Los tarifazos en los servicios que incluyen luz, agua, gas, telefonía móvil y transporte impactan entre un 15 y un 37 por ciento en la economía familiar. Cuando el precio estaba subsidiado, ese dinero tenía como destino otros consumos que movían el mercado interno. De norte a sur, Página 12 accedió a testimonios que relatan cómo las subas de los servicios hacen crujir los bolsillos de los hogares.
“Soy de la provincia del Chaco y con mi esposo estamos jubilados. Tenemos problemas de salud que se acrecientan con la mala calidad de vida que estamos llevando. La luz es uno de los servicios que aumentó excesivamente. Es inhumano porque en un año subió 1000 por ciento. Nosotros somos propietarios pero no tenemos otros ingresos", relató Graciela de la localidad de Resistencia, quien agregó su preocupación por el costo de los medicamentos.
Tuvieron que recortar gastos extras, ya no hacen tantas reuniones en los grupos familiares, no compran ropa y las salidas son más selectivas por el precio de la nafta. "Cambió la vida de la clase media, es un ajuste diario que nunca sabemos si va a alcanzar para terminar el mes. Yo con mi jubilación no llego a cubrir la primera quincena”, se lamentó.
En noviembre, el aumento autorizado por el Gobierno nacional en energía eléctrica fue de 2,5 por ciento y en gas natural de 2,7 por ciento. “En octubre del año pasado pagué 13.793 pesos de electricidad y hoy tengo una boleta de 126.000. ¿Y sabés? Usamos todas lamparitas led, me preguntó cuánto pagaría si fueran incandescentes”, aseguró Fernando, de la ciudad de Santa Fe, capital de la misma provincia. Son cinco y el artefacto que más utilizan es el lavarropas, pero en invierno las dos habitaciones sin salida al exterior donde duermen su hija y su mamá de 89 años requieren de placas eléctricas.
En la provincia de Buenos Aires el Ejecutivo bonaerense autorizó una suba del 4 por ciento en el servicio de luz, retroactiva al 1 de noviembre y vigente hasta el 31 de abril de 2025 para las empresas Edelap, Eden, Edes, Edea y las que tienen concesiones en ciudades y pueblos.
La gestión libertaria, por su parte, evalúa un nuevo incremento para el último mes del año y extendió hasta julio de 2025 la emergencia del sector energético.
“Esta situación me estresa, me la paso apagando luces y retando a los chicos si se las olvidan prendidas. Realmente son una locura los números. Dejamos de ir al cine y de salir a comer. En noviembre de 2023 pagábamos 4.429,82 pesos en luz y este noviembre la factura fue de 24.641,19. De gas para noviembre de 2023, la factura era de 2.903,70 pesos y este mes, de 23.584,65”, contó Laura, de Lanús, quién se quejó también por los incrementos en las cuotas de los colegios y en la telefonía móvil.
Las actualizaciones al alza que vienen teniendo mensualmente las tarifas de servicios gravitan en la crisis del consumo y en la caída de la producción. Se trata de prestaciones fundamentales para el funcionamiento de los hogares y de las industrias. Según datos hasta octubre, los aumentos alcanzan al 600 por ciento en energía eléctrica, al 550 por ciento en gas natural y al 289 en las tarifas de AySA.
Hilda tiene 81, es jubilada y vive sola en una casa de La Plata, con tristeza reconoce que para pagar las facturas de servicios debe recurrir a la ayuda de sus hijos. En diciembre de 2023, el abono de gas era de 6.510 pesos y este año, aun reduciendo el consumo, deberá pagar 30.932 pesos el 1 de diciembre.
"Cuando comenzaron a llegar las facturas con los aumentos, no les decía nada a mis hijos y apagué una de las dos pequeñas estufas. Creí que si reducía el consumo iba a poder pagar como siempre", recordó y así lo indica su factura: en diciembre de 2023 consumió 441 m3 de gas y este año lo redujo a 316 m3. “Si no les pido ayuda a mis hijos, no puedo comprar los remedios. No puedo. Todos los servicios aumentaron y los medicamentos antes tenían descuentos por PAMI", concluyó.
