Javier Milei se encuentra nuevamente en el centro de la polémica, luego de que la Oficina Anticorrupción (OA) decidiera no exigirle la divulgación de los nombres de las empresas o personas que lo contrataron como economista y conferencista en los últimos tres años. Esta resolución, adoptada bajo la dirección de Alejandro Melik, pone en evidencia la contradicción entre las promesas de transparencia del presidente y sus acciones, especialmente cuando durante su campaña aseguró que pondría fin a la corrupción.
Aunque la OA no obliga al presidente a revelar estos vínculos, sí se le pide que evite acciones que puedan beneficiar a dichas entidades. Sin embargo, al no requerir la divulgación, la responsabilidad recae completamente sobre él, lo que deja abierta la puerta a preguntas difíciles de responder.
Las dudas y el pedido de la Coalición Cívica
La decisión de la OA llegó luego de un pedido de la Coalición Cívica, que insistió en la necesidad de saber quiénes fueron los clientes de Milei en esos años, especialmente por los montos elevados que él mismo afirmó haber recibido por sus conferencias.
La respuesta de la Oficina fue clara: la normativa vigente no exige que el presidente revele esa información. La respuesta generó más dudas, no sólo por la omisión de la lista de clientes, sino por la creciente duda sobre las posibles relaciones entre Milei y empresas que podrían beneficiarse de sus decisiones políticas.
Una práctica que varió con el tiempo
Este episodio además puso en evidencia una diferencia notable con el manejo de situaciones similares en gobiernos anteriores. En 2020, cuando Alberto Fernández era presidente, la OA exigió que él detallara sus vínculos laborales de los tres años previos, especialmente aquellos relacionados con el Estado. Aunque Fernández rechazó la solicitud, el hecho de que la OA haya hecho esta demanda sentó un precedente importante en términos de lo que se esperaba de los funcionarios en cuanto a la transparencia de sus relaciones laborales.
En contraste, la falta de una acción similar frente a Milei genera un vacío que puede poner en duda la integridad de su mandato. A pesar de sus declaraciones sobre haber recibido ingresos de entre 10.000 y 25.000 dólares por cada conferencia, esos montos no se reflejan en su declaración patrimonial de 2023, donde solo reporta una cuenta con 65.000 dólares. Estas diferencias abrieron un manto de dudas entre aquellos que se preguntan si esos ingresos fueron omitidos deliberadamente.
Los bienes que declaró Javier Milei al ingresar a la presidencia en 2023
Al asumir la presidencia de Argentina, Javier Milei presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, donde revelaba un patrimonio de $21,1 millones (en sólo un año creció un 500% alcanzando los 125 millones de pesos). Su fortuna estaba compuesta por una casa en la Ciudad de Buenos Aires de 100 metros cuadrados, valuada en $6,6 millones, dos vehículos (una camioneta Mercedes Benz Sprinter 2015 por $2,4 millones y un Peugeot Rcz Coupé 2013 por $3,6 millones), además de ahorros por $2,1 millones y US$ 20 mil.
Los números que no cierran
Es aquí donde el caso se vuelve aún más complejo. Según fuentes cercanas al presidente, Milei participó en al menos 20 eventos anuales entre 2021 y 2023. Si sus ingresos como conferencista fueron de entre 10.000 y 25.000 dólares por evento, las cuentas no terminan de cerrar.
La falta de documentación oficial sobre estos ingresos y la ausencia de información en su declaración patrimonial solo incrementan las especulaciones sobre las posibles relaciones previas del ultraderechista con empresas o individuos que puedan haber influenciado sus decisiones políticas.
¿Quién supervisa la transparencia?
La resolución de la OA abrió un sinfín de interrogantes sobre la efectividad de los controles éticos en el Gobierno de Milei. ¿Por qué no se exigió la divulgación de estos vínculos profesionales? ¿Qué intereses están siendo protegidos al mantener en secreto esta información? Aunque el presidente hizo de la transparencia un pilar de su discurso, las medidas tomadas hasta ahora dejan mucho que desear.
Ante este panorama, su narrativa de cambio y lucha contra la corrupción --que le permitió llegar al poder-- comienza a tambalear por la falta de claridad sobre sus propios vínculos previos.
Si los funcionarios más cercanos al presidente, como él mismo, no están dispuestos a ser completamente transparentes, la pregunta es quién podrá garantizar que las políticas del Gobierno no se vean influenciadas por intereses privados.
