El proyecto de país y el basamento económico que postula el actual presidente es totalmente original en la historia argentina moderna y contemporánea. Por un lado, responde a los objetivos más fundamentales de toda propuesta surgida del neoliberalismo en su versión genuina. Es decir, es un programa económico de perfiles claramente liberales, de derecha, que siempre levantaron quienes se adscriben a esta corriente de pensamiento económico.

En pocas palabras: supremacía del mercado como ordenador del quehacer productivo, reducción de la intervención estatal a funciones vinculadas al desarrollo educativo, de salud, y de seguridad, apertura irrestricta a los flujos comerciales y financieros internacionales constituyen la columna vertebral del pensamiento basado en la supremacía de la decisión de cada individuo por sobre los intereses colectivos.

Ello supone, como eje principal del proyecto de la derecha en la cuestión económica nacional, que debe ser el mercado el que fije, sin interferencias, los precios de todos los bienes y los de la fuerza de trabajo, de modo tal que la economía pueda funcionar libremente según lo indiquen las señales del mercado y que tal desempeño será el ordenador de la distribución de la riqueza producida.

Austríacos

Sobre este basamento clásico, el proyecto del presidente Milei incorpora otras determinaciones fundamentales que abrevan en la escuela económica austríaca, originarias de un encuentro de economistas liberales en Suiza en 1947. El modelo del señor Milei profundiza y amplía los principios básicos que arriba expusimos en forma extrema. El perfil del proyecto apunta a:

1. Toda actividad que realizan los individuos pertenecientes a una sociedad nacional tiene precio, cualquiera sea dicha actividad, y ese precio lo determina el mercado y nunca el Estado. Si el Estado interfiere, promoviendo cualquier acción que altere los citados precios, actúa de modo criminal, y por ende no debe ser permitido.

Como todo acto humano tiene precio, y es el mercado el único que lo decide, toda norma que intente condicionar ese precio es ilegal e ilegítima. De modo tal que si algún individuo no puede pagar ese precio, tendrá que, o abstenerse de producir o consumir ese bien, o reemplazarlo por otro que pueda satisfacer sus deseos. De este modo se autorregula el sistema de precios en función de las ofertas y demandas planteadas por los individuos en sociedad.

2. Como nadie puede, más allá del individuo en particular, operar en la sociedad para limitar, reducir, o ampliar los precios de las acciones que se adopten y de los bienes y servicios que se produzcan, el Estado deberá ser, en algún momento, abolido. Esto será fruto de un proceso, pero desde ya, en tanto se pretenda que el Estado compense, reequilibre los desajustes de las capacidades relativas de cada individuo para hacer frente a las necesidades, subsidie, sancione o beneficie con el sistema de impuestos a determinados sectores de la sociedad, promueva el uso de recursos públicos so pretexto de resolver situaciones sociales perjudiciales para algún sector, esas resoluciones no pueden ser admitidas.

Un ejemplo típico es el de la jornada de trabajo y el de la presencia de mujeres y niños en la actividad productiva. Para el enfoque de los economistas llamados “austríacos”, cualquier acto de justicia social es un robo, porque le quita a unos riqueza para transferirla a otros con la excusa de que los que se sienten perjudicados obtengan beneficios pecuniarios. Así, no debería haber leyes que impongan límites a las jornadas de trabajo, porque perjudican al proceso productivo en los casos en que el esfuerzo humano puede tener remuneración más allá de los límites temporales en que el que trabaja necesite o no de ingresos para subsistir.

Está claro por qué Milei dice que hace 100 años se desvió la Argentina en su proyecto económico. Es que justamente hace 100 años una ley consagró la jornada máxima de 8 horas. Para los economistas austríacos, si alguien quiere trabajar 12 o 14 horas no se le debe impedir, pues ese es el tiempo que necesita para obtener los recursos que pretende. Si quiere trabajar menos, cobrará menos y tendrá que consumir menos, pero no se puede alterar el equilibrio del mercado laboral.

3. Los principios expuestos precedentemente implican que se debe avanzar decididamente hacia la eliminación del Estado, que ha sido el promotor de leyes vinculadas a una supuesta justicia social que consideran abominables. En última instancia, el Estado debe desaparecer, porque traba la libre decisión de los individuos, y esa libertad está por encima de cualquier interferencia externa al mercado.

Es por ello que se los denomina a estos economistas “anarco-capitalistas”, porque se emparentan con los que proponen desde otras perspectivas la visión de que el Estado es una organización criminal y debe ser eliminado. Para avanzar decididamente en esa eliminación, el Señor Milei ha afirmado que su función en el Estado es como la de un topo, pues pretende trabajar desde adentro para destruirlo.

A diferencia de los economistas neoliberales, su propuesta es la supresión del Estado, aunque entre tanto usa de él para favorecer a determinados sectores económicos, como por ejemplo el que es capaz de hacer más de 200 millones de dólares de inversión, según el RIGI, se le otorgan sustanciales subsidios y beneficios extraordinarios.

4. El proceso de destrucción programada del Estado implica que todo lo necesario para la subsistencia de un individuo debe ser fruto de su esfuerzo personal, nunca motivo de una decisión externa a su libertad plena. Si un individuo encuentra que el tiempo que emplea en una tarea productiva remunerada le resulta insuficiente para conseguir los fondos que pretende, o bien tendrá que aumentar su tiempo de trabajo o bien tendrá que abandonar la tarea que realiza buscando otra más rentable, o tendrá que reducir su nivel de satisfacción de necesidades por el consumo de bienes y servicios.

En consecuencia, todas aquellas instituciones que pueden perturbar o interferir en las decisiones totalmente libres de cada individuo deben ser descartadas, o eliminadas, o impedidas de propulsar cualquier tipo de intervención so pretexto de una justicia social que no existe. El mercado premia o castiga, y cada uno debe tener plena libertad para acomodarse a los mecanismos propios del sistema productivo en funciones.

5. En síntesis, la presencia de proyectos limitativos de la libertad individual, como la postura de la iglesia católica en sus encíclicas papales y sus programas asistenciales, o la gestión de organismos colectivos que asumen la representación de sectores, como los movimientos sociales o los sindicatos son expresiones que deben ser severamente descalificadas e impedidas de actuar.

Un ejemplo, para los que propugnan este proyecto libertario, los peores enemigos a suprimir son los que se inspiran en alguna forma de estrategia social colectiva, sea cualquiera el origen ideológico de la misma. Los social-cristianos, los socialistas, los cooperativistas, etc. o sea, los que postulan acciones estatales que impiden la plena libertad del individuo deben ser eliminados, tarde o temprano.

Son, como dijo el señor Milei, “excrementos humanos”. El excremento humano solo sirve para ser enviado por el sistema de cloacas a la inmensidad de los océanos o a los pozos profundos construidos a tal efecto, pero deben, lógicamente con esta calificación, desaparecer.

Por supuesto este esquema de ideas no se puede implementar de la noche a la mañana. Requiere supuestamente mucho tiempo, pero para los economistas libertarios es hora de comenzar a poner en vigencia el proyecto con el perfil arriba expuesto.