacional, por lo que se preveía hasta anoche que no lograra consenso sobre las acciones anunciadas.