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Los pocos represores que aún quedan presos quieren celebrar el primer aniversario del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel en sus casas. Para eso, tienen una apuesta: organizaciones que los defienden presentaron, fórum shopping mediante, un hábeas corpus ante la justicia nacional ordinaria para impugnar las condiciones de detención en las que se encuentran. Ésta no es la primera maniobra que intentan desde que soplan vientos políticos favorables. Hasta ahora, sus intentos no dieron frutos.
Una decena de asociaciones que se definen como de “memoria completa” interpusieron un hábeas corpus a favor de los mayores detenidos en las cárceles. No les preocupan todos los presos sino los que están allí por haber secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido.
Estos grupos –encabezados por la asociación Justicia y Concordia, que nuclea a abogados que intervienen como defensores en procesos de lesa humanidad o que sienten afinidad con la causa– no fueron a la justicia federal, donde tramitan las causas por crímenes cometidos durante los años del terrorismo de Estado. Decidieron hacerlo ante la justicia nacional, históricamente más conservadora. Justificaron su elección: dijeron que los jueces federales tienen un comportamiento “omisivo” frente a la situación de los detenidos de lesa humanidad. Debe decirse que los datos los contradicen. Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), hay 630 detenidos por lesa. Solo 129 de ellos están en las cárceles.
En el hábeas corpus plantean centralmente que no se cumple con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que insta a buscar medidas alternativas a la prisión para este grupo etario. Reclaman, además, que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) adopte medidas diferenciadas para estos detenidos.
Entre los firmantes del recurso está Cecilia Pando, que en enero había firmado una carta en La Nación reclamando que Milei y Villarruel cumplieran con las promesas de campaña y, después de ese texto, había reconocido que hubo contacto con los entornos de ambos. También lo promueve la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina (Afavita), cuya vicepresidenta es Silvia Ibarzábal, asesora en materia de derechos humanos de Luis Petri en el Ministerio de Defensa.
El juez Martín Yadarola inicialmente rechazó el hábeas corpus. Sin embargo, la Cámara del Crimen –con los votos de Magdalena Laiño y Rodolfo Pociello Argerich– les abrió a los amigos de los represores la ventana que estaban esperando. Los camaristas le ordenaron a Yadarola que hiciera una audiencia antes de decidir sobre el pedido de hábeas corpus. Y que recién después se pronuncie sobre la competencia –esto quiere decir que después diga si debe intervenir él o un juez federal.
Yadarola empezó a recabar información sobre unos 80 detenidos cuyos nombres acercaron desde Justicia y Concordia. Desde esa organización celebraron que estaban auditando a la justicia federal. En Comodoro Py, algunos jueces leyeron con incredulidad la publicación en redes sociales.
Un spa en Campo de Mayo
Al Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de Comodoro Py llegó un pedido de informes acerca de varios presos de lesa que están a su disposición. El juez Adrián Grünberg tiene a su cargo a uno de esos detenidos: Rubén Héctor Escobar, un exintegrante de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que será juzgado posiblemente el año próximo por crímenes cometidos en Automotores Orletti y la Base Pomar.
El nombre de Escobar fue acercado por los abogados Alberto Solanet, Guillermo Fanego, María Laura Olea y Ricardo Saint Jean como una de las personas mayores a las que se le agravaron las condiciones de detención. Sin embargo, su caso pone en jaque todo el planteo. Escobar pidió que le revocaran la prisión domiciliaria porque tenía conflictos con su familia. Recién el 20 de noviembre ingresó a la Unidad 34 de Campo de Mayo.
Grünberg le pidió al SPF que le informara en qué condiciones se encuentra Escobar. Le contestaron que está alojado en el Pabellón A, donde hay otros 17 internos. Según la descripción, este lugar tiene un salón de usos múltiples (SUM), cocina y comedor con heladeras, freezer, microondas, horno eléctrico, cocinas de tipo industrial, televisor, estufas y aire acondicionado. Escobar duerme en una “habitación” –no le dicen celda– individual en la que tiene cama, escritorio, silla y armario.
