El gobierno nacional optó por hacer propia la versión de Prefectura de que sus agentes fueron atacados por un grupo armado tras el asesinato del joven Rafael Nahuel en Villa Mascardi. Después de la defensa de Gendarmería en el caso de Santiago Maldonado, la reacción oficial en este caso es similar: abrirán un sumario interno sobre los integrantes de Prefectura Naval y no separarán de su puesto a ninguno de los involucrados. Sí habrá un mayor cuidado a la hora de salir a hablar, luego de la experiencia de Patricia Bullrich defendiendo a la Gendarmería. Pese a la apertura de sumarios, el comunicado oficial sostuvo que los prefectos fueron atacados con “boleadoras y lanzas” y con armas “de grueso calibre”, lo que les obligó a responder al fuego. En el Ministerio de Seguridad ya tienen una evaluación clara de lo que está ocurriendo en el sur: “Hay un grupo que es el RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) que no reconoce a la Argentina, ni su soberanía ni sus leyes”, evaluó un funcionario ante este diario. En el comunicado oficial, alertaron sobre el retorno de “la violencia armada”.

Con el asesinato de Nahuel, se repiten la mayoría de las lógicas que operaron en el caso Maldonado. En las primeras horas primaron el silencio y la cautela: “Se va a esperar la resolución de la Justicia y ahí se verá cómo actuar. No creo que nadie salga a hablar antes de que el juez tome alguna determinación. Además, hay secreto de sumario”, fue la respuesta de uno de los integrantes del Ministerio de Seguridad a este diario. La idea inicial era no repetir situaciones como las que pusieron en vilo a Bullrich, cuando convenció al presidente Mauricio Macri de jugarse todo a la hipótesis de que Maldonado nunca estuvo en la comunidad mapuche y fue asesinado por un puestero, algo que resultó ser falso.

Pero eso pronto cambió, cuando el ministerio que conduce Bullrich decidió salir con un comunicado en el cual avaló la versión de Prefectura y sostuvo que los prefectos fueron emboscados por un grupo que tenía armas blancas, boleadoras, lanzas y “armas de grueso calibre”. “El Ministerio de Seguridad  lamenta lo sucedido pero considera que, en esta oportunidad, no se trató de un grupo de protesta o de reivindicación sino de una metodología de violencia armada, inadmisible con la democracia y el Estado de Derecho, y deposita la confianza en la investigación judicial para demostrar que actuó bajo todas las medidas operativas y protocolos que se utilizan en un enfrentamiento armado”, afirmó el ministerio que conduce Bullrich.

La ministra fue la encargada de comunicarle la noticia al Presidente, que pasaba el fin de semana en la quinta familiar Los Abrojos. Lo hizo luego de una conversación con el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Macri esperaba también tener noticias de otro ministro: Oscar Aguad, quien enfrenta la crisis de la desaparición del submarino ARA “San Juan” y resolvió salir de su mutismo ayer (ver página 9). El Presidente pidió que lo mantengan al tanto de lo que ocurra en Río Negro.

En el Ministerio de Seguridad, en tanto, advirtieron que no separarán a ningún prefecto, al igual que tampoco separaron a ningún gendarme luego de la irrupción violenta y sin orden judicial a otra comunidad mapuche el 1 de agosto. Sí iniciarán un sumario, con características similares a las del caso anterior, tomando la versión de los prefectos. De hecho, habrá dos sumarios: el segundo lo instruirán las propias autoridades de la Prefectura Naval Argentina. Lo llamativo es que, antes de que se instruyan los sumarios, el ministerio ya resolvió y comunicó públicamente que apoya la versión de los prefectos y descree de los mapuches, que aseguran que se trató de “una cacería”. 

Las coincidencias con el caso Maldonado se siguen acumulando: el ministerio envió al sur a monitorear el conflicto al secretario de coordinación con el Poder Judicial, Gonzalo Cané, el mismo que entraba y salía del juzgado de Guido Otranto y presentó la hipótesis del puestero en la causa Maldonado. El mismo que estuvo en el violento allanamiento a la Pu Lof en resistencia Cushamen y tenía como objetivo deslegitimar los testimonios de los mapuches. 

¿Cuál es la evaluación que hacen en el Gobierno de la sucesión de hechos en el sur, primero la muerte de Maldonado y ahora la de Nahuel? “Esto ocurre porque hay un grupo que es el RAM que no reconoce a la Argentina, ni su soberanía ni sus leyes”, fue la respuesta de uno de los funcionarios de Seguridad, quien confirmó que uno de los dos detenidos lleva el apellido Jones Huala, el mismo que el de lonko de la comunidad mapuche en donde murió Maldonado. Para el Gobierno, esto es una prueba del “involucramiento del RAM” en Villa Mascardi. Sobre otra de las personas baleadas, que era voluntaria en el Ejército, señalaron que “el Ejército ya la declaró desertora”. No obstante, el Ejército informó que solamente se inició el trámite administrativo para averiguar el motivo por el que se ausentó. 

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, siguió la misma línea del comunicado de Seguridad: dijo que “en una recorrida” el grupo de Prefectura “se encuentra con un grupo de personas y empieza un enfrentamiento primero con piedras y después con armas, que termina con una persona fallecida y dos heridas”. “La RAM es un grupo violento, autoritario y que pone en discusión la organización del Estado argentino, nuestro himno, la bandera y lo que es la patria hoy”, se enfureció el gobernador, alineado con el oficialismo. Ni en el gobierno nacional ni en el provincial parecieron tomar en cuenta las sucesivas desmentidas de los mapuches que fueron desalojados violentamente de pertenecer a la RAM. Tampoco hubo explicaciones sobre el trato hacia mujeres y niños, que fueron precintados en el operativo desarrollado el jueves pasado.