Dos exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández cerraron ayer la primera tanda de indagatorias por la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros para organismos del Estado. El expresidente de Nación Seguros Alberto Pagliano fue el primer imputado que aceptó responder preguntas y aseguró que el exjefe de Estado “jamás” le insinuó “algo indebido”, que no intervino en la designación de intermediarios y que nunca recibió una observación del auditor interno. Carlos García Argibay, exdirector de la empresa del Banco Nación, se limitó a presentar un escrito y no respondió preguntas del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Carlos Rívolo.

El expresidente, su exsecretaria María Cantero, el broker Héctor Martínez Sosa (marido de Cantero) y otras 35 personas (incluidos exfuncionarios, empresarios e intermediarios) están imputadas por su supuesta intervención coordinada, entre 2019 y 2023, en “un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación de seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros”, según la citación que Ercolini firmó a principios de mes.

La jornada de ayer en los tribunales federales de Comodoro Py se abrió con la indagatoria a Carlos García Argibay, exdirector de Nación Seguros, quien aseguró en un escrito que Martínez Sosa no tuvo nada que ver con su designación, marcó contradicciones en la acusación y destacó que todas las resoluciones del directorio eran aprobadas por unanimidad. En segundo turno se presentó Pagliano, que estaba al frente de Nación Seguros cuando se firmó el decreto 823/2021, que dispuso que todas las pólizas debían pasar por esa empresa. En su declaración del miércoles, Alberto Fernández admitió que trabajó con él durante muchos años y que por eso lo nombró en el cargo cuando llegó al gobierno. Martínez Sosa, en tanto, había descartado el día anterior haber ejercido alguna influencia sobre el entonces funcionario. “Si bien no somos amigos, nos conocemos hace muchos años porque ambos tenemos una trayectoria en el mercado asegurador. Pero de ninguna manera ejercí una influencia sobre él mientras cumplía sus funciones”, sostuvo el broker en su escrito.

Pagliano declaró ayer durante más de seis horas y presentó un escrito de 70 páginas. “Nunca intervine en la designación de un intermediario (sea la figura legal que fuere) en ninguna póliza de la compañía, y tampoco obtuve ningún beneficio de aquellos pagos. Tampoco influí jamás, de ninguna manera, para que algún comisionista fuera designado por un asegurado, sea un organismo, una empresa estatal, privada o de capital mixto”, afirmó. Si bien admitió haber compartido con Fernández “cierta parte" de la "carrera en el ámbito de los seguros”, aclaró que el entonces presidente "no le ofreció el cargo en reunión o llamado alguno” y que durante su gestión lo vió "dos o tres veces en algún acto o reunión protocolar”.

Sobre Martínez Sosa, principal intermediario apuntado en la acusación fiscal, recordó que lo contactó por WhatsApp cuando fue designado. “Me hizo comentarios vagos sobre algunos asuntos dándose importancia y sobreestimando sus intervenciones, a lo que yo repliqué siempre sin interés”, se distanció. “Casi todos sus pronósticos que me adelantaba con ínfulas de operador no se cumplían, como ser la fecha de mi asunción como presidente de la empresa”, añadió Pagliano.

“En mi rol de presidente o miembro del directorio de Nación Seguros S.A. actué siempre siguiendo la normativa vigente, y si la actividad que se reputa delictiva caía bajo la órbita de otra persona del organigrama de la empresa sin intervención del presidente o del directorio, deberá V.S. enderezar la imputación a quien corresponda, deslindándome del caso penal por no haber participado en el hecho investigado”, escribió el exfuncionario.

Días atrás, Fernández negó la acusación en su contra por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. “Yo creo que este acto es nulo. Pedí la nulidad de la declaración indagatoria porque no cumple con ninguno de los requisitos”, dijo el exmandatario el miércoles ante el tribunal e indicó que el decreto apuntó a terminar con la cartelización.  “Hasta el decreto 823/2021 que yo dicté, el Estado se aseguró con empresas privadas con intermediarios en un sistema que favoreció la cartelización del sistema asegurador y los más espurios negocios”, declaró. “Estamos hablando de una decisión política que no debería ser objeto de materia penal ni de judicialización. No entiendo qué hago dando explicaciones de esto ante un juez penal”, añadió en referencia a Ercolini, a quién había recusado anteriormente.