Dos sobrevivientes del terrorismo de Estado pidieron intervenir en el hábeas corpus que se presentó, fórum shopping mediante, en favor de los represores que están presos en las cárceles federales. Los genocidas abrigan la esperanza de que, con un fallo favorable, finalmente los envíen a sus casas.

La semana pasada, el juez Martín Yadarola recibió un recurso de hábeas corpus promovido por una decena de organizaciones que se presentan como de “memoria completa”. Entre otros estaban Justicia y Concordia, el grupo de Cecilia Pando y la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina (Afavita) –cuya vicepresidenta, Silvia Ibarzábal, es asesora del ministro de Defensa, Luis Petri, en materia de derechos humanos.

Los hábeas corpus eran los recursos que, en plena dictadura, presentaban las Madres para saber dónde estaban sus hijos o hijas. Salvo honrosas excepciones, estos planteos eran rechazados sin más. Los hábeas corpus se emplean, además, cuando se agravan las condiciones de detención de una persona.

Las organizaciones pro-represores alegan que no se cumple la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que en su artículo 13 dice que se promoverán medidas alternativas a la prisión. Sostienen, además, que no pueden ir a la justicia federal –donde tramitan las causas de lesa humanidad– porque tiene un “comportamiento omisivo”.

Después de que este diario publicó que los represores pidieron participar en la audiencia que debe llevar a cabo el juez Yadarola, Graciela Daleo y Rufino Almeida pidieron que el magistrado los deje intervenir en el proceso. “Solicitamos a usted nos tenga por presentados en el carácter invocado y teniendo en cuenta nuestro interés directo en el desenlace de estas actuaciones, porque se estaría poniendo en riesgo la garantía del juez natural, y, en segundo término, debido a que este tipo de acciones –no es la primera ni será la última– sólo tienden a socavar el derecho a la justicia previsto en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y el principio de proporcionalidad que corresponde a las víctimas de graves y masivas violaciones a los derechos humanos”, afirmaron en el escrito al que accedió Página/12.

Almeida fue secuestrado el 4 de junio de 1978 con su esposa. Ambos fueron llevados al centro clandestino conocido como El Banco. Tras más de un mes y medio de cautiverio, recuperaron la libertad el 27 de julio de ese año. Sin embargo, estuvieron sometidos a controles de sus captores hasta 1983.

Daleo fue secuestrada el 18 de octubre de 1977 y llevada a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Allí fue sometida a torturas y trabajo esclavo. Entre enero y abril de 1979 estuvo en libertad vigilada en La Paz, Bolivia. El 20 de abril de ese año pudo viajar hacia Caracas, Venezuela. Cuando volvió al país, sufrió una nueva persecución. Estuvo presa y, más tarde, debió volver a exiliarse hasta 1995.

Daleo y Almeida son patrocinados por los abogados Rodolfo Yanzón y Flavia Fernández Brozzi. En su presentación ante Yadarola, aportaron un relevamiento que hizo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en 2022 en las unidades penitenciarias de Campo de Mayo y de Ezeiza en las que están alojados los criminales de lesa humanidad. En este informe se ve que gozan de comodidades muy por encima del estándar de cualquier otra cárcel.

“Queremos destacar que cuando los tribunales a cuya disposición se encuentran los detenidos han considerado que los establecimientos penitenciarios no tenían las condiciones necesarias para atender sus dolencias, ha resuelto el otorgamiento de la detención domiciliaria. Desde el año 2016 la detención domiciliaria ha predominado en relación con la detención en establecimientos penitenciarios”, añadieron.

Yadarola está recolectando información sobre las condiciones de detención de 86 represores --entre los que se encuentran, por ejemplo, Jorge Eduardo "Tigre" Acosta o el cura Christian Federico Von Wernich. Cuando reciba la totalidad de los informes, convocará a una audiencia en la que podrán exponer las organizaciones encabezadas por Justicia y Concordia así como el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que tiene al Servicio Penitenciario Federal (SPF) bajo su órbita. Los genocidas también pidieron ser escuchados.

“La solicitud de estas audiencias no es más que una estrategia burda para presentarse como víctimas de un proceso de justicia que ha sido legítimo, transparente y ajustado a derecho. Rechazamos categóricamente este intento de relativizar los crímenes aberrantes cometidos durante la dictadura militar, crímenes que son de lesa humanidad y, por ende, imprescriptibles según el derecho internacional y las normativas vigentes en nuestro país”, dijeron desde la asociación Víctor Basterra –que nuclea a sobrevivientes y testigos en la causa ESMA.