El equipo de la defensa pública oficial federal encabezado por Clarisa Galán pidió ayer la absolución de Roberto Catalino Bejarano y sus hijos David y Santiago, para quienes la fiscalía pidió que sean condenados como autores del homicidio del asesor político Darío Monges, asesinado entre el 1 y el 2 de septiembre de 2022. 

La defensa oficial cuestionó la investigación, que en un primer momento estuvo a cargo del Ministerio Público Fiscal de la provincia y luego, al llegar a la conclusión de que el crimen se había cometido en el marco de la venta de drogas, pasó al fuero federal. 

Clarisa Galán aseguró que hubo deficiencias en la investigación, que no se aportó prueba que demuestre que los Bejarano mataron a Monges, que tampoco se probó el contexto de venta de estupefacientes, que se manipuló evidencia y que hubo un direccionamiento hacia la familia Bejarano. Dio a entender que esto tuvo que ver con los vínculos que tenía la víctima con el ahora ex secretario de Seguridad de la provincia, Benjamín Cruz, y la propia Brigada de Investigaciones de la Policía. 

"Sesgo es la palabra que va a atravesar todo nuestro alegato", aseguró la defensora. Los hermanos Bejarano tenían un taller de motos. Galán también cuestionó que la fiscalía dijera que se usaba este taller como una pantalla para la venta de drogas. 

"No hubo una sola prueba" que vincule a Catalino Bejarano con Darío Monges. Lo mismo con Santiago Bejarano, sostuvo, y David tenía vínculo a través del taller al que la víctima llevaba su moto. "No hay investigación seria" sobre si se dedicaban al narcomenudeo y narcotráfico. A los Bejarano solo les secuestraron 174 gramos de marihuana, recordó Galán. 

También cuestionó que no se registraran todos los actos de la investigación. Asimismo, dijo que la pericia odorológica, que ubicó a Catalino y David en la camioneta de Monges en cuyo interior fue encontrado el cuerpo, se hizo para confirmar al testigo de identidad reservada que declaró en este proceso. "Acá no hay prueba directa, solo prueba indiciaria", insistió. 

Por otro lado, la defensora destacó que "Darío Monges tenía múltiples actividades ilegales", que a principios de 2022 "empezó a trabajar de manera fija con sueldo con uno de los narcotraficantes más peligrosos del país", Gabriel "Gringo" Palavecino. Este vínculo conecta con Benjamín Cruz, quien autorizó el ingreso de Monges al penal de Orán para que se entrevistara con el sicario Oscar "Cabezón" Díaz, integrante del círculo de Palavecino. La fiscalía considera que Cruz no tuvo intervención en el asesinato del asesor político, pero en su alegato de cierre el fiscal general Eduardo Villalba ratificó que lo investigan por narcotráfico y tráfico de divisas. 

La defensora aseguró que la fiscalía no probó que los Bejarano hayan matado a Monges, y es más, lamentó que en este juicio no se sabrá quién acompañó a Monges la noche en que fue asesinado. "En este caso los investigadores embarraron todo". "Esto es lo que se probó", afirmó. 

Tampoco se probó que el crimen estuviera motivado por desaveniencias por el narcomenudeo. "La muerte de Darío Monges fue injusta, pero también es injusto que se haya investigado deficientemente", que los Bejarano estén detenidos desde hace dos años, y que sean condenados, dijo. 

Añadió que tampoco la querella cumplió con lo que había dicho en el alegato de apertura. "Pido que esta sea la lupa" con la que se analice la acusación, se dirigió a la jueza Marta Liliana Snopek y a los jueces Mario Marcelo Almaraz y Federico Díaz, del Tribunal Oral Federal 1 de Salta. 

La cadena de custodia rota 

Sobre actividades investigativas que no quedaron registradas, la defensora mencionó una entrevista del policía Jorge Fernández con David Bejarano la madrugada en que se allanó su casa y secuestraron su teléfono. Además, dijo que ahí mismo el investigador revisó el celular, a pesar de que no es perito, y que no se tomaron las previsiones para el tratamiento de evidencia digital. 

Sobre este operativo, añadió que fue a las 3 de la madrugada, y sin orden judicial, con lo que en realidad fue un "allanamiento ilegal de morada". "El estado no puede valerse de actos ilegales", sostuvo. 

Asimismo, resaltó que se rompió la cadena de custodia de ese secuestro. "Se probó la manipulación indebida" del celular y del chip clonado con contenidos del celular de Monges, que nunca fue hallado. 

Galán recordó que cuatro meses después de su secuestro, el celular de David estaba encendido con un 70% de carga en su batería. Había recibido mensajes, que habían sido leídos. "No puede ser convalidada esta forma de investigar", insistió. 

"El secuestro de este celular fue ilegal y fue ilegalmente manipulado", aseguró y pidió su exclusión como prueba. 

En cuanto a Santiago Bejarano, la defensa destacó que la acusación sostiene que descartó su teléfono, pero se acreditó que para esa fecha no tenía celular. La noche del homicidio Santiago estaba en su casa, tratando de arreglar el calefón para darse un baño, aseguró. 

En cuanto al padre, sostuvo la única prueba es el peritaje odorológico, que lo ubica en la camioneta de Monges. Pero planteó una contradicción porque el testigo de identidad reservada sostuvo que Catalino no estaba en la camioneta.

Catalino conocía a Monges desde 2012, cuando comenzó a manejar un taxi de su propiedad, tarea que seguía realizando hasta que fue detenido, el 6 de septiembre de 2023, dijo la defensora. "Está totalmente desvinculado del taller", aseguró. Agregó que al día siguiente de su detención este hombre informó que su celular había quedado en el taxi, pero "nadie secuestró el teléfono de Catalino". 

Por otra parte, Galán hizo notar que en 2022 en Salta se usaba un protocolo para el tratamiento de evidencia digital y que los investigadores no lo siguieron. Este protocolo prevé que debe hacerse una réplica de la prueba digital y que debe hacerlo un perito, Fernández no lo era. Y no se hizo una copia del chip clonado de Monges. 

La defensora oficial aseguró además que "Hubo una manipulación de la geolocalización". "Borraron muchas pero las del taller de Bejarano", agregó. "Esta manera de investigar de (los policías) Fernández y Bautista no puede ser pasada por alto", ratificó. 

Recordó a propósito de esta actuación que Darío Monges tenía vínculos con gente de la Brigada de Investigaciones que había puesto Benjamín Cruz. Detalló que la pareja de la víctima, Guadalupe Cabezas, dijo que Monges tenía mucho contacto con la Policía, que trabajaba con ellos. Y dio tres líneas sobre los posibles autores del crimen: los Bejarano (y dijo que los mencionaba porque la Policía le había contado que Monges estuvo cerca de su taller); la gente de Benjamín Cruz o la Brigada. 

Galán recordó que se solicitó el secuestro del celular de Cruz, pero "no se hizo nada", y que tampoco se investigó la constitución de siete u ocho sociedades anónimas, un mismo día, donde figuraba un hermano de Monges. 

También cuestionó al testigo de identidad reservada. "Lo fueron a buscar", dijo; afirmó que no se justificó por qué se ocultó su identidad y especuló con se protegió su nombre "porque no querían que se examinen los dichos de un mentiroso". En esta línea recordó que un testigo rebatía lo que dice este testigo "y no quisieron traerlo". 

"Está claro que hubo una afectación del derecho de defensa en juicio", aseguró. "Se violó la igualdad de armas a través del encubrimiento de este testigo, no se pudo hacer un examen seguro y amplio de este testigo".