Vicentín pidió entrar en un procedimiento preventivo de crisis. El escrito de 18 hojas, presentado ante la delegación Rosario del Ministerio de Trabajo de la Nación, plantea que la demora de la Justicia santafesina para homologar la propuesta de pago a los acreedores dejó a la empresa “con su caja exhausta”. En ese marco, la firma propone una serie de medidas de ajuste sobre los trabajadores, como el pago del aguinaldo en cuatro cuotas, la suspensión del premio anual y la implementación de un sistema de retiros voluntarios. Este viernes, el diputado provincial Carlos Del Frade presentó una declaración de preocupación en la Legislatura por este tema. “Creo que están generando las posibilidades de echar gente como para que de esa manera se resuelva en favor de ellos. Es una extorsión social”, cuestionó en declaraciones a Rosario/12. Desde el Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo manifestaron su incertidumbre por los puestos de trabajo: “Si se afecta el salario de los trabajadores se tomarán las correspondientes medidas de acción gremial”.

La notificación fue presentada esta semana por Daniel Foschiatti, presidente de Vicentin Saic, y Mario Aníbal Ferreyra, su apoderado. El documento comienza explicando que “las reiteradas y persistentes dilaciones procesales” en la homologación del acuerdo de pagos “obligan a procurar de manera urgente reducir la brecha entre sus ingresos y egresos”. 

En 2019 la firma se declaró en una situación de “estrés financiero” con deudas que ascendían a los 1.350 millones de dólares. Tres años después acordó con la mayoría de sus acreedores una propuesta concursal que permitía el ingreso de “inversores estratégicos” como Viterra, ACA y Bunge para garantizar los fondos para el pago y el funcionamiento de sus plantas.

En ese contexto, ahora acusan que la dilatación de los plazos procesales por parte de la Justicia santafesina “obligó a la Sociedad a comprometer progresivamente sus reservas líquidas para sostener la actividad y mantener sus activos y personal en funcionamiento durante los últimos dos años y medio”. Y agrega: “Hasta la fecha, la Sociedad ha procurado por todos los medios evitar medidas que afecten a sus dependientes, pero lamentablemente, la nueva demora que deviene de la apertura por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe de un recurso de queja contra la sentencia homologatoria dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Reconquista (SF) encuentra a la Sociedad con su caja exhausta y sin posibilidad de evitar recurrir al excepcional Procedimiento Preventivo de Crisis”.

Luego, lo que acompaña la solicitud es una serie de medidas a adoptar que implican un fuerte ajuste sobre los trabajadores de la firma que incluye la incorporación de pagos no remunerativos, el pago del aguinaldo de diciembre en cuatro cuotas, la suspensión de la denominada “gratificación anual”, y modificaciones en los reintegros por gastos de movilidad, pago de almuerzos y entregas de cajas navideñas. 

Además, “con el fin de reducir el personal en planta” la firma plantea una jornada laboral de 8 horas de turno alternativo y la implementación de un sistema de retiros voluntarios, pensado principalmente “para aquellos puestos que no deban ser reemplazados con un externo o para aquellos que se encuentren cercanos a su jubilación”.

En el documento además se esgrimen que, transcurridos más de cuatro años del trámite concursal “las reservas operativas se han ido agotando progresivamente, hasta alcanzar niveles críticos” en el último tiempo. “Como consecuencia de ello, solo a partir de que quede firme la homologación ingresarán los fondos que deberán proveer los inversores estratégicos para el cumplimiento de la misma, época en la que se ha previsto una reestructuración de la plantilla de personal, puesto que la nueva realidad de la actividad requerirá objetivamente una menor prestación en áreas cómo administración, finanzas, comercio exterior e interior, compra de materias primas”, sintetiza el escrito.

Presión social

En algunos sectores, la presentación fue leída como una suerte de presión para que la Justicia santafesina apure sus tiempos. Esa mirada comparte Del Frade, que este viernes ingresó un proyecto de declaración para expresar su preocupación por la maniobra adoptada por la empresa. “Este cuerpo insta a las autoridades del gobierno provincial a generar las medidas necesarias para preservar las fuentes laborales y bregar por la recuperación del que fuera el principal exportador argentino hasta el 4 de diciembre de 2019”, detalla la presentación.

En diálogo con Rosario/12, el legislador del Frente Amplio por la Soberanía consideró que se trata de “una suerte de extorsión social” hacia la Justicia. “Como no le han dado el apoyo desde la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, empiezan a generar problemas sociales muy grandes. Ya lo hicieron con la Algodonera Avellaneda, que presentó algo parecido hace un mes atrás y ahora lo hacen desde Vicentín”, cuestionó y agregó: “Creo que están generando las posibilidades de echar gente como para que de esa manera se resuelva en favor de ellos. Es una extorsión social”.

La noticia ya encendió las alarmas en el sector gremial. El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo convocó a su cuerpo de delegados y a la comisión directiva a una reunión para definir los pasos a seguir. De ese encuentro –que tuvo lugar el jueves– surgió un documento donde advierten la posibilidad de que haya conflicto en toda la región: “Si se afecta el salario de los trabajadores se tomarán las correspondientes medidas de acción gremial”. En esa línea, convocaron a una conferencia de prensa en la sede del sindicato, en la localidad de Puerto General San Martín, para el próximo lunes.

 

“La afectación de los derechos y los salarios de los trabajadores hará que nuestra entidad sindical, como bien decimos tomará medidas gremiales, no solo en la empresa que afecte el salario de los trabajadores, sino en los 17 puertos del cordón industrial con sus correspondientes centros fabriles”, sostiene el comunicado. Y añade: “Es importante que la comunidad tenga conocimiento que afectar el salario y los puestos laborales de la empresa implica una afectación de 1200 puestos de trabajo directos y otros 5000 puestos indirectos, con repercusiones altamente negativas en la región y en la provincia”.