Este martes será presentado en el Congreso Nacional el proyecto de Ley Marco sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que propone cambiar el sistema de pensiones por una asignación universal. La norma fue elaborada por las organizaciones del sector en momentos en que son blanco de una campaña sucia del gobierno de Milei. Con sus ataques -las acostumbradas “auditorías” que denuncian irregularidades para achicar políticas públicas- la gestión libertaria viene recortando prestaciones.
Argentina tiene pendiente actualizar su legislación: la ley vigente es de hace 50 años. En 2008, el Estado adhirió a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de la personas con discapacidad, tomando el compromiso de sancionar una nueva ley, que todavía no cumplió.
Pero no se trata sólo de que la actual haya quedado obsoleta. “La ley de discapacidad que hoy se aplica es de la dictadura, lleva las firmas de Videla, Massera y Agosti”, recordó en diálogo con Página/12 Ana Dones, de REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad). “Está basada en un modelo médico de la discapacidad, que centra sus respuestas en el asistencialismo y la rehabilitación. Hoy existe otro modelo, que enfoca a la discapacidad como una construcción social que se modifica con la caída de las barreras. Si yo estoy en silla de ruedas y quiero entrar a un edificio con escalones, no voy a poder; pero si hay una rampa voy entrar como cualquier otra persona. Trabajar sobre las barreras, entonces, es la cuestión clave”.
"Una deuda de la democracia"
El proyecto va a ser presentado este 3 de diciembre, día internacional de las personas con discapacidad, a las 11 en el edificio del Anexo A del Congreso. Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja, acompañó a las organizaciones para que pudieran darle impulso, y lo ingresará con su firma. Consultado por Página12, el diputado dijo que “una ley marco integral sobre los derechos de las personas con discapacidad es una de las deudas más críticas de nuestra democracia”. Agregó que “el proyecto propone una transformación profunda del sistema de prestaciones, porque por un lado crea la Asignación Universal por Discapacidad, para salir del paradigma de la pensión por invalidez, y por el otro genera un mecanismo que integra las prestaciones de salud, educación y trabajo. Es decir, no se trata sólo de garantizar medicamentos y prestaciones básicas de salud, sino también de brindar oportunidades educativas y de inserción en el mundo del trabajo para las personas con discapacidad”.
Otros cinco diputados nacionales acompañan la iniciativa con su firma: Margarita Stolbizer, Carlos Castagneto, Estela Neder, Luis Basterra y Nancy Sand.
Las organizaciones que impulsan el proyecto esperan que, una vez ingresado, el Congreso convoque al conjunto de la sociedad civil para debatir la propuesta, tal como lo pide la Convención de la ONU. Este proceso, que apunta a generar consensos, es necesario además para que los derechos de las personas con discapacidad sean más ampliamente conocidos.
Además de crear una asignación universal por discapacidad, la iniciativa dota a la ley de un carácter de orden público y obligatoriedad federal, incorpora la capacitación obligatoria en perspectiva de discapacidad, el fomento del empleo en el sector publico, privado y cooperativo, la promoción de la educación inclusiva y la creación de la figura de un asistente personal.
Según el censo de 2010, una de cada cinco familias tiene un integrante con discapacidad. “Creemos firmemente que esta ley marco será una herramienta fundamental para promover la inclusión de más de 5 millones de personas con discapacidad y mejorar su calidad de vida, pero también creemos que será un paso importante para derribar el paradigma excluyente y capacitista de la normalidad y, construir una sociedad cimentada sobre la diversidad", indicaron las organizaciones REDI, FAYCA, APDH, Mesa de DDHH y Discapacidad de Córdoba y la Asociación Civil ANDAR al invitar a la presentación.
