La empresa de delivery Glovo anunció este lunes un cambio sustancial en la forma de contratación de sus trabajadores en España: van a dejar de tener una relación laboral encubierta bajo la modalidad de autónomos --en Argentina, monotributistas-- para ser considerados trabajadores en relación de dependencia y así "evitar más incertidumbres legales". La modificación llegó un día antes de que Oscar Pierre, fundador de Glovo, declare ante la Justicia española en una causa que lo investiga por incumplir leyes laborales. Podría enfrentar hasta 6 años de cárcel.
En España, desde 2021 está vigente la "Ley Rider" --que considera a los repartidores como trabajadores asalariados a menos que se demuestre lo contrario--, pero desde entonces, Glovo desplegó todo tipo de estrategias para incumplir sus obligaciones. En paralelo, un cambio en el Código Penal, introducido en 2023, habilitó a la Justicia a trasladar acusaciones del ámbito laboral al penal si se reiteran los mismos delitos. Esta reforma golpeó directamente al fundador de la compañía.
Desde la agrupación sindical Riders x Derechos (RxD) prefieren "mantener la calma y no celebrar" hasta que se formalice la contratación de todos los trabajadores. Nuria, integrante de RxD, apuntó en diálogo con Página|12 que este tipo de empresas pudo tener un crecimiento exponencial en sus operaciones a costa de "tener más trabajadores que los necesarios, y un modelo así solo es posible desde el fraude y el falso autónomo".
Otro de los problemas que enfrentan los repartidores por aplicaciones en España es que detrás de una misma cuenta pueden llegar a trabajar varias personas que no tienen la documentación necesaria para hacer su propia registración. Quienes "alquilan" esas cuentas pagan entre un 30% y un 40% de sus ganancias diarias solo para estar habilitados entregar pedidos.
Además, Nuria criticó el modelo de cotización por viaje con el que actualmente lidian los repartidores, en el cual "el trabajador que está dispuesto a trabajar por menos tendrá más trabajo". Este modelo, lejos de darle a los trabajadores la posibilidad de negociar sus propios aumentos, los empuja a una competencia por no caer en la miseria.
Para Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista e investigador argentino, la aceptación por parte de Glovo de contratar a los repartidores como empleados es consecuencia directa de la sanción de la "Ley de Raider". Según relata, a partir de su puesta en vigencia comenzaron las inspecciones estatales y se le impusieron multas a la empresa, que después derivaron en un proceso penal contra el titular de la compañía en España.
"En el mundo todavía no hay otros países con leyes de estas características, aunque en la Argentina hay propuestas en este sentido", aseguró Ottaviano. Otros países que regularon el trabajo en plataformas, aunque de maneras diferentes, fueron Chile y algunos estados de Estados Unidos. En tanto, en los países escandinavos tuvo lugar una evolución de la negociación colectiva que permitió que las empresas registren a los trabajadores como asalariados, completó el abogado laboralista.
Qué pasa en Argentina con las empresas de plataformas
En Argentina, solo la empresa Uber enfrentó un proceso de características similares, cuándo en 2019 la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) --ahora Arca-- le reclamó a la compañía el pago de $358.700. 000 en concepto de tributos y cargas sociales. Sin embargo, la causa todavía no tiene sentencia definitiva.
Otro antecedente similar fueron los procesos de inspección que hizo la provincia de Buenos Aires contra las empresas de plataforma. En estos casos, las causas sí alcanzaron sentencia definitiva, aclaró el abogado. "Sin embargo, esto todavía no tuvo como consecuencia que las empresas aceptaran pasar a los trabajadores como empleados, cosa que sí sucedió ya en España. O sea, solamente pagaron las multas", advirtió Ottaviano.
Desde que Javier Milei asumió la presidencia de Argentina, la precarización en el mundo del trabajo se profundizó. "Esto no solo alcanza a trabajadores de plataformas, sino a todos los trabajadores asalariados informales", consignó Ottaviano y describió los dos principales motivos: el primero, la caída fenomenal de los ingresos los primeros tres meses de Gobierno y por otro, la reforma laboral que, entre otras cosas, eliminó multas por trabajo no registrado y extendió los plazos de los períodos de prueba.
