La ansiada reforma constitucional en Santa Fe, no podía salir en oferta. Implicará un costo para el gobernador Maximiliano Pullaro que al tener que incluir el proyecto en extraordinarias, deberá poner su firma al pie del expediente que solicite su tratamiento. El peronismo se puso firme y esta vez no quiso dejar toda la negociación en manos del diputado Omar Perotti y su bloque, como sucedió con la reforma de la Corte Suprema. El duro comunicado partidario en la semana fue firmado también por el sector del exgobernador y calificaba la avanzada reformista del oficialismo de “apresurada” e "inoportuna", cuestionando además sus fundamentos democráticos e institucionales. También aseguró que el gobierno de Unidos buscaba una "perpetuación en el poder" mediante la reelección del actual gobernador. Y agregó que cualquier proceso de reforma constitucional “debe desarrollarse en el marco de un amplio diálogo democrático que involucre a todos los partidos políticos y se realice de cara a la sociedad”.

La diatriba de la diputada Amalia Granata hizo el resto. La opinión pública no tiene por qué saber todos los pormenores y roscas detrás de una negociación compleja en torno de un tema que, entiende, no le cambiará la vida. Pero sí es capaz de escuchar en medio del murmullo político la estridencia de una frase: “Intentaron comprar votos de diputados de mi bloque a mis espaldas”, dijo la legisladora. Aunque ella misma reconoció que las maniobras eran incomprobables, el daño estaba hecho. Las conversaciones más o menos institucionales se habían transformado en un escenario de compraventa de voluntades para conseguir la reelección de Pullaro.

A barajar y dar de nuevo. Esta vez los votos del peronismo son necesarios para la mayoría especial que declare la necesidad de la reforma de la Carta Magna provincial. Y como dijeron muchos dirigentes del PJ en ocasión de la sanción de la reforma judicial y de la Corte; “no nos oponemos a que Perotti negocie estos temas con Pullaro, lo que queremos es que la negociación incluya a todo el peronismo”. Ahora se cumplió con este pedido. La bancada del exgobernador que, por más que baje y baje su perfil todos ven como jefe político, salió por arriba del tema de la manera usual: Presentando un nuevo proyecto de reforma constitucional que se suma a otros ocho que hay en la misma dirección. Pero fue la diputada Celia Arena de ese mismo bloque la que indicó:  “No vamos a avalar una reelección del actual gobernador”.

La ampliación del campo de batalla, como en la novela de Michel Houellebecq, se vió por estos días con la reunión que mantuvieron el socialista Joaquín Blanco, el radical Felipe Michlig, y la vicegobernadora PRO Gisela Scaglia con referentes del Partido Justicialista: el presidente Guillermo Cornaglia, el senador Armando Traferri y la diputada Lucila De Ponti.

El propio Pullaro aceptó hablar del tema después de meses de asegurar que no se iba a involucrar porque había “problemas más graves que solucionar” en Santa Fe. Pero aceptó que si bien hay voluntad política de avanzar en la Legislatura, falta mucha negociación. Es decir, admitió que este tema no era igual a la reforma previsional y a la judicial donde con el peso de su propia mayoría, alcanzaba. Y habló por primera vez sobre su posible reelección. “No es un escollo” para que salga la reforma, dijo. Pero no es lo que dicen sus propios legisladores. Ya otros gobernadores pretendieron avanzar con la reforma constitucional incluso auto excluyéndose de sus reelecciones, pero igual los cambios a la Carta Magna no prosperaron.

A los tiros

Paralelamente, el gobierno provincial acelera en un tema que es bandera como el respaldo irrestricto a la policía. La decisión de la Corte Suprema (sin la firma de Daniel Erbeta) de anular la condena por homicidio contra el policía Luciano Nocelli, es una muestra clara de hasta dónde piensa llegar Pullaro en este tema.

El gobernador de Santa Fe ya tiene a su Luis Chocobar, aquel policía que mató por la espalda y que luego fue absuelto y celebrado por el gobierno de Mauricio Macri y la ministra Patricia Bullrich. Nocelli hizo lo mismo, mató a dos delincuentes cuando ya estaban reducidos y a una distancia más corta de lo que lo hizo el policía de Buenos Aires.

La denuncia de un asalto en la vía pública ocurrido el 21 de mayo de 2019 en Rosario, derivó en la intervención de una dupla policial, uno de cuyos efectivos ejecutó a corta distancia y sin mediar ya peligro para los agentes, a dos personas, que sospechaban habían cometido aquel delito inicial. Un fiscal analizó todo el episodio por una cámara de seguridad del lugar, y logró la condena del policía Luciano Nocelli en primera y segunda instancia a 25 años de prisión, por los homicidios.

Las pericias dijeron que la mujer, madre de tres hijos, fue baleada a una distancia máxima de 70 centímetros, mientras que el hombre fue ultimado a poco más de un metro de distancia. Ambos fallecieron horas después en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. "Esto es una locura, eso fue un fusilamiento, ni siquiera se puede hablar de exceso en la legítima defensa del policía, porque la legítima defensa termina cuando el hombre cae al piso y sin disparos por hacer, mientras la chica estaba de espaldas subida a la moto y no representaba peligro alguno, y el policía le tiró a quemarropa y sin piedad. Este fallo es una locura", dijo esta semana a Rosario/12 un fiscal con acceso a la causa. 

Según el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, no será la última decisión judicial en esta dirección. Señaló que hay otro caso similar por el que irán hasta las últimas consecuencias. “No podemos ser timoratos como Estado, primero está la vida del policía y la vida del ciudadano a proteger", dijo el ministro. Curiosamente en el fallo judicial condenatorio tres jueces habían coincidido en que “nunca debe perderse de vista que el Estado de Derecho sólo puede concebirse con un actuar reglamentado y medido de la fuerza policial”. Y agregó que “imaginarlo de otro modo implicaría exponer a cualquier ciudadano a ser víctima de un exceso- potencialmente letal-, por desconocer los límites inherentes a la utilización de la fuerza y armas de fuego que portan los agentes públicos”.

Pullaro había hablado sobre le caso del policía Nocelli ya durante su campaña electoral que lo llevó a la gobernación. Y en los últimos tiempos había asegurado que utilizaría su potestad para indultar al agente condenado si hacía falta. El día que liberaron al uniformado tras cinco años de prisión, en el centro de Justicia Penal sonaron las sirenas de los móviles policiales que había en el lugar y el policía absuelto se fue a su casa en medio de una cerrada ovación de sus colegas uniformados.