Terminó este lunes la audiencia pública en la Legislatura porteña por el proyecto de ley que busca darles protección patrimonial definitiva a más de 4 mil inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires con más de 80 años de historia. Los vecinos y vecinas se manifestaron mayoritariamente a favor de la catalogación, aunque advirtieron que el listado de edificios impulsado por el gobierno porteño todavía deja afuera a una cantidad importante de inmuebles. El proyecto ya tiene aprobación de primera lectura y ahora deberá volver al recinto para su votación definitiva.
La audiencia contó con más de 300 inscriptos y se llevó a cabo entre el miércoles de la semana pasada y este lunes. Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano porteña presentaron primero el proyecto para luego dar paso a la palabra de vecinos y vecinas. Álvaro García Resta, titular de la Secretaría, dijo al inicio de la audiencia que con el proyecto buscan "tener certezas sobre nuestro patrimonio arquitectónico" dentro del "marco de la discusión del Código Urbanístico (CUR) porque uno de sus objetivos es preservar la identidad barrial y entendemos al patrimonio como gran parte de esa identidad". Marina Vasta, gerenta operativa de la Dirección de Interpretación Urbanística, agregó que los 4.271 inmuebles a proteger están distribuidos en las quince comunas porteñas y que se agregarán a los más de 5 mil que ya cuentan con catalogación.
El paso de protección preventiva a definitiva de estos edificios estaba previsto para ser tratado en principio dentro de la discusión de las modificaciones del CUR, pero finalmente se separó para darle un tratamiento específico. Se trata de un proyecto que busca cumplir con lo establecido por la Ley N° 3.056 de 2009, que creó el procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial y estableció la protección para los inmuebles construidos antes del 31 de diciembre de 1941. Hasta ahora eso no terminó de cumplirse, lo que derivó incluso en un serie de fallos judiciales que instaron al Ejecutivo y a la Legislatura porteña a concretar la catalogación definitiva. El listado de 4.271 inmuebles el es el resultado de la evaluación realizada por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) sobre los inmuebles construidos antes de 1942.
Una de las primeras vecinas en tomar la palabra fue Ana María Bas, integrante de la organización Basta de Demoler (BdD), que junto a otras agrupaciones impulsó el amparo que derivó en los fallos judiciales. Ahora, Bas sostuvo que "el patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico es un recurso único, excepcional y no renovable, un componente crucial de la memoria e identidad de los ciudadanos y un factor de desarrollo económico". "Siempre será bienvenida la catalogación y la protección definitiva de estos inmuebles que estaban en un limbo preventivo, pero nos cuesta creer que los edificios que cuentan con esta historia sean tan pocos", advirtió la integrante de BdD.
Según indicó, el listado parte de una evaluación realizada inicialmente por la Facultad de Arquitectura de la UBA, "que relevó casi 134 mil inmuebles y aconsejó para catalogar 18 mil, pero el CAAP lo redujo a 4.270, algo así como el 3,1 por ciento de los 134 mil originales, mientras que el resto se pondrán a esperar la piqueta". En este sentido consideró que "es imprescindible hacer una revisión idónea de los inmuebles desestimados por el CAAP".
Myriam Godoy, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) y del Consejo Consultivo de la Comuna N°5, se refirió en el mismo sentido ejemplificando la cuestión con el caso de su comuna: "Los vecinos y vecinas identificamos alrededor de 1800 inmuebles para proteger, que constituyen el 10 por ciento de los inmuebles totales de la comuna, contra 389 que propone el proyecto oficial", advirtió Godoy, quien agregó que "nos parece excelente que el gobierno haya decidido escuchar una parte del reclamo, pero hay un pedido por proteger muchos más inmuebles". La integrante del consejo consultivo remarcó también que "en la comuna no hemos sido consultados por los inmuebles y el consejo no recibió ninguna invitación para discutirlos".
Sobre ese mismo punto advirtieron durante sus alocuciones los y las distintas comuneras de la oposición que expusieron en la audiencia. Ines Fornassero, integrante de la Junta Comunal N°3, señaló que "los comuneros y comuneras no fuimos convocados a trabajar este proyecto, en la única reunión de trabajo que tuvimos por el CUR se nos dijo que esto estaba aparte y después nunca llegó la invitación". La comunera de Unión por la Patria (UxP) también indicó que en la Comuna N°3 "estimamos que faltan más de cien inmuebles para catalagor".
También Lorena Crespo, de la Junta Comunal N°9, y Yamila Iphais Fuxman, de la N° 5, hicieron su reclamo sobre la falta de instancias de participación de las comunas. "Como comuneros necesitamos participación real en la protección de nuestros barrios", dijo Crespo, mientras que Iphais Fuxman sostuvo que el proyecto "no cuenta con un diagnóstico que tome la palabra de los vecinos y vecinas a través de consejos consultivos y juntas comunales".
Durante la audiencia también se reclamó la revisión de la conformación del CAAP. Bas advirtió que hoy en día el consejo "no tiene representación de la comunidad", mientras que Fornassero añadió que "hay una distancia cada vez más grande entre lo que los vecinos y vecinas consideran patrimonio y lo que el CAAP define". La comunera pidió que se revean sus integrantes: "Podrían incluirse consejos consultivos, comuneros u otros representantes de vecinos", señaló.
Tras pasar por audiencia pública, y ya con aprobación inicial, el proyecto deberá volver a la Comisión de Planeamiento Urbano para obtener dictamen de cara a su segunda lectura, movimiento complejo si se tiene en cuenta el cargado escenario de temas que tiene la Legislatura ya entrando en las últimas sesiones del año. Los y las legisladoras todavía tienen que tratar, entre otros, proyectos de larga discusión como el presupuesto 2025, las iniciativas de "ficha limpia" y boleta única papel o la segunda lectura del CUR.
