En Rosario y en Santa Fe y la región, los juicios por crímenes de Lesa Humanidad avanzan con una cierta constancia que lucha contra el olvido y la impunidad. Cada audiencia es un acto de resistencia, cada testimonio una victoria frente a un pasado que aún duele. Según los abogados de la APDH, este 2024 arrojó un balance positivo en el sentido de que se priorizaron los pedidos y posturas de las víctimas por sobre de las presentaciones de imputados y condenados que pretendían prisiones domiciliarias o libertades condicionales. Este informe de Rosario/12 repasa las causas, los expedientes, los testimonios, que transitarán los pasillos de los tribunales federales.
Rosario
El crimen del arquitecto. Una causa elevada a juicio oral y que se estima se llevará adelante el próximo año es el crimen de Horacio Roberto Machi, militante político y arquitecto, asesinado en un operativo del Ejército y la policía en Rosario el 1 de marzo de 1977. Su cuerpo, destrozado por explosivos, fue encontrado en una escena fraguada para simular un enfrentamiento armado. En este caso está involucrado el Destacamento de Inteligencia 121, una pieza clave en la represión ilegal. La denuncia fue presentada por Nora Patrich, compañera de Machi, a quien el terrorismo de Estado cercó su vida. Su testimonio, junto al de vecinos y familiares, será central en este juicio que busca condenar no solo los asesinatos, sino también la metodología sistemática de exterminio.
Feced V. Por último se espera que en 2025 se eleve a juicio algún tramo de Guerrieri V o Feced V pero no está confirmado aún cuál. Se espera que los procesos sigan al ritmo lento pero constante que mantuvieron este año. Según los abogados de la APDH, este 2024 arrojó un balance positivo en el sentido de que se priorizaron los pedidos y posturas de las víctimas por sobre de las presentaciones de imputados y condenados que pretendían prisiones domiciliarias o libertades condicionales.
Villazo. En Villa Constitución hace cinco décadas que resuenan los ecos de la lucha de los trabajadores. El juicio conocido como el Villazo, que juzga los crímenes cometidos contra los obreros metalúrgicos en los años previos al último golpe de Estado es mucho más que un proceso judicial: es una forma de reparación que intenta cicatrizar las heridas de un pasado que no se resigna a quedar en el olvido.
Las audiencias trasladadas en parte a Villa Constitución significaron un hecho inédito y simbólico. Por primera vez, el Tribunal Oral Federal Nº 1 aceptó salir de los márgenes de Rosario para llevar la justicia al lugar donde se cercó la ciudad, donde los sindicatos fueron desmantelados y donde la represión dejó huellas imborrables. “Fue una reivindicación que la justicia le debía a la gente de Villa”, destacó a este diario Gabriela Durruty, abogada querellante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) Seccional Rosario.
Este juicio no solo carga con el peso de la reconstrucción histórica, sino también con los obstáculos del paso del tiempo. Muchas víctimas, como Victorio Paulón y Alberto Piccinini, no llegaron a declarar, sus testimonios se apagaron antes de que el proceso pudiera avanzar. Del otro lado, varios represores también murieron o fueron considerados inimputables y encontraron en el paso de los años un escudo para eludir las condenas.
Sin embargo, la lucha no dejó de sumar fuerza. Hijos e hijas de los obreros perseguidos por el terrorismo de Estado ahora acompañan y sostienen la memoria de sus padres. “Ellos se criaron viendo las consecuencias del terror: listas negras, exclusión económica, la imposibilidad de reconstruir sus gremios. Hoy son quienes toman la posta y representan a sus viejos en los tribunales, porque muchos ya no están. Fueron de gran apoyo para poder sostener la lucha, nosotros puertas adentro y ellos puerta afuera del tribunal”, relató Durruty.
Esta causa, que tiene 22 imputados y 67 víctimas, está a un paso de terminar con la etapa de testimoniales y entrar en la de alegatos. La importancia de este juicio también reside en que se está juzgando la responsabilidad empresarial de Acindar representada en este caso por las únicas dos personas que quedaron vivas: Roberto Pellegrini y Ricardo Torralvo.
El Villazo no fue solo un ataque al movimiento obrero organizado; fue el ensayo de una maquinaria represiva que perfeccionaría su crueldad con el golpe de 1976. Un punto a destacar es que la aceptación de las posiciones de los sobrevivientes y las víctimas ha sido notable, especialmente en un contexto donde muchos represores buscan alivianar sus condenas con prisiones domiciliarias o libertades condicionales. “Aquí primó la postura de las víctimas ya que en otros lugares esas solicitudes fueron autorizadas”, señaló Durruty subrayando el impacto del trabajo y la organización constante de los sobrevivientes.
Saint Amant. Otro de los juicios en proceso oral es la cuarta parte de la megacausa Saint Amant que también está en etapa testimonial. Aquí se juzgan crímenes cometidos contra 59 personas en San Nicolás, Pergamino, Colón, Baradero, San Pedro y Ramallo por parte de los 11 imputados que pertenecían a fuerzas como el Batallón de Ingenieros de Combate 101 y la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense. Entre ellos se encuentran Antonio Federico Bossie, Guillermo Aníbal Piccione y Bernardo Luis Landa. Con antecedentes de 16 represores condenados desde 2012, este juicio busca justicia para víctimas de secuestros, tormentos y homicidios. “Fue un año muy positivo para nosotros en estos dos juicios que estamos llevando adelante. En relación a Saint Amant, estamos yendo a esas ciudades a recibir los testimonios personalmente pese que no logramos que el tribunal se constituya allí, aunque solamente lo hizo una vez en Pergamino. Este juicio avanza bien aunque a un ritmo un poco lento ya que las audiencias fueron fijadas cada 15 días a pesar de que preferiríamos que la frecuencia sea mayor”, afirmó el fiscal federal Adolfo Villate.
Santa Fe
Laguna Paiva. Uno de los procesos orales que se realizará el próximo año es un juicio sin precedentes ya que juzgará los delitos de abandono de persona, secuestro y tortura cometidos contra niñas y niños durante la dictadura. Se trata de la causa Laguna Paiva II que abordará las violaciones a los derechos humanos de infancias que quedaron desamparadas tras el secuestro de sus padres, militantes del PRT y trabajadores del frigorífico Nelson. Es un proceso histórico que pone en el centro a víctimas de entre 1 y 15 años. Muchas de ellas fueron también llevadas a centros clandestinos de detención. “Lograr que estos delitos sean reconocidos como parte del terrorismo de Estado es un avance significativo en memoria, verdad y justicia”, resaltó Federico Pagliero, abogado de la APDH Rosario.
Slattery y otros. En la ciudad de Santa Fe llegará a juicio oral una causa que tenía fecha para noviembre de este año pero fue postergada para febrero de 2025 caratulada “Slattery y otros” por delitos privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido mediante la utilización de violencias y amenazas, y tormentos agravados por haberse cometido contra perseguidos políticos, en este caso militantes de la Juventud Peronista y del Partido Comunista. Abarca numerosas detenciones en los años 1975 y 1976 bajo el Comando Operacional del Ejército, en el que participaron la Policía Federal y provincial. Los acusados son: Carlos Pavón (Teniente de Ejército), Miguel Slattery (Subinspector de la Policía Federal) y Carmelo Rolón (Subcomisario de la Seccional 2da), entre otros. En esta causa también hay una larga lista de víctimas a las que el paso del tiempo y la muerte no les permitirán declarar como Jorge Pedraza, Duilio Pavón y Saúl Álvarez.
