El Gobierno nacional acordó con las administraciones provinciales que adhirieron al denominado Consenso Fiscal reincorporar en el proyecto de Ley de Presupuesto para el año próximo la transferencia de 20.000 millones de pesos del Banco Nación al Tesoro, un 22,5 por ciento del patrimonio neto actualizado de la entidad, y el compromiso de ceder el 20 por ciento de las utilidades anuales futuras. Esta disposición había sido incluida junto con una reforma de la Carta Orgánica de la entidad para que el traspaso fuese posible, pero frente al rechazo de parte del arco opositor y del gremio de trabajadores del sector iba camino a quedar como letra muerta dentro del proyecto original. Sin embargo, durante las negociaciones del pacto fiscal la idea fue resucitada como prenda de cambio frente a otras concesiones que hizo el Gobierno a las provincias. Desde el gremio de bancarios, que había denunciado un intento por quebrar la institución para luego privatizarla, aseguran a este diario que la instancia del diálogo ya fue agotada y que esta semana definirán las medidas que tomarán para oponerse a la descapitalización del banco que conduce Javier González Fraga.

La banca pública, tanto el Nación como el Provincia, fue la primera en apuntalar vía créditos a la producción, principalmente a las pequeñas y mediana empresas, la recuperación económica que se inició en los años siguientes a la crisis de 2001-2002. “El gobierno de Cambiemos vuelve a apostar todas las fichas a un sistema financiero extranjerizado y, en ese contexto, el quebranto del banco es posible que sea parte del plan”, señaló a PáginaI12 el secretario de prensa de La Bancaria, Eduardo Berrozpe. “Buscan dejar de lado el carácter trascendente que tiene en la política económica el Banco Nación”, agregó el directivo.

En el Presupuesto 2018 se incorporaron dos artículos con el objetivo de que el BNA financie al Tesoro con hasta el 20 por ciento de las utilidades de la entidad más grande del país, mientras que el remanente vaya a aumentar el capital o al destino que considere el Directorio.  El artículo 89 dispone reducir en 20.000 millones de pesos el capital social del Banco y transferirlo al Tesoro nacional. “Encomiéndase al Directorio de la mencionada entidad que adopte las medidas necesarias para cumplir con la transferencia ordenada y realizar las adecuaciones societarias pertinentes”, señala el texto presentado. En el 90 se reforma el artículo 5 de la Carta Orgánica del Nación.

Desde La Bancaria indicaron que a través de un artículo del Presupuesto se pretende incorporar modificaciones a la Carta Orgánica “para habilitar esa y otras futuras transferencias, con la posibilidad cierta de regresar a las prácticas de los 90 y vaciar el banco para luego privatizarlo”. En la entidad aseguran que responde al lobby de la banca extranjera. El diputado Axel Kicillof (FpV) consideró que una modificación de este tipo requiere un debate y ser parte de un paquete del Presupuesto. “Al menos debería tratarse como un proyecto alternativo”, había señalado el ex ministro de Economía. Cuando se le solicitó al Ejecutivo mayores detalles sobre el destino de los fondos transferidos por el Nación aseguró “será para apuntalar el proceso de inversión”. “Tenemos que bajar el déficit, pero queremos hacer cloacas, agua potable y rutas, y eso requiere de recursos”, había explica el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, al presentar el proyecto en comisión de Diputados.

Estos artículos contaban con el rechazo de todo el peronismo y había escasas posibilidades de que saliera de Diputados tal cual lo redactado originalmente, cuando en diciembre comience el tratamiento con la nueva conformación del Congreso. Pero el Gobierno aprovechó el ‘toma y daca’ del pacto fiscal para asegurarse que pase la propuesta, al menos en el Senado, donde los legisladores responden de manera más directa a los gobernadores de las provincias que representan. En la negociación, que firmaron todas las provincias con excepción de San Luis, además de establecer pautas fiscales el Gobierno logró apoyo para reducir entre 50.000 y 70.000 millones de pesos por el recálculo previsional y para los 20.000 millones de capitalización del Banco Nación que transferirá al Tesoro, además de parte de las utilidades anuales.

El patrimonio neto del Nación al 31 de julio asciende a 89.782 millones de pesos, según el Estado Contable de la entidad que publica el Banco Central. La transferencia con destino al Estado nacional implicaría entonces una reducción de casi un cuarto del patrimonio actual de la entidad. A esto se suma la transferencia de las utilidades, que para los primeros siete meses acumula unos 9740 millones de pesos, según la información del organismo monetario.

Pero esta no es la única medida de Cambiemos que reduce la presencia del Nación en la política financiera y crediticia. A principio de mes el Gobierno dispuso el traspaso de tres unidades de negocios a la órbita del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Se trata del Nación Leasing, Nación Factoring y Nación Fideicomisos, que le permitirá al ministro de Producción, Francisco Cabrera, controlar las líneas de negocio del Banco Nación. El patrimonio que cambia de manos, por la cartera de activos que pasa de una institución a la otra, ronda los 2800 millones de pesos. A cambio, el Nación recibirá acciones del BICE, más precisamente el 66 por ciento del paquete accionario del banco de inversión. El objetivo oficial es que el Nación se focalice en el negocio de crédito a la pequeña y mediana empresa e hipotecarios.

Desde el gremio La Bancaria adelantaron que habrá medidas de fuerza, ya que el diálogo está agotado. “Estuvimos meses explicando los riesgos que esto genera y se hicieron todas las gestiones posibles. Ahora exigimos que esto se rechace. Además, cambiar la Carta Orgánica a través de una ley de Presupuesto es atentar contra la autonomía de la entidad”, aseguró Berrozpe, quien adelantó que esta semana habrá novedades del gremio. El directivo insistió con el objetivo último es “el quebranto de la entidad financiera”, lo que será un riesgo para toda la economía “dado el actual nivel de endeudamiento del país”.