El financista Luis Herrera y sus dos hijos, Ignacio y Diego, quedaron detenidos al presentarse voluntariamente en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) en una causa por presuntas estafas y administración fraudulenta de fondos de sus clientes. El ex presidente del Rofex adoptó esa decisión al enterarse que el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Miguel Moreno, iba a solicitar su arresto para llevarlo a una nueva audiencia imputativa, que en principio está prevista para mañana. A fines de 2022, los tres fueron acusados formalmente, junto a la esposa del empresario, por 85 casos de estafa que asciende a unos U$S 7 millones, aunque se cree que el desfalco podría llegar a cuatro veces esa cantidad. Entonces pagaron una fianza de 3 millones y pudieron transitar el proceso en libertad.

Luego de aquella imputación, el fiscal Moreno continuó la investigación y, dos años después, reunió “unos 150 hechos nuevos”, dijeron a Rosario/12 voceros de la investigación. Por esos nuevos casos lo imputará mañana, cuando se conozcan los detalles.

Los pesquisas habrían detectado movimiento de cuentas en el exterior del financista cuya agencia de Bolsa presentó la quiebra, en un trámite que también tuvo complicaciones. A mediados de año el juez en lo Civil y Comercial de Rosario, Nicolás Villanueva, apartó a la sindicatura y suspendió el proceso de quiebra atento a que la sindicatura y el financista estaba patrocinados por los mismos abogados, lo que despertó la sospecha –y luego la denuncia- de un grupo de acreedores.

Ahora volvió a profundizarse el frente penal con el avance de la investigación por presuntas estafas y defraudaciones. De acuerdo al legajo, lo que derivó en la causa contra Herrera y su familia no fueron los negocios lícitos como agente habilitado para operar en los mercados financieros regulares, sino una suerte de “mesa de dinero” que funcionaba en forma paralela a la formal.

Allí se volcaban, creen los investigadores, dinero de origen lícito con otro no declarado por los clientes. El financista ofrecía inversiones en dólares –supuestamente en la bolsa de Estados Unidos- con tasas atractivas. Sin embargo, los pesquisas no habían encontrado registros de esas operaciones, por lo que no descartaban que se tratara de una suerte de esquema Ponzi.

Herrera estaba al frente de la reconocida agencia de bolsa rosarina Fernández Soljan, que perteneció a su suegro. El ahora detenido fue presidente del Rofex en 2012 e integró la comisión directiva de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Hasta septiembre de 2021, cuando la Comisión Nacional de Valores (CNV) suspendió las actividades de la agencia bursátil, Herrera ocupaba el cargo de tesorero del Matba-Rofex, el mercado de futuros.

Aprovechar el prestigio

Según la acusación del fiscal Moreno en noviembre de 2022, el financista se valió “del nombre, prestigio, confianza, imagen y operatividad en el tiempo” de la agencia de bolsa que dirigía, para “desplegaron una serie de maniobras que generalmente pueden caracterizarse como captación y recepción irregular de fondos de propiedad de un público indeterminado, valiéndose de la posición jurídica de vulnerabilidad propia de los consumidores”.

En la acusación, Moreno indicó que Herrera persuadía a sus clientes de que “sus ahorros eran recibidos en carácter de comitentes del ALYC (Agente de Liquidación y Compensación) para ser aplicado a inversiones en el mercado de capitales regulado por la ley 26.831, a cambio de la cual se les prometía un rendimiento de renta fija”.

“Pero lo que realizaban, era recibir el dinero en efectivo de forma irregular no ajustándose a las formalidades impuestas por la normativa tributaria”, dijo el fiscal, para quien “este dinero, en lugar de ser aplicado en la toma de posiciones a través de los mercados y/o agentes habilitados bajo la ley de mercado de capitales, eran aplicadas a operaciones financieras irregulares no especificadas (préstamos, cambio de cheque, cambio ilegal de divisas) y/o a la apropiación de los fondos en beneficios propio de los directivos”. Lo que en la jerga se conoce como una mesa de dinero.

De acuerdo a la investigación de la Unidad de Delitos Económicos, a partir del 2022 el financista entró en crisis “a consecuencia de una pérdida de confianza”, por lo que los inversores comenzaron a reclamarle el dinero que le habían confiado, pero Herrara y sus hijos “comenzaron a manifestar excusas dilatorias”.

Según el fiscal, Herrera continuó captando nuevos ahorristas mientras no reintegraba el dinero que anteriores inversores le reclamaban, en un modelo similar -al menos en apariencia- a los esquemas piramidales de estafas.

El financista presentó un concurso preventivo de acreedores a principios de 2022, pero la Justicia se lo rechazó en primera y segunda instancia, lo que ocasionó la cesación de pago de la agencia de bolsa. Para la Fiscalía, al verse en problemas para devolver el dinero a los inversores, Herrera comenzó a desviarlo “dando origen a un sistema de estafa piramidal”, que se sostiene mientras existen nuevos ahorristas que realizaban aporte al mismo.

La Fiscalía estimó que Herrera les provocó a las 85 víctimas de las presuntas estafas un perjuicio patrimonial de unos U$S 5.660,100 y €34.400. También lo acusó, junto a sus hijos y su esposa, Marcela Fernández, de haber sustraído “la totalidad de los fondos líquidos correspondientes a las cuentas comitentes de una de las víctimas” por U$S 18.200 dólares, y de otra por $10.969,70.

En la audiencia prevista para mañana, el fiscal Moreno ampliará la acusación con unos 150 nuevos casos, de personas que denunciaron posibles estafas con sus recursos invertidos en dólares. Se estima que el monto total podría cuadruplicar el de la primera acusación.