La jubilación mínima en noviembre, incluyendo el bono de 70.000 pesos, será de 322.798,48 pesos, según anunció la gestión libertaria. Con esta suba, en valores interanuales muestra una caída real del 4,28 por ciento.
Andrés le paga el gas a su papá, jubilado y pensionado con la mínima. No cobra bono por recibir las dos cargas y adhirió al descuento para beneficiarse de la tarifa subsidiada. Vive en La Dulce, partido de Necochea. Pagaba 4.742,92 en noviembre de 2023 y este mes le llegó una factura por 43.433,49 pesos.
Pobreza energética
El Índice de Pobreza Energética Multidimensional determina a nivel mundial que el valor de los servicios no pueden superar el 10 por ciento del salario. “En Argentina supera el 37 o 38 por ciento de los ingresos. Entonces, a los usuarios no les alcanza si tenemos en cuenta que el sueldo promedio en el país es de 600.000 pesos”, denunció Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores (Adduc). Además, advirtió que los almacenes están vacíos y que los supermercados solo generan más ventas con las promociones de los fines de semana: “la población no puede gastar, no tiene plata”.
La Cooperativa 16 de Octubre Ltda distribuye la luz y el agua en Esquel, Trevelin y Aldea Escolar, provincia de Chubut. Allí una factura con esos dos servicios para una persona joven que vive sola era de 10.000 pesos en noviembre de 2023 y pasó a 45.000 en noviembre de 2024. En el caso del gas, subió de 5.000 a 20.000 pesos en igual periodo. En cambio, para una familia de tres personas el gas salía 16.371,19 pesos a fines del año pasado y en el último mes la boleta marcó 99.586,73. La electricidad junto con el agua, para los mismos meses, pasó de 27.864,01 a 98.535,67 pesos.
“Organizamos compras comunitarias de comida para conseguir mejores precios y, como complemento de los sueldos fijos, un gran número de personas participa de las ferias artesanales que, últimamente, pasaron de funcionar los sólo los fines de semana a establecerse de forma permanente”, relató un vecino.
Patricia Guerra integra el Instituto Futaleufú de Esquel, una Asociación Civil que surgió de los tarifazos que implementó Mauricio Macri cuando fue presidente de la Nación. “Presentamos una propuesta de ordenanza para que haya audiencias públicas antes de incrementar los servicios y que la Cooperativa no tenga la potestad de decidir sobre un derecho de toda la población. También pedimos que previo a cortar el servicio la empresa deba consultar al ejecutivo municipal para que evite una decisión tan drástica”, detalló Guerra, quien también forma parte de la Multisectorial por los Servicios Públicos en Esquel.
En octubre de este año se trató el proyecto, pero sólo tuvo lugar el punto sobre audiencias públicas. “Ya está previsto que enero impacten los aumentos autorizados por el Gobierno nacional en noviembre y te aseguro que van a ser impagables”, opinó.
Cambiaron los hábitos de consumo y también la gente se endeuda, reiteran. “Cuando se atrasan con el pago de una factura los intereses por mora son en todos los servicios y es muy difícil abonarlas. Cada vez más personas no pueden pagar y muchos quedan fuera de la tarifa social por muy poquita diferencia respecto al salario mínimo. Se fueron restringiendo las compras y, por ejemplo, acá la venta de comida para llevar cayó un 30 por ciento en términos anuales”, agregó.
Según un informe del Foro Multisectorial contra los Tarifazos, la canasta de la clase media vinculada a servicios se duplicó durante la gestión Milei: representaba el 5,1 por ciento del ingreso formal neto en octubre de 2023 y en noviembre de este año llegó al 12,2 por ciento.
Menos ingresos, más gastos
En el barrio donde vive Claudia, en la periferia de La Plata, no hay instalación de gas de red. “La luz a noviembre de 2023 salía 12.664 pesos y en noviembre de 2024, 190.493 pesos. También tuve dos boletas anteriores de 211.000, durante los meses más fríos. En casa somos dos personas. Dejamos de pedir comida y usamos menos el auto”, dijo y mostró preocupación por las personas electrodependientes que viven cerca suyo.
