La polémica que generó el decreto 736/23 --por el cual el expresidente Alberto Fernández en el último día hábil de su gestión estableció a la asociación civil CADRA (Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina) como única entidad de los autores, sus derechohabientes y los editores de obras literarias, artísticas, científicas y fotográficas para cobrar un canon por las reproducciones en formato digital o analógico-- no surgió esta semana cuandoministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger1036/24sociedad de gestión colectiva