Río de Janeiro, la vidriera global de Brasil, se desangra por la crisis económica, el aumento de la violencia y también por una degradación de su clase política, reflejada en la detención por corrupción de los últimos tres ex gobernadores, apenas un año después de haber albergado los Juegos Olímpicos. Para completar el cuadro de este carnaval decadente, el ex presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos Río 2016, Carlos Nuzman, fue detenido acusado de haber pagado votos de países africanos en 2009 para la elección de la ciudad como sede olímpica con dinero desviado de contratos del gobierno estadual.
Este combo, al que se le agrega el récord de policías asesinados y de violencia criminal en las favelas y en los barrios tradicionales, está teñido del color verde oliva de las tropas del Ejército que ocupan la ciudad para colaborar con la seguridad pública, que generó conflictos legales porque la justicia común no tiene competencia para juzgar posibles abusos de los militares.
La policía, los maestros y otros empleados públicos del estado sufren atrasos en el pago. El gobierno estadual el año pasado se declaró en bancarrota por una serie de factores, como la baja de la recaudación petrolera, en medio de la Operación Lava Jato, que detuvo grandes proyectos de la industria de hidrocarburos y refinerías sospechados de corrupción.
Lava Jato se posó sobre el estado de Río de Janeiro de la mano del juez Marcelo Bretas, llamado “el Sérgio Moro carioca” por implementar la prisión preventiva y organizar operativos espectaculares contra políticos y empresarios. El primer caído fue el diputado Eduardo Cunha, mano derecha de Temer en el Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) que motorizó como presidente de la cámara baja el juicio político que destituyó a Dilma Rousseff.
El PMDB, que tiene en Río uno de sus principales bastiones de poder, quedó arrasado, pero aún mantiene las riendas mediante el gobernador Luiz Fernando Pezao, acusado de recibir sobornos. Su jefe, el ex gobernador Sergio Cabral (2006-2014) está detenido condenado a 45 años de prisión por cobrar sobornos millonarios de empresas contratistas que hasta le compraban joyas a su esposa, Adriana Anselmo, en una sentencia polémica dictada por el mediático juez Bretas. En los últimos diez días fueron detenidos los ex gobernadores Anthony Garotinho (candidato presidencial en 2002) y su esposa Rosinha Matheus por comprar votos en la elección municipal de 2016 en el municipio y polo petrolero de Campos dos Goytacazes, bastión de la dupla del Partido de la República.