Por su parte Adriana, una trabajadora de la ciudad de Berisso y quien aún podía continuar 5 años como trabajadora en el Estado, reconoce que debió decidir entre "la incertidumbre o la jubilación", tras los anuncios de "cierre y reestructuración" de la empresa donde se desempeñaba y ante posibles modificaciones "por decreto" en el sistema previsional.
Con más de 30 años de aportes, 12 como trabajadora estatal y más de 20 como monotributista, asegura que percibe menos del 50 por ciento que cuando estaba en actividad. “No puedo pagar una obra social o prepaga" y por eso tuvo que discontinuar el tratamiento con el médico especialista al que asistía. “Es normal esperar más de un mes y medio para poder conseguir un turno a través de PAMI", afirmó con desesperanza.
De igual modo, indicó que para poder llegar a fin de mes debió dar de baja servicios y hacer malabares para pagar las facturas que llegaron con incrementos de entre 250 y 300 por ciento. "Que alguien me diga cómo hacer para pagar hoy con la mitad de lo que cobraba, cuando en diciembre de 2023 la factura de gas fue de 6.028 pesos y en los próximos siete días debo pagar 35.994”, se preguntó.
Desde Misiones, Ana cuestionó: “Acá tenemos las represas de Yacyretá y Urugua-í y, sin embargo, pagamos la luz más cara de la Argentina”.
En este sentido, Bassano alertó sobre el servicio eléctrico: “si el gasto supera los 300 kilovatios (kW) por mes te sacan el subsidio. Y en el caso de la tarifa social del agua “al que pagaba 3.000 le llegó una factura de 30.000 pesos y se trata de una prestación de asistencia vital”.
Con respecto al anuncio del Ejecutivo nacional sobre la restricción de la presión del agua para quienes no abonen el servicio, indicó que puede provocar el ingreso de bacterias a los caños y generar enfermedades: “el Estado tiene responsabilidad en la salud pública, por lo tanto va a terminar en muchísimos juicios”, anticipó.
Un millón de usuarios que tenían acceso a la Tarifa Social lo perdieron durante la gestión libertaria. “Trabajamos con 55 Centros de Jubilados en La Matanza, con inscripciones para que puedan obtener los subsidios. Como respuesta, centenares de jubilados con los que habíamos resuelto el trámite se acercan nuevamente, porque si consumieron más de 700 kW los cambian de nivel y de golpe les llegaron boletas de 80 a 90 mil pesos”, subrayó Pedro Busetti, titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (De.U.Co).
En aquellos sectores de menores ingresos, donde viven familias numerosas y el consumo de luz es de 1200 kw “en función de que no tienen gas natural, ni artefactos óptimos, las facturas llegan a 120.000 pesos. Ahí es cuando las familias se sobreendeudan y otros quedan morosos, porque realmente no lo pueden resolver en función de sus ingresos fijos”, planteó Busetti. En el caso de La Matanza, mientras esté vigente un amparo, las empresas no tienen potestad para cortar los servicios a ningún usuario.
En esa línea, Claudio Boada, a cargo de la Unión de Usuarios y Consumidores, sostuvo que “la gente está reduciendo el consumo y bajando la calidad de lo que compra. Ya no usa tanto delivery y hay cada vez más sectores que se la rebuscan para comer todos los días”.
El referente mostró preocupación por la tendencia creciente a pagar instantáneamente la factura desde una billetera virtual, sin chequear consumos. “Desde que no llegan las boletas en papel, muchos no saben lo que pagan y abonan de inmediato por miedo a quedarse sin el servicio”, detalló.
En último informe de De.U.Co sobre este tema asegura que “en los cuarenta años de recuperación de la democracia, nunca en tan corto plazo, se produjeron aumentos de tarifas como las que llevó adelante el gobierno nacional en tan solo 10 meses de gestión”. El presidente Javier Milei está orgulloso y lo vocifera: el ajuste más grande de la historia de la humanidad.