El juez quiso saber qué actividades, por ejemplo, se ofrecen en la Unidad 34. El listado es extenso. Los detenidos de lesa tienen un aula virtual –en la que aprenden, por ejemplo, sobre inteligencia artificial. Hay un campo de deportes, donde pueden hacer caminatas individuales o con acompañantes. Martes, miércoles y viernes pueden jugar al tenis. Hay un espacio recreativo para hacer actividad física. Tienen clases de reeducación postural, movilidad articular, flexibilidad y stretching. Los viernes hay un taller de teatro con profesoras civiles, contratadas para tal fin. Miércoles y viernes hay jornadas de música: aprenden instrumentos y se dedican a distintos géneros como folklore, tango o baladas. Quienes así lo prefieran pueden acudir al taller de piano. Los miércoles hay también proyecciones culturales con el correspondiente debate. Los viernes hay encuentros sobre neurociencia, filosofía o historia. Lunes y jueves pueden practicar tenis de mesa.
La descripción que hace el propio SPF contrasta con las denuncias de que las condiciones de detención se agravaron–como surge del hábeas corpus.
Los otros intentos
El hábeas corpus –figura que en la dictadura se usaba para intentar tener información sobre los desaparecidos– es la última estrategia ensayada por los grupos pro-represores. Hubo otras desde que llegó el gobierno de La Libertad Avanza (LLA).
La apuesta a Casación. El 11 de diciembre del año pasado, un día después de la asunción de Milei, los abogados Olea y Saint Jean pidieron que la Cámara Federal de Casación Penal hiciera un plenario para definir cómo se aplica la prisión domiciliaria para mayores de 70 años. El tema corrió durante algunas semanas. Finalmente, el 22 de marzo –dos días antes de la marcha en repudio del último golpe de Estado– el tribunal desestimó el pedido con las firmas de los integrantes de superintendencia de la Cámara, Mariano Borinsky, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques y Daniel Petrone.
Un gesto desde el SPF. Para marzo de este año empezó a circular la versión de que Patricia Bullrich podría impulsar un cambio de reglamento en el SPF para que no hubiera detenidos mayores de 70 años. La información tenía asidero. El jefe de gabinete de Bullrich, Carlos Manfroni, había escrito el año pasado en La Nación, en una columna titulada El silencio de los buenos, que preparaban una solución para que no hubiese represores detenidos. La solución estaría apoyada en las convenciones internacionales –casualmente es el mismo argumento que ahora se invoca en el hábeas corpus que motorizan las organizaciones de “memoria completa”. Sin embargo, no hubo cambios en ese sentido.
Los contactos políticos. Tanto en Campo de Mayo como en el penal de Ezeiza, los represores recibieron a dirigentes políticos en lo que va del año. En marzo, funcionarios del Ministerio de Defensa fueron de visita a la Unidad 34. La cartera que dirige Petri alega que fueron a controlar cuestiones edilicias, pero no se condice con el perfil de los visitantes. Página/12 reveló la visita, que después fue confirmada oficialmente por el gobierno. Este diario también contó que, a partir de ese encuentro, los represores mandaron textos de agradecimiento e hicieron llegar distintas alternativas para mejorar su situación procesal. Seis diputados de LLA fueron en julio a Ezeiza a entrevistarse con Alfredo Astiz, Adolfo Donda y compañía. Se fueron con una propuesta de Raúl Guglielminetti, exagente del temible Batallón de Inteligencia 601, para favorecer la prisión domiciliaria. La foto de ese encuentro causó conmoción. Sin embargo, solo fue la punta del iceberg. Debajo de eso había un movimiento por torpedear el proceso de justicia, que se discutía en chats o en reuniones que promovía el cura Javier Olivera Ravasi. En esos chats –difundidos por la diputada Lourdes Arrieta–, participaban, entre otros, los abogados Olea y Saint Jean así como el excamarista Eduardo Riggi. Había proyectos para que la domiciliaria fuese automática a los 70 y para limitar las investigaciones que están en curso.
La denuncia internacional. Hace tiempo que los represores decidieron hacer presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta ahora ninguno de sus planteos fue considerado. Hay planteos individuales y colectivos. Durante el macrismo, el gobierno maniobró para que la Comisión recibiera a una comitiva de organizaciones de “memoria completa” –liderada también por Justicia y Concordia. Desde Campo de Mayo, los criminales de lesa mantuvieron una videoconferencia con una funcionaria de la CIDH el 16 de octubre pasado para que les explicara cómo motorizar sus reclamos.
Las opciones son muchas. Se decidieron a dar una pelea en todos los frentes para salir de las cárceles. La apuesta más fuerte está representada por el hábeas corpus. Los represores ya pidieron participar de la audiencia: van a usarla como un plafón para mostrarse como víctimas del proceso de justicia. Lo más importante allí será la respuesta de la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del SPF, a cargo de Julián Curi, el abogado que patrocinó a Bullrich en varias causas penales.
