Tras una jugada táctica que le permitió avanzar rápidamente con la reforma del régimen jubilatorio para los trabajadores del Banco Provincia (Bapro) en el Senado, al interior de Unión por la Patria ponen en análisis el escenario que deberá enfrentar el proyecto de Ley enviado por el gobernador Axel Kicillof en la Cámara de Diputados.

El texto, que fue aprobado bajo el sistema de mayoría simple con los votos oficialistas, los del bloque de senadores “libertarios dialoguistas” que comanda el bahiense Sergio Vargas y con el respaldo de la senadora Betina Riva, que responde a la diputada nacional libertaria Carolina Piparo, ahora deberá sortear su suerte en la Cámara baja. Los antecedentes ayudan a pensar que no tendría demasiado escollo, dado que en lo que va del año, se dio luz verde a diversas propuestas del oficialismo en esa instancia.

En concreto, se trata de una propuesta que deroga la Ley 15.008, sancionada durante la gestión de María Eugenia Vidal. De aprobarse el texto, se restituye el 82 por ciento móvil para el cálculo de los haberes jubilatorios y el 75 por ciento para las pensiones. Asimismo, proyecta una reducción del déficit y restablece la edad jubilatoria de 60 años para las mujeres, que actualmente es de 65.

A ello se suma que el aporte de los activos pasa del 14 al 16 por ciento, en tanto que la suba de las contribuciones obligatorias del banco ascenderán al 21 por ciento, con un nuevo régimen para ingresantes con 19 por ciento de aportes personales.

En la previa de un mes que se vendrá cargado de sesiones, la semana pasada Alejandro Dichiara presentó un escrito para que devuelva el expediente al Senado.

La nota lleva la firma de los presidentes de los bloques PRO, Agustín Forchieri; de UCR+Cambio Federal, Diego Garciarena; y de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin. En la misiva argumentan que el procedimiento que llevó a la sanción en la Cámara alta fue “totalmente irregular”.

Para los representantes de la oposición, haber usado la mayoría simple por tratarse de una Sesión Especial, “no tiene basamento legal ni normativo” y, de seguir su camino en Diputados, el texto podría enfrentarse a una “nulidad”.

El poroteo de Unión por la Patria 

El oficialismo puso en análisis los caminos a seguir y comenzó con el poroteo para evaluar sus opciones. Lo que se conoce al momento es que, además de los votos peronistas; el oficialismo contará con respaldos como el de los unibloques del FIT y el PTS.

“Cuando Vidal les arrebató el régimen jubilatorio estuvimos en la calle acompañando a los trabajadores bancarios. La reforma de Vidal fue regresiva y un ataque a derechos conquistados. Lo que ahora presenta Kicillof no es la derogación en su conjunto de todos aquellos retrocesos y por eso no es lo que quisiéramos, pero entendemos que es progresiva, por lo que vamos a acompañar”, analizó ante Buenos Aires/12 la diputada de izquierda, Laura Cano Kelly.

Desde el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) que no responde a la línea oficialista del Comité Provincia, Acuerdo Cívico UCR+GEN, el legislador tandilense Matías Civale dejó una pista de la orientación que podría tomar el espacio.

“Participé en una reunión clave sobre la reforma de la Caja de Jubilaciones del Banco Provincia. Escuchamos al presidente del Bapro y a los gremios para analizar el impacto en los derechos de los trabajadores y en el déficit. Apostamos por soluciones sostenibles y justas”, dijo el diputado a LU22.

En efecto, esa reunión que encabezaron el titular de la banca pública, Juan Cuattromo y el secretario General del gremio La Bancaria, Sergio Palazzo, fue organizada por el bloque de libertarios dialoguistas Unión Renovación y Fe, que comanda Gustavo Cuervo. Desde ese espacio señalaron a este medio que el proyecto “aún se encuentra en evaluación”, pero el voto de sus pares de la Cámara alta podrían representar una pista de leo que terminará ocurriendo.

La urgencia del tratamiento del proyecto la marcan los casi 5 mil amparos que fueron presentados por parte de jubilados y jubiladas ante la Justicia provincial en contra de la normativa.

Como marcó este medio, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires falló en contra de la 15.008, suspendió varios de sus artículos y demandó que la Legislatura pueda abordar a una solución política del conflicto